Por Luis Beatón
Corresponsal jefe en El Salvador
De acuerdo con expertos, es la primera vez que un funcionario gubernamental asume una postura sobre el tema, complejo y de difícil abordaje, en un país donde las mujeres, según los datos del Censo 2024, representan el 52,8 por ciento del total de seis millones 29 mil 976 habitantes.
Sin embargo, las féminas están impedidas para decidir sobre su cuerpo, e incluso si se interrumpe el embarazo, aún de forma natural y no provocada, se ven sometidas a persecución, y en muchas ocasiones son condenadas a prisión.
En una intervención el 29 de octubre, en el programa de entrevistas Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña, Villatoro señaló que los “globalistas”, quienes abogan por los detenidos bajo el Régimen de Excepción, promueven la legalización del aborto, un hecho que tildó de homicidio.
Añadió que el 4 de febrero en el país “hubo casi que un plebiscito sobre el Régimen de Excepción y la votación fue abrumadora. ¿Y quién manda entonces en este país?, manda la gente o mandan estos fachas de criminales. No mandan ellos”, sostuvo en la entrevista.
Presuntamente el aborto va en contra de la natura, según dijo, y preguntó: “¿Cuál podría ser el homicidio más vil y cobarde que se puede cometer en el mundo?”. Y reiteró en su conversación con el entrevistador Moisés Urbina: “¿Te imaginas tú quitarle la vida a un ser humano que tiene 24, 26 semanas de gestación?”.
Urbina preguntó: “¿Del aborto estamos hablando?”. “Claro, es un homicidio”, sentenció el ministro de Justicia y Seguridad, mientras, habría que preguntarles a las mujeres de bajo recursos, a veces violadas y preñadas, cómo valoran esta situación.
El tema es abordado en un artículo del diario El Mundo, el cual señala que actualmente el Código Penal salvadoreño establece, en el artículo 133, que el aborto es penado con cárcel de dos a 8 años, y hasta 12 años si es agravado.
La ley dedica todo un capítulo a su penalización, aseguró la publicación. Cabe recordar un ejemplo sobre cómo se aborda el problema. En septiembre organizaciones de mujeres denunciaron la detención de una joven tras una emergencia obstétrica. La muchacha de 19 años fue encarcelada tras enfrentar una emergencia obstétrica dentro del hospital al que acudió en busca de atención médica. En lugar de recibir ayuda fue denunciada, esposada a la camilla y trasladada directamente del hospital a la cárcel.
La Asamblea Feminista, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista denunciaron el caso que, según ellas, pone de manifiesto la situación de “criminalización” que enfrentan las mujeres en el país.
El caso de la joven recuerda a otros similares, como el de Evelyn en 2019 o el de Lilian, la última de las 73 mujeres liberadas tras ser encarceladas por emergencias obstétricas.
Las activistas acentúan que estos ejemplos evidencian un patrón de criminalización que afecta a mujeres de escasos recursos. Recuerdan el caso de Manuela, una joven de la zona rural de Morazán, quien sufrió una emergencia obstétrica y un parto extrahospitalario en 2008, por lo que fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.
Mientras estaba en prisión fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, le recetaron quimioterapia y sus representantes dijeron que hubo un tiempo en que le fue negada. Murió el 30 de abril de 2010, en el pabellón de reos del hospital Rosales, de San Salvador, según las fuentes.
En opinión de las defensoras de las mujeres afectadas por esos procesos, las que enfrentan emergencias relacionadas con el embarazo no deberían ser criminalizadas.
Una vez más estamos para decir y denunciar que el Estado salvadoreño incumple y vulnera tratados internacionales, no está ofreciendo alternativas a las mujeres que enfrentan complicaciones obstétricas, que presentan partos extrahospitalarios, indicó una activista.
La única alternativa que están presentando estas mujeres es encontrarse con la muerte o la cárcel, sostuvo Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos.
Mientras, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, enfatizó que no se debe aplicar el régimen de excepción a las emergencias obstétricas.
“Una emergencia obstétrica es un problema de salud de las mujeres y de las personas gestantes, debe abordarse con servicios de atención y cuidados de salud y no como un problema de seguridad”, subrayó.
“Cuando el Estado salvadoreño trata las emergencias obstétricas con las herramientas del Régimen de Excepción comete una doble discriminación y violación de derechos: porque criminaliza a mujeres pobres y porque las trata como delincuentes que amenazan la seguridad de la sociedad y esto no es así”, puntualizó.
En el país está prohibido el aborto sin excepciones desde 1998 y la ley lo castiga con entre dos y ocho años de cárcel, aunque a menudo es tipificado como “homicidio agravado”, lo que conlleva a penas de 30 a 50 años de prisión.
Al respecto de estas legislaciones y políticas, en un país marcadamente religioso, activistas como Ivonne Polanco, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, manifiestan su preocupación por “los graves impactos que continúa teniendo esta legislación contra la interrupción del embarazo en la vida y salud de las mujeres”.
Es una realidad que hay criminalización de las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas y son denunciadas por aborto, en especial las pobres y de escasos recursos.
Algunos activistas sostienen que esta situación debía ser llevada a las urnas y permitir a las mujeres decidir sobre sus embarazos, más cuando ellas son mayoría en el país.
arb/lb
