Luis Onofa*, colaborador de Prensa Latina

La iglesia católica, algunas universidades, círculos políticos, inclusive empresariales, presionan por la apertura de un diálogo para lograr un acuerdo que ponga fin a movilizaciones de las comunidades de pueblos autóctonos lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. En cambio, las propias organizaciones indígenas se han mostrado abiertas a esa opción; inclusive la exigen.

Sin embargo, el gobierno guarda silencio. El diálogo y la participación social no han sido su práctica en los dos años que lleva en el poder. No está entrenado para el ejercicio de ese recurso. Tampoco, en el gabinete de Noboa no hay interlocutores. Todas sus decisiones y acciones han estado marcadas por la imposición, sustentada, en unos casos, en el apoyo que la Policía y las Fuerzas Armadas le deben por mandato constitucional y, en otros, por la mayoría con la que cuenta en la Asamblea Nacional.

Sentarse a una mesa de diálogo supondría para Noboa admitir que queda en cuestión su decisión de suspender el alza en el precio de diesel, cuya suspensión demandan los pueblos indígenas y por el cual se fueron a un paro indefinido. Y Noboa ha dicho que la medida es irreversible. Además, es uno de los tantos ajustes que exige el FMI a Ecuador, aunque el actual mandatario de este país lo justifica como una medida para frenar el contrabando de ese combustible a Perú y Colombia, donde su precio es mayor.

Además, el diálogo abriría las puertas a otras demandas que, de manera paulatina las ha ido añadiendo el movimiento indígena: sacar de la crisis en las que se debaten los servicios públicos de salud y educación, frenar el proceso de privatización del sistema de seguridad social, suspender proyectos mineros que ejecutan algunas transnacionales con alta contaminación del agua.

Ese escenario se complica aún más para el gobierno a medida que pasan los días. El cardenal de la iglesia católica, Luis Cabrera, ha sostenido que detrás de las protestas indígenas está la paupérrima situación en la que se debaten amplios estratos pobres de las urbes y del campo. El prelado dio cifras dramáticas sobre la pobreza en las capas populares de Guayaquil: de las 161 parroquias en las que opera su diócesis, 122 están sumidas en la pobreza y sus habitantes viven con una sola comida al día y pocos niños van a la escuela.

La pobreza, el desempleo, el deterioro de los servicios públicos, la alta tasa de desnutrición infantil, la desigual distribución de la riqueza y su concentración en pocas manos son problemas que se han agudizado en los recientes ocho años de gobiernos neoliberales, de los cuales forma parte Noboa.

El movimiento indígena, además, ha pasado de las demandas económicas y sociales, a las políticas. La CONAIE pide suspender el proceso de desmontaje de la constitución progresista de 2008, en el cual está empeñado Noboa, y para el cual ha convocado al pueblo a pronunciarse en una consulta popular que se realizará el 16 de noviembre próximo. Ese es un tema que está polarizando al país.

En su afán de consolidar el modelo neoliberal, Noboa comenzó disputando las calles a las organizaciones populares urbanas y al movimiento indígena. Como parte de esa estrategia organizó masivas marchas de respaldo en Quito y Guayaquil, en contra de la Corte Constitucional, donde se dilucidaba la constitucionalidad de algunas leyes puestas en vigencia por el gobernante, las cuales legalizaban el autoritarismo.

No obstante, se han fortalecido las movilizaciones de sectores populares e indígenas que, aunque no tienen la dimensión de las 2019 y 2022, se mantienen latentes desde hace dos semanas, cuando comenzó el paro nacional de las comunidades autóctonas.

Sus dirigentes han dicho que han pasado a la resistencia, en la medida en que Noboa no atiende sus demandas. A su turno se han expresado así el actual presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, y los ex titulares de esa organización, Humberto Cholango y Leonidas Iza. Esa táctica no es nueva en los pueblos autóctonos de Ecuador. Las protestas de 2019 duraron 11 días. Las de 2022, se extendieron por 16 días. Cada una de ellas dejó un saldo de muertos, heridos y detenidos. El paro actual deja hasta ahora un muerto y más de un centenar de detenidos. Resistir es parte de la cultura indígena: han sobrevivido por más de 500 años, primero al colonialismo español y luego a la exclusión y la servidumbre de los mestizos.

Pero hay un cambio de matiz en su táctica: sus protestas brotan por aquí y por allá, en la zona andina y en la amazonía del país. No han optado todavía por marchar hacia Quito como en las dos movilizaciones anteriores. Ese cambio táctico desubicó al presidente Noboa. El mandatario trasladó su gobierno a Latacunga, 90 kilómetros al sur de la capital, con el antecedente de las movilizaciones anteriores, que cercaron la sede del gobierno. El gobernante denominó “presencia en territorio” a ese escape fuera, hasta que finalmente se vio obligado a retornar a Quito.

De todas maneras, con ese membrete, el mandatario ecuatoriano recorre el país, repartiendo dádivas para dividir al movimiento indígena. Lo resguardan caravanas de soldados y policías, que no han sido suficientes para evitarle incidentes como el que enfrentó en la provincia de Cañar donde los manifestantes lanzaron piedras a la caravana presidencial. Además, judicializa las protestas, a cuyos actores los etiqueta con el nombre de “terroristas”, e impone estado de excepción en el lugar del territorio donde brote el descontento.

Noboa ha sufrido traspiés en el campo judicial, donde la Corte Constitucional ha vetado decretos que institucionalizaban el uso de la policía y las fuerzas armadas como instrumentos de respaldo al autoritarismo del mandatario, que justifica su estrategia en la necesidad de combatir la creciente inseguridad que genera el narcotráfico.

Medios afines al gobierno de Noboa advierten que una demora en instaurar el diálogo entre el gobierno y los indígenas enfrenta el riesgo de que se precipiten hechos graves. Otro trascendental desenlace se producirá el 16 de noviembre próximo, cuando los ecuatorianos acudan a las urnas para decidir si aprueban la propuesta de Noboa de una nueva constitución que busca enterrar la progresista de 2008, torpedeada por la derecha desde el mismo día en que se puso en vigencia.

rmh/lo

* Periodista. Magister en Comunicación Social. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Licenciado en Ciencias de la Información. Universidad Central del Ecuador. Docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Internacional SEK, Quito. Docente de la cátedra Periodismo Informativo, Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas, Quito. Docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Ecuador. Presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha.