Por Adriana Robreño
Corresponsal jefe en Ecuador
Indígenas y campesinos que viven en la parroquia Palo Quemado, en el municipio de Sigchos, provincia de Cotopaxi, denunciaron la presencia de centenares de militares y policías fuertemente armados que irrumpieron en la zona para amedrentar a las familias que se oponen al proyecto La Plata.
En esa localidad existen yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, todos minerales necesarios para las industrias y la tecnología.
La empresa canadiense Atico Mining recibió del Estado ecuatoriano una concesión para una inversión de 100 millones de dólares, pero ese proyecto depende de una licencia que debe ser otorgada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
Para conseguir ese permiso, la cartera debe socializar el proyecto en la comunidad y someterlo a consulta entre los moradores del área, quienes a fin de cuentas serán los principales implicados y recibirán los efectos positivos o negativos de la explotación del territorio.
MINERÍA IMPUESTA CON BALA Y SANGRE
Una veintena de heridos es el saldo que dejan hasta el momento los enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes que se oponen al extractivismo.
El Frente Nacional Antiminero afirmó que los residentes fueron atacados con balas de goma, perdigones y bombas lacrimógenas, y luego en otro video mostraron que también utilizaron municiones reales.
Según la organización antiminera, alrededor de 500 policías han reprimido al pueblo de Palo Quemado y también Las Pampas, comunidad vecina.
El objetivo de las fuerzas del orden es garantizar una consulta ambiental para favorecer a la compañía Atico Mining.
“Responsabilizamos al Gobierno del presidente Daniel Noboa por la integridad y la vida de las campesinas y campesinos afectados por su agresiva política minera”, advirtió el Frente.
La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, apoyó a las comunidades indígenas y campesinas.
“La consulta no puede ser legítima si está militarizada. Los pueblos reclaman una consulta informada y libre. Cuando es militarizada no es consulta. La ciudadanía debe tener la posibilidad de decir sí o no a la extracción minera, pero en libertad”, dijo Tibán a la prensa.
REGLAMENTO PARA CONSULTA AMBIENTAL, DEBATE CONSTITUCIONAL
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el manual de consulta previa, libre e informada emitido por el gobierno de Ecuador.
El principal argumento es que está regulando un derecho de los pueblos frente a proyectos de inversión en sus territorios que, por mandato de la Corte Constitucional, debe darse a través de una ley emitida por la Asamblea Nacional (Parlamento), mediante una consulta prelegislativa. El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, anotó que el manual de consulta “rompe con toda la lógica de la Constitución y con todos los tratados internacionales”.
Ante la situación actual de expansión extractivista, el líder indígena afirmó que “vamos a un levantamiento en contra de la minería, pero nuestros territorios no pueden ser saqueados por las empresas transnacionales”.
También el excandidato a la presidencia de Ecuador y activista ambiental Yaku Pérez presentó una demanda frente al manual presentado por el Ejecutivo para aplicar la consulta previa, libre e informada, a la cual tienen derecho los pueblos donde se vayan a realizar proyectos de inversión.
“El acuerdo ministerial pretende llevar a cabo una consulta previa no vinculante que puede generar una mayor conflictividad socioambiental”, sostuvo Pérez.
Pese a los reclamos de indígenas, campesinos y defensores ambientales, la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, indicó que la consulta tiene el objetivo de responder las inquietudes sobre un proyecto, pero no tiene carácter vinculante.
Es decir, aunque los habitantes de una zona rechacen la inversión, quien tiene la última palabra para dar paso al proyecto minero es el Estado, según Silva.
La representante de los empresarios del sector precisó que el proyecto La Plata acabó ya las fases exploratoria y de prefactibilidad, y ahora se acerca a la construcción de mina, que tomará un par de años.
Para esta construcción, se prevé contratar a 600 personas, y antes de comenzar requiere de una licencia ambiental, concedida por el Ministerio del ramo.
Desde este 20 de marzo funciona en Palo Quemado un centro de información pública, para que los habitantes conozcan del proyecto, sus alcances e implicaciones.
RÉCORD DE EXPORTACIÓN DE MINERALES
La actividad minera en Ecuador ha generado preocupaciones significativas debido a su impacto ambiental, que abarca desde la deforestación, la contaminación del agua y del aire, hasta la amenaza a especies en peligro de extinción, según denuncian organizaciones defensoras de la naturaleza.
Además, la contaminación de los cuerpos de agua cercanos a las minas con metales pesados y productos químicos tóxicos ha generado riesgos para la salud humana y la supervivencia de los ecosistemas acuáticos.
No obstante, en el mes de marzo las exportaciones mineras de Ecuador marcaron récord de facturación con tres mil 324 millones de dólares en 2023, lo que supuso un incremento del 19 por ciento respecto a 2022, según informó la Cámara de Minería.
El gremio empresarial aseguró que las exportaciones mineras son el cuarto rubro de mayores ingresos en las exportaciones del país, sólo después del petróleo, el banano y el camarón.
La Cámara destacó el interés internacional por la actividad minera en Ecuador, algo que “se puede corroborar con los recientes contratos de inversión firmados en Canadá”.
NUEVOS ACUERDOS E INTERESES DE NOBOA
A inicios de marzo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participó en Toronto en la mayor feria minera en el mundo (PDAC), lo que generó rechazo en organizaciones ambientales e indígenas del país andino.
El Gobierno anunció la firma de acuerdos de inversión para proyectos mineros valorados en cuatro mil 800 millones de dólares durante el evento canadiense.
Organizaciones sociales y activistas ambientales realizaron un plantón en las afueras de la sede diplomática de Canadá en Quito, donde repudiaron la postura de Noboa de promocionar a Ecuador como destino para ese tipo de actividades.
En una carta dirigida al embajador canadiense, Stephen Potter, señalaron que las experiencias de comunidades campesinas e indígenas y pueblos ancestrales en cuyos territorios operan empresas mineras resultan escandalosas, al igual que la violación de los derechos humanos.
El documento está suscrito por más de 80 colectivos, entre ellos Acción Ecológica, Quito Sin Minería, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), entre otros.
Si bien actualmente sólo existe en Ecuador una mina a gran escala operada por la empresa canadiense Lundin Gold, dedicada a la explotación de oro, hay otros proyectos en trámites, entre ellos La Plata, en Cotopaxi, y Curipamba-El Domo en la también provincia andina de Bolívar, a cargo de la compañía Curimining.
Las organizaciones firmantes de la carta aseveraron que existen irregularidades como la falta de licencias ambientales, los contratos laborales temporales y estrategias de división comunitaria y enfrentamiento interno.
MOVILIZACIONES Y RESISTENCIA ANTIMINERA
El presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Alex Toapanta, criticó el inicio de acciones legales en contra de 70 comuneros de Palo Quemado, acusados de terrorismo por defender sus tierras.
Pero a pesar de esta criminalización el pueblo sigue luchando, hubo una masiva movilización en rechazo a la falsa consulta ambiental impuesta con violencia por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en complicidad con Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, señaló Toapanta.
Para las próximas semanas se esperan movilizaciones frente a la arremetida del gobierno de Noboa que pretende entregar territorios a la minería, informó Leonidas Iza.
El líder la Conaie también denunció el conflicto de intereses del mandatario, que pretende otorgar concesiones en beneficio del grupo económico de su familia en detrimento de la naturaleza y el desarrollo social del país.
arc/avr
