Por Adriana Robreño

Corresponsal jefa en Ecuador

Diversos colectivos presentaron, de forma separada, dos solicitudes para activar el mecanismo con el cual buscan adelantar la salida de Noboa del poder, un recurso que, aunque previsto en la Constitución desde hace casi dos décadas, nunca ha prosperado contra un jefe de Estado ecuatoriano.

Los grupos sociales argumentan que el mandatario, y su vicepresidenta, María José Pinto, han incumplido el plan de Gobierno presentado durante la campaña electoral previa a los comicios de 2025.

Entre los principales argumentos mencionan el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la eliminación de subsidios a los combustibles, las reformas económicas, las políticas de flexibilización laboral y el impulso a proyectos extractivos cuestionados por comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas.

El Gobierno, por su parte, sostiene que las acciones emprendidas responden a la necesidad de estabilizar las finanzas públicas, fortalecer la seguridad frente al crimen organizado y recuperar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

El oficialismo también argumenta que la revocatoria tiene detrás motivaciones políticas más que jurídicas y que busca la desestabilización.

La Constitución de Ecuador, vigente desde 2008, reconoce el derecho de los ciudadanos a revocar el mandato de todas las autoridades de elección popular una vez transcurrido el primer año de gestión y antes del último año del período para el cual fueron electas.

En ese contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pasó a ocupar un lugar central, pues es la entidad encargada de tramitar las solicitudes de revocatoria y de entregar los formularios para la recolección de firmas, en caso de cumplirse los requisitos.

Solo después de contar con las rúbricas exigidas y su correspondiente verificación, podría convocarse a una consulta popular en la que la ciudadanía decida en las urnas si la autoridad permanece o no en el cargo.

DOS SOLICITUDES, UN MISMO OBJETIVO

Aunque persiguen el mismo fin, las dos solicitudes de revocatoria del mandato fueron presentadas mediante procedimientos independientes.

La primera petición fue entregada al CNE el 9 de junio por dirigentes de organizaciones agrupadas en la plataforma denominada Revoca EC.

Los promotores de esa iniciativa son el abogado Washington Andrade, el activista social Jorge Cárceres, y el dirigente indígena y excandidato presidencial Leonidas Iza, quienes hicieron el pedido a título personal.

Ellos insisten en que el Gobierno incumplió las principales ofertas presentadas durante la campaña al adoptar medidas contrarias a los intereses de la mayoría de la población.

Los dirigentes defienden que el mecanismo constitucional de revocatoria constituye una vía democrática para que la ciudadanía evalúe la gestión presidencial sin esperar al término del mandato.

Durante la entrega de la solicitud insistieron en que la medida no pretende romper el orden constitucional, sino utilizar una herramienta legalmente prevista.

Poco después, el 23 de junio, ingresó al CNE una segunda solicitud de revocatoria, promovida por organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Frente Popular.

Ese día, con consignas de “Fuera Noboa, fuera”, un grupo de ciudadanos respaldó la entrega de los documentos necesarios para pedir la recolección de firmas.

El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, afirmó que entregaron un expediente de más de 70 páginas con argumentos jurídicos, económicos, sociales y políticos para sustentar el pedido.

“Basta revisar lo que dijo Noboa en su plan de gobierno, que iba a generar más de 200 mil plazas de trabajo cada año y solo hasta marzo de este año se han perdido más de 400 mil puestos, señaló que íbamos a ser el país más seguro y somos uno de los países más inseguros de la región”, expresó el dirigente.

Por su parte, el presidente de la Fenocin, Guido Perugachi, sostuvo que la iniciativa busca responder a los problemas de inseguridad, desempleo, salud y educación que enfrenta el país.

“Hoy hemos dicho: Noboa se va porque se va. Hemos presentado formalmente nuestro pedido para la revocatoria de mandato y solicitar el formulario para la recolección de firmas”, manifestó.

En similar sentido, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, señaló que la propuesta pretende enfrentar, mediante mecanismos democráticos, políticas que han profundizado la pobreza y las dificultades de acceso a la salud.

NOBOA HABLA DE REELECCIÓN

El presidente Noboa en un acto público en la provincia de Manabí minimizó los intentos por adelantar el fin de su mandato y afirmó: “Mientras unos hablan de revocatoria, nosotros hablamos de reelección”.

El gobernante solicitó al CNE que “inadmita” las solicitudes de revocatoria y, al presentar su contestación formal a uno de los procesos, remitió más de 14 mil 500 folios de documentación para respaldar las acciones ejecutadas por su administración.

Según informó el Ejecutivo en un comunicado, incluyeron 22 cajas con informes elaborados por distintas instituciones estatales que respaldan la gestión gubernamental.

El Gobierno argumentó que la solicitud de revocatoria incumple los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la legislación ecuatoriana y en la jurisprudencia electoral vigente.

Asimismo, la Presidencia sostiene que la petición se basa en indicadores generales, publicaciones de prensa y referencias que, en algunos casos, no corresponden al actual período presidencial (2025-2029).

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, divulgó un video en el cual desacredita la iniciativa popular de la revocatoria y la calificó como “el último absurdo de la oposición política”.

La funcionaria sostuvo que la solicitud presentada por las organizaciones sociales carece de hechos concretos, plazos vencidos y pruebas que justifiquen activar ese mecanismo de democracia directa.

Morillo defendió que el mandatario presentó ante el CNE 22 cajas con documentos para respaldar la gestión y acusó a la oposición de intentar desgastar políticamente al Ejecutivo.

En respuesta, representantes del colectivo Revoca EC entregaron dos escritos dirigidos al presidente del CNE, José Cabrera, en los que piden acceso a los documentos entregados por el Gobierno como parte de su defensa.

El abogado Washington Andrade afirmó en su cuenta de X que Noboa “tiene miedo al pronunciamiento popular en las urnas” y exigió “verificar el contenido de las 22 cajas de cartón que seguramente están llenas de hojarasca y mentiras que no tapan su ineptitud”.

DESENLACE COMPLEJO

Aunque el mecanismo de revocatoria del mandato forma parte de la Constitución desde 2008, nunca ha logrado sacar a un presidente de la República.

La legislación exige reunir firmas equivalentes al 15 por ciento del padrón electoral nacional, es decir, alrededor de dos millones de respaldos válidos que deberán ser verificados por el CNE antes de que el organismo pueda convocar a una consulta popular.

Pese a la complejidad del proceso, Iza, que actualmente lidera la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), ha insistido en que la revocatoria constituye un derecho ciudadano consagrado en la Constitución.

“No estamos haciendo nada fuera de la ley, estamos ejerciendo un derecho constitucional”, sostuvo el dirigente indígena, que llamó a la población a participar en el proceso “de manera organizada y democrática”.

En estos momentos, los grupos sociales esperan una respuesta del CNE a los pedidos de los formularios para recoger las más de dos millones de firmas necesarias.

Sea cual sea el resultado, las dos solicitudes de revocatoria son un reflejo del descontento social existente en Ecuador con la gestión de Noboa, cuyos niveles de desaprobación resultan superiores al 70 por ciento en las principales provincias del país, según encuestas recientes.

arb/avr