Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmara la ley, haría retroceder las relaciones de género a una época que precede a la memoria viva de la mayoría de los estadounidenses, estiman expertos.
En las elecciones intermedias de 2022, la historia podría repetirse. Según el encuestador progresista Sean McElwee, las leyes restringen los derechos reproductivos en Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Ohio, Carolina del Sur y Texas.
También la clara posibilidad de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anule el caso Roe vs. Wade, da a los activistas para conseguir el voto “un contenido que induce a la rabia”.
Roe vs. Wade es el nombre del caso judicial de 1973 por el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos despenalizó el aborto inducido en ese país; fue considerada una decisión histórica en la materia.
De acuerdo con un análisis del diario The Hill, una mayoría significativa de estadounidenses apoyan sistemáticamente el mantenimiento de Roe, que impide a los estados prohibir los abortos antes de la “viabilidad del feto”, lo cual el tribunal fijó entre 24 y 28 semanas después de la concepción.
En una encuesta de Gallup, el 58 por ciento de los encuestados (incluido el 43 por ciento de los republicanos) quería mantener Roe como ley del país, mientras que el 32 por ciento abogaba por derogarla.
Si el embarazo fue causado por una violación o un incesto, el 77 por ciento apoyaba el derecho de la mujer a abortar en el primer trimestre.
Cabe destacar que aproximadamente el 89 por ciento de los abortos se realizan en las primeras 18 semanas de embarazo, y el 1,3 por ciento después de las 20 semanas.
El tema es abordado en el análisis “La subordinación de las mujeres en Texas”, suscrito por Chiara Cordelli, profesora asociada de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, y Aziz Huq, profesor de Derecho en la misma institución académica, y publicado en el sitio newsletter@project-syndicate.org.
PROBLEMA CONTROVERSIAL
El problema es controversial en Estados Unidos y recurrentemente se acude al Tribunal Supremo para que decida en contra o favor de los derechos de las mujeres en mandar en sus cuerpos y tomar decisiones que las afectan o no.
En 1984, la difunta jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, durante una conferencia planteó como erróneo en el caso Roe contra Wade, que el máximo órgano reconociera que era un derecho constitucional.
Explicó que el asunto nunca debería haberse proyectado como una cuestión de privacidad o de elección reproductiva únicamente: el aborto era, en el fondo, una cuestión de igualdad de género.
Expertos consideran que tanto la mujer como el hombre tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Treinta y siete años después, Texas demuestra el punto de Ginsburg con su draconiana y potencialmente transformadora ley de aborto.
Si el Tribunal Supremo confirma la ley, hará retroceder las relaciones de género a una época que precede a la memoria viva de la mayoría de los estadounidenses, indicaron ambos analistas en su aproximación al tema.
La ley de Texas, el proyecto de ley del Senado 8 (SB 8), no sólo prohíbe el aborto después de las seis semanas. También faculta a los ciudadanos de a pie a demandar a cualquiera que ayude o instigue un aborto:
Un empleador cuya nómina se utilice para financiarlo, un conductor que lleve a alguien, o un padre o pareja que preste un hombro para llorar, advirtieron.
Eso es prácticamente una “cacería de brujas” para someter a la mujer a una práctica que viola sus derechos.
La responsabilidad no requiere ninguna prueba de intención, señalaron los académicos. El taxista que, sin saberlo, lleve a una persona a mitad de camino hacia una clínica de abortos está sujeto a una multa mínima de 10 mil dólares.
Es probable que la ley de Texas se convierta en un modelo de regulación del aborto si el Tribunal Supremo aprovecha las impugnaciones para hacer retroceder a Roe. Florida y Ohio ya se apresuran a promulgar leyes que permitan “recursos” privados análogos para restringirlo.
CON AMPLIAS CONSECUENCIAS
Como era de esperar, la ley de Texas ya provocó una intensa vigilancia de los proveedores de servicios de aborto. Pero el SB 8 tendrá probablemente una consecuencia más amplia e insidiosa si se confirma, indicaron los dos analistas.
Someterá a las mujeres a una vida de vulnerabilidad y miedo frente a todos los posibles demandantes autorizados a entablar acciones judiciales, que la ley define como casi todo el mundo, remarcaron.
Esto afecta directamente no sólo a la elección reproductiva. También crea, de tres maneras diferentes, una relación de dependencia, y en última instancia de subordinación para las mujeres.
Las deja en una condición inherentemente desigual y degradante, un resultado que es en gran medida independiente de los efectos de la ley sobre el aborto.
Esta ley pone en peligro la intimidad sexual de las mujeres, ganada a pulso, estén o no embarazadas. Es probable que la pérdida de privacidad sobre las decisiones sexuales y corporales íntimas sea especialmente profunda para las más pobres y socialmente marginadas, sostuvieron.
Eso, según observadores, ocurre en un país que se precia de ser ejemplo de democracia.
Pudiera decirse que las féminas estadounidenses son acosadas en su país. Por ejemplo, muchas empresas ya cuentan con amplios sistemas de vigilancia en el lugar de trabajo (a menudo ampliados durante la pandemia) que pueden reunir pruebas de embarazo.
Otras tienen programas de bienestar que capturan datos sobre el movimiento, el índice de masa corporal y otros indicadores biológicos de los que se puede inferir el embarazo. Los empleadores con aversión al riesgo pueden retocar fácilmente estos sistemas de control del lugar de trabajo, que contienen muchos datos, para detectarlo.
La disparidad es palmaria. Según los académicos Cordelli y Huq, la ley de Texas da a los actores privados tanto la licencia como el incentivo financiero para ejercer un grado de control sobre el cuerpo y la intimidad sexual de las mujeres, que no pueden ejercer con respecto a los hombres.
Dado que la ley hace que sea costoso para las mujeres compartir sus confidencias, incluso con la familia y los amigos cercanos, aumenta la presión para que permanezcan en silencio después de experimentar la violencia sexual, lo cual hace aún más improbable que lo denuncien, aclararon los académicos.
Perversamente, subrayaron, la ley crea así un incentivo para que los agresores masculinos induzcan un riesgo de embarazo como forma de silenciar a sus víctimas.
La ley deja a las mujeres en una condición comprometida y subordinada, aún menos libres que antes en comparación con los hombres, para vivir con una mayor vigilancia y sometidas de forma sistemática y única a los caprichos de otros particulares.
Aparte de sus implicaciones para las elecciones de medio término de 2022 y para las todavía lejanas a la presidencia de 2024, el asunto va más allá al pretenderse confinar a las mujeres a un puesto inferior en la sociedad.
Ginsburg tenía razón: el derecho a la libertad reproductiva es esencial para la igualdad de las mujeres, y asimismo opinan analistas al coincidir con los académicos de la Universidad de Chicago.
arb/lb
(*) Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina
