Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
EL COMPROMISO
Tras ser investido con la banda presidencial para un mandato de cinco años (2024-2029), Mulino precisó de lo primordial que es el asunto de la seguridad social.
“A mi gobierno le tocará la difícil y valiente tarea de resolver la crisis de la Caja del Seguro Social. Su situación es crítica e impostergable.
De acuerdo con los expertos, de no hacerlo, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte colapsará en menos de un año, porque dejará sin jubilación a miles de panameños que se sacrificaron toda una vida, aunque pagaron con responsabilidad sus cuotas, remarcó en ese discurso.
Entonces resaltó que había llegado el momento de hacer una reforma de fondo para salvaguardar la Seguridad Social, la cual, dijo , “no es solo para resolver el problema de las pensiones, es también para resolver los problemas de abastecimiento de medicamentos y la prestación de servicios médico-quirúrgicos”.
Al mismo tiempo, subrayó que, en ese proceso , “los asegurados merecen saber la verdad, además indicó que se tomarían medidas para que los cambios implicaran un sacrificio para los contribuyentes y asegurados. “El primer esfuerzo lo debe hacer la política”, recalcó.
Es inadmisible que alcaldías, partidos políticos y grandes empresas le deban millones de dólares a la Caja del Seguro Social. Vamos a cobrarles a como dé lugar. Vamos a optimizar con informática y eliminar los cargos innecesarios y las botellas.
“Reitero, la Caja del Seguro Social no será privatizada”, concluyó.
INTENSA CAMPAÑA, PERO …
De manera inmediata se intensificó en el país una campaña del Ejecutivo que incluyó reuniones con los jefes de partidos políticos, bancadas, representantes de trabajadores y el pueblo organizado, estas últimas pláticas las más difíciles por su conocida oposición a mecanismos privatizadores, medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación y las cuotas obrero patronales, además del retorno al sistema solidario en el pago de pensiones, contrario a las cuentas individuales.
En paralelo se aprobó in extremis en el parlamento la designación de un empresario de aseguradoras, Dino Mon, como director de la CSS, pese al rechazo de los colectivos, lo que para muchos analistas fue el primer mal paso en ese proceso.
Luego en Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) se convocaron y realizaron durante dos meses(septiembre-octubre) las llamadas mesas técnicas con la participación de sindicatos, gremios y empresarios privados.
En mensaje a la nación el pasado 6 de noviembre, Mulino reiteró que no se privatizaría la CSS y explicó el proyecto que se presentó a la Asamblea Nacional (parlamento) para reformar la Ley No. 51, que rige la CSS, que calificó de robusto y necesario para enfrentar la actual crisis financiera y estructural que atraviesa la entidad.
Según el mandatario, el contenido del documento que se sometió a consideración de los 71 diputados, contempla propuestas de toda la sociedad, en particular las de los trabajadores y los empresarios.
Al explicar la iniciativa, el jefe de Estado indicó que aumenta tres años la edad de jubilación, siendo 65 para los hombres y 60 para las mujeres, pero que será variable según el contribuyente, y crece también un tres por ciento el aporte de las empresas, no el de los contribuyentes, entre otros cambios.
Además, crea una pensión básica universal no contributiva para todos los panameños que no logren cotizar a la CSS para asegurar pensiones mínimas superiores al pasar de los actuales 120 dólares después de los 65 años a 144 dólares, según el documento.
Para los movimientos populares aquel mensaje posterior a los encuentros fue una gran mentira, porque el resultado de las mesas técnicas no fue el borrador que debieron entregar, por lo tanto ese documento se elaboró sin el consenso de la mayoría (10 de 11 organizaciones presentes en las conversaciones).
Finalmente, el Gobierno, en la figura del ministro de Salud Fernando Boyd, presentó la iniciativa en la comisión parlamentaria de Salud y Trabajo, para un primer debate, pero los diputados decidieron en sesiones extraordinarias, convocar a consultas ciudadanas y luego recorrer las provincias, lo que empantanó más la maniobra de imponer el texto antes del 31 de diciembre.
PROTESTAS POPULARES
Voceros de los colectivos como el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, y el líder de la mayor organización de constructores, Saúl Méndez, denunciaron de manera temprana la falta de consenso y la ilegalidad de traer al parlamento un proyecto sin respaldo de la mayor cantidad de organizaciones convocadas para su construcción.
En los encuentros con los diputados, varios de esos portavoces han demandado que se retire el proyecto de ley sobre la CSS, que solo va en detrimento de la clase trabajadora y de la mayoría de trabajadores informales del mercado laboral y sus familias, porque respalda intereses de los grandes empresarios que se han robado la plata de la CSS, y citan la actual evasión fiscal que supera los siete mil millones de dólares.
Sobre el tema, Méndez recordó incluso que ante similares maniobras, a finales de 2023, cuando la AN aprobó un leonino contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, el pueblo salió a las calles y obligó a la Corte Suprema de Justicia declararlo inconstitucional y cerrar las operaciones de la mina de cobre en Donoso (Colón).
“Una maniobra para imponer este mamotreto (proyecto 163 sobre la CSS), dijo, podría llevar a otras manifestaciones de un pueblo cansado de la forma en que opera el Ejecutivo, como también sucedió en 2022 contra el alto costo de la vida o a finales de 2023 en rechazo a la minería metálica a cielo abierto.
En los finales de este año 2024, las agrupaciones sindicales, gremiales, de pacientes y de las comunidades organizaron diversas marchas y manifestaciones de protesta en las inmediaciones de la Presidencia de la República y el Parlamento para repudiar el proyecto de ley sobre la seguridad social.
Médicos como Leopoldo Santamaría sostienen que el proyecto de Ley tiene visos de antagonizar con el texto constitucional y convencional, atenta contra la dignidad humana, la vida, la salud y la seguridad social.
A juicio del galeno, de la asociación Ciudadanos Unidos por la Constituyente, llama la atención que instituciones cuyo deber es salvaguardar la integridad de la administración pública, como la Procuraduría de la Administración, la Defensoría del pueblo y la Contraloría, ni siquiera hayan presentado una objeción, de inexequibilidad, ya que su aprobación sería una traición más a la Patria.
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