Por Adriana Robreño

Corresponsal jefa en Ecuador

El tribunal suspendió el pasado 4 de agosto de manera cautelar 17 artículos de las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional tras admitir varias demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales, sindicales, activistas y ciudadanos.

La Corte argumentó que la aplicación de varios artículos podría generar “efectos concretos, inminentes y graves”, afectando derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos.

Para Noboa, la decisión limita la capacidad de su Gobierno para enfrentar la corrupción y fortalecer políticas de seguridad.

El gobernante acusó a los magistrados de bloquear iniciativas del Ejecutivo y aseguró que su administración sigue el mandato del pueblo, que según él, busca resultados y paz.

“Admitir a trámite y suspender provisionalmente no es un acto neutro, es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa y mientras ellos (policías y militares) se liberan en sus despachos ¿quién va a darles respuesta a los que están jugándose la vida en las calles?”, dijo la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.

La tensión se profundiza por la propuesta de un referendo con el cual el Gobierno busca habilitar el juicio político de los jueces constitucionales en la Asamblea Nacional (Parlamento), que actualmente cuenta con mayoría oficialista.

¿QUÉ LEYES FRENÓ LA CORTE?

La Corte justificó la suspensión temporal de las leyes como una medida preventiva para evitar daños graves antes de un fallo definitivo sobre su constitucionalidad.

En la Ley de Integridad Pública se suspendieron las regulaciones para que las cooperativas de ahorro y crédito se transformen en sociedades anónimas, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos.

En tanto, en la Ley de Solidaridad Nacional, los magistrados dejaron sin aplicación momentánea artículos como el que reconoce la existencia de un conflicto armado interno, el que habilita indultos presidenciales diferidos, el que explica qué se considera un “grupo armado organizado” y el que presume ciertos bienes como objetivos militares.

En relación con la Ley de Inteligencia, el organismo judicial pausó aquellos artículos que permitían vigilancia sin control judicial y acceso a bases de datos sin autorización, así como el requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones.

VALLAS DE LA DISCORDIA

La movilización convocada por Noboa el 12 de agosto reunió a miles de personas en la capital, muchas de ellas provenientes de otras provincias del país.

Según la Unión Nacional de Educadores la protesta oficialista contó con la participación de servidores públicos obligados a movilizarse mediante engaños, mentiras, chantajes y coerción.

El mandatario caminó acompañado de miembros de su gabinete y legisladores oficialistas desde la avenida 10 de Agosto hasta la sede del organismo judicial, en el norte de Quito, donde dio un discurso de apenas dos minutos e inmediatamente se retiró.

“Nosotros estamos aquí para buscar justicia y para buscar paz, no estamos para atropellar a nadie”, dijo el gobernante durante su intervención megáfono en mano.

Según señaló, no va a permitir “que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan sus caras, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad”.

Muchos de los participantes confirmaron que asistieron a la protesta en apoyo al presidente, sin embargo, desconocían los motivos exactos de la movilización ni por qué existen tensiones entre el Gobierno y la Corte.

Uno de los temas más polémicos de la jornada fue la presencia de vallas con las imágenes de los jueces constitucionales acompañadas de la frase “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos repudió “el hostigamiento del gobierno del presidente Noboa contra la Corte Constitucional, amenazando su independencia y la labor que cumple en una sociedad democrática y en un Estado de derecho”.

El tribunal emitió un pronunciamiento que rechaza la exhibición de los rostros de sus jueces, algo que incrementa el “riesgo a su seguridad e integridad personal” y afecta directamente a la independencia de ese organismo.

La portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, aseguró que el Gobierno no financió la iniciativa de las vallas.

El diario Expreso, sin embargo, reveló que el colectivo Ecuador Merece Paz colocó los carteles y en los metadatos de un boletín de prensa de ese grupo aparece como autora Cristina Maggi, nombre que coincide con el de la directora comunicacional de Coyuntura de la Presidencia de la República.

En respuesta, la Secretaría de Comunicación rechazó “categóricamente” lo que consideró “una investigación sin sustento, basada en conjeturas y en un supuesto usuario que cualquiera podría crear para desacreditar a una funcionaria”.

Hasta el momento se desconoce quién financió esas estructuras con mensajes contra los jueces, así como los fondos para los más de 700 autobuses que arribaron a la capital con participantes en la protesta.

REACCIONES Y PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos consideró que el Gobierno ejerce hostigamiento contra la Corte Constitucional, comprometiendo el Estado de derecho y la labor de los jueces.

El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paul Ocaña, defendió la actuación del organismo judicial.

“Ni el Gobierno ni la Corte pueden sostener una pugna que termine afectando la institucionalidad del país. Los gremios jurídicos deben convertirse en puentes, no trincheras”, declaró Ocaña en rueda de prensa.

Igualmente, el Foro por la Democracia —integrado por académicos, juristas y defensores de derechos— manifestó su “respaldo absoluto al rol de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional en el Ecuador”.

Mediante un comunicado, el Foro advirtió que, aunque el debate sobre el juicio político a jueces es legítimo en democracia, “no podemos ignorar que el contexto, tiempo y forma en la que el gobierno ha lanzado esta propuesta parece más bien un intento de ejercer presión sobre la Corte”.

La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que intentos de desacreditar a los jueces podrían socavar la autonomía del tribunal y afectar la capacidad de los magistrados de actuar con independencia.

“Estoy profundamente preocupada por las declaraciones e iniciativas del Gobierno que parecen tener la intención de desacreditar, desde la más alta esfera del Poder Ejecutivo, la labor de la Corte Constitucional”, expresó Satterthwaite en su cuenta de la red social X.

Trabajadores, estudiantes, representantes de organizaciones sociales, ambientales y sindicales salieron a las calles contra la presión del Gobierno a la Corte.

El 7 de agosto, con banderas, pancartas, cornetas, y el coro de “Fuera, Noboa, fuera”, cientos de ecuatorianos respaldaron la decisión de la Corte de suspender temporalmente 17 artículos de las leyes de Inteligencia, la de Solidaridad Nacional y la de Integridad Pública.

“Esta marcha es una señal de que la Corte no debe someterse al poder de turno ni dejarse amedrentar por amenazas de contramarchas o consultas populares”, manifestó el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quishpe.

Luego, el 14 de agosto, la ciudadanía volvió a las calles.

“Queremos decirles a los nueve jueces de la Corte, que tienen nuestro respaldo, y estamos vigilantes para que también puedan fallar en derecho”, indicó un ciudadano con un megáfono, en los exteriores de la institución.

JUICIO POLÍTICO A JUECES CONSTITUCIONALES

En medio de las tensiones, el mandatario propuso un nuevo proceso de referendo y consulta popular con siete preguntas, entre ellas, una que busca permitir juicios políticos a los magistrados constitucionales.

El abogado constitucionalista André Benavides no concibe que los jueces constitucionales sean sujetos de control político, sobre todo, porque no se imagina que se haga un control desde la Asamblea a las sentencias de la Corte Constitucional.

Mientras, el jurista Washington Andrade opinó que el accionar del Ejecutivo y Legislativo representa “una amenaza a la independencia de la Corte Constitucional”.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, negó que incluir esa interrogante sea una retaliación contra la Corte Constitucional.

“De ninguna manera”, respondió la funcionaria durante una entrevista para el canal Ecuavisa, donde reiteró sus críticas al organismo y lo declaró “un enemigo de la ciudadanía”.

La iniciativa de la consulta popular, cuya pertinencia y necesidad es cuestionada, deberá ser revisada por la propia Corte Constitucional antes de su convocatoria oficial.

Entretanto, organizaciones sociales han convocado plantones que coinciden con próximas audiencias de la Corte para escuchar argumentos de las diferentes partes sobre la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, programadas para el 25 y 27 de agosto.

Ante ese escenario, analistas advierten que el choque entre la capacidad del Ejecutivo de influir en la agenda política y la obligación de la Corte de garantizar independencia judicial plantea un escenario de riesgo para la estabilidad institucional.

arb/avr