Luis Onofa*, colaborador de Prensa Latina

Es temprano para anticipar el curso de los acontecimientos geopolíticos que desencadenarán esas derrotas de la derecha, en el mediano y largo plazo, en América Latina, y en consecuencia en Ecuador. Pero podrían vislumbrarse secuelas inmediatas en el campo electoral, salvo hechos inesperados que amortiguarían para el gobernante ecuatoriano el efecto de esos reveses. Sin embargo, hay coincidencia entre analistas y políticos de Ecuador que aquellos descalabros en las urnas repercutirán en los comicios de este país.

El ex presidente, Rafael Correa, pronostica que Noboa será derrotado de manera contundente a fines de este noviembre. De su lado, la analista política Caroline Ávila, asegura que Noboa resentirá el resultado de los recientes comicios legislativos y de gobernadores en Estados Unidos, dada su “estrecha dependencia” de Donald Trump.

Hay datos que abonan en favor de esos vaticinios. Noboa está acosado por varios problemas que a su turno se sienten en casi todos los estratos sociales del país y que podrían repercutir de manera adversa en su propósito de ganar esos comicios: en primer lugar, los industriales, quienes forman parte del círculo empresarial que ha apoyado al mandatario, han expresado malestar por los racionamientos de electricidad que les ha impuesto el actual gobierno, en aras de su objetivo de evitar apagones a la población urbana, a la que el gobernante le ha prometido que no habrá cortes de energía en lo que resta del año y en el primer trimestre de 2027, en un esfuerzo por ganar votos.

Luego están los estratos populares, que constatan el abandono gubernamental en el que se encuentran ante los estragos del fenómeno El Niño, pese a que el país cuenta con más de 12 mil millones de dólares de reservas internacionales, que el gobernante los guarda para garantizar el pago puntual de la deuda externa.

A esos dos elementos se suman: la irresuelta inseguridad nacional por causa del narcotráfico y otros delitos de delincuencia organizada, que atemorizan a la mayor parte de la población del país. Además, el constante crecimiento del costo de vida, a causa del alza del precio de los combustibles, por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha restringido el abastecimiento de hidrocarburos en todo el mundo, conflicto frente al cual Noboa no ha vacilado en alinearse con la potencia imperial y su socio en Oriente Medio.

A esos factores hay que añadir la crisis crónica de escasez de medicinas y el deterioro de la infraestructura de salud pública, el alto índice de desempleo que se traduce en una cada vez más profunda brecha entre muchos pobres y pocos millonarios. Noboa es uno de ellos, pero no ha vacilado en expedir decretos de exoneración tributaria, de los cuales sus corporaciones son de las primeras beneficiarias. A ello se suman casos de corrupción en la compra de plantas termoeléctricas para suplir la escasez de hidroelectricidad.

Hay otros hechos que la población va entendiéndolos en la medida en que la táctica gubernamental golpea su economía. Las operaciones de combate al narcotráfico que ejecutan fuerzas policiales y militares ecuatorianos en conjunto, dejan el saldo de víctimas inocentes, por las cuales reclaman inclusive organizaciones internacionales de derechos humanos. Estas últimas han denunciado, además, más de medio centenar de desaparecidos en aquellas operaciones.

Noboa cumple este mes de noviembre de 2026 tres años en el poder. En ese lapso, a muchos empresarios y círculos políticos y de opinión, en principio simpatizantes del gobernante, comienza a quedarles claro la incapacidad del mandatario para administrar la cosa pública, en unos casos, y en otros, su tendencia al autoritarismo y a gobernar de manera expresa para su círculo de poder político y económico.

Señales e indicios que permiten advertir que el panorama electoral es adverso al mandatario. Hay datos que indican una caída profunda de su popularidad, lo cual podría traducirse en una derrota de los candidatos de Noboa a autoridades de gobiernos locales.

Precisamente por ello, el gobernante no ha cesado en desarrollar su propia estrategia para enfrentar la coyuntura adversa, bajo un denominador común: violar o ignorar la constitución, las leyes vigentes y los derechos de políticos y dirigentes sociales que le critican.

Los partidos y organizaciones de izquierda o de tendencia progresista van a las elecciones del próximo 29 de noviembre con la cancha inclinada en su contra: Noboa ha recurrido a controlar la justicia y otros órganos de gestión de la cosa pública para acosar a sus adversarios, eliminarlos de la contienda electoral o menguar su capacidad de acción política.

Levanta acusaciones sin suficiente sustento para que los jueces dicten órdenes de prisión que inutilizan a sus adversarios. El caso más patético es la persecución de la que es víctima la Revolución Ciudadana (RC), el partido más organizado y con mayor fuerza en el país, liderado por el ex presidente Rafael Correa (inclusive por sobre el oficialista Acción Democrática Nacional) que ha quedado fuera de la contienda electoral del próximo 29 de noviembre.

El caso tiene toda la trama de lo novelesco. El acoso comenzó con un informe del Consejo Nacional Electoral, que encontró presuntas inconsistencias en el reporte financiero de la campaña, lo que sirvió de base para que, de manera previa, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, de manera diligente, lo suspendiera por nueve meses, en marzo pasado.

Esa sanción expiraba en noviembre de este año, tres meses antes de febrero de 2027, mes original de la contienda. El tiempo que le quedaba para prepararse para ese evento era muy corto y por ello quedaba minada en su potencialidad electoral. Pero, por si RC hubiese podido levantar cabeza, el propio organismo electoral le asestó otro golpe: anticipó los comicios para noviembre de 2026. El argumento para tal decisión era que el fenómeno El Niño impediría la logística de las votaciones en poblaciones del litoral del país.

La trama represiva continuó: RC optó por buscar alianza con agrupaciones provinciales para presentar candidatos bajo sus paraguas. Pero esas organizaciones también fueron inhabilitadas. Además, Luisa González, de RC, ex finalista en la lid presidencial de 2023, fue inhabilitada de participar en los comicios de la provincia de Manabí, también bastión de RC, por decisión del organismo electoral local. González tenía el patrocinio del movimiento indígena Pachakutik, opositor al gobierno de Noboa.

Finalmente, Luisa González fue llevada a la cárcel en octubre pasado por la misma razón por la que fue suspendido su partido: presunto origen ilegal de fondos para financiar la campaña electoral de 2023.

En Guayaquil, la ciudad más poblada del país y administrada por un aliado de RC, la trampa represiva se activó mucho antes. Su alcalde, Aquiles Álvarez, que planeaba contender para su reelección con altas posibilidades de éxito, está preso desde febrero de 2026, acusado de transferir de manera ilegal fondos particulares a la campaña de RC.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también de RC, es sujeto de denuncias sobre presuntas irregularidades en su administración, con las cuales se busca impedir su participación en los comicios de fines de noviembre, con opciones de ser reelecto. Desde hace mucho está en prisión el ex vicepresidente de Correa, Jorge Glass, luego de haber sido sustraído de la embajada de México en Quito, donde estaba asilado, mediante una incursión policial que violó el derecho internacional. Finalmente, Noboa ha sugerido que traerá a la cárcel al ex presidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica.

Además, muchos dirigentes del movimiento indígena y de otras organizaciones sociales opositoras a Noboa enfrentan procesos judiciales y bloqueo de sus cuentas bancarias por orden de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad investigadora de lavado de activos que depende directamente del gobierno de Noboa.

El proceder de Noboa contra sus opositores no es original de Ecuador. Es parte de una estrategia continental de la extrema derecha, avalada por los círculos imperiales de Donald Trump para cerrar el paso a los movimientos progresistas en el continente: controlar y utilizar la justicia y otros organismos estatales para neutralizar adversarios políticos.

rmh/lo

* Periodista. Magister en Comunicación Social. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Licenciado en Ciencias de la Información. Universidad Central del Ecuador. Productor y conductor del programa de opinión La Oreja Libertaria, del Colectivo Espejo Libertario, en Radio Pichincha, Quito. Docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Internacional SEK, Quito.Docente de la cátedra Periodismo Informativo, Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas, Quito. Docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Autor del libro “Huellas del discurso del Presidente Rafael Correa en los mercados populares de Quito”,tesis de maestría en Comunicación Social, publicada por la Universidad Andina Simón Bolívar. Presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Ecuador. Presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha.