Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe en Uruguay
Una sucesión de hechos dolosos marcan el quehacer del PN, que recién expulsó de sus filas al alcalde de Cerro de las Cuentas, departamento de Cerro Largo, Humberto Allende, condenado a cinco años de cárcel por la violación a una anciana.
Pero antes había renunciado el intendente de Artigas, Pablo Caram, quien también recibió pena de cárcel por un delito de omisión del funcionario público a denunciar actos de apariencia delictiva en la administración pública.
La sentencia de 14 meses de cárcel, en situación de libertad vigilada, resultó en el marco del caso que investigó la Fiscalía por el pago millonario e ilegal de horas extra en la intendencia artíguense, al norte de aquí
Por esa causa también fue imputada y condenada la ex diputada nacionalista Valentina Dos Santos, por usurpación de funciones.
Y antes sentenciaron al ex secretario general de la intendencia, Rodolfo Caram y su esposa, ambos por el delito de fraude.
El poder de Caram y el esquema de corrupción eran bien conocidos en el gobierno y la dirigencia partidista, según señalan desde partidos que integran la coalición gubernamental.
Caram no fue sometido al Comité de Ética del Partido Nacional en razón de su renuncia.
Dos Santos también renunció a la tolda blanca y, según informes de prensa, aspira a ser elegida intendenta en las elecciones departamentales del año próximo con lista propia que hasta ahora usó el lema del PN.
Para esa fecha expirarà su condena judicial y la inhabilitación impuesta por la Corte Electoral para aspirar a cargos públicos.
Diputados del Frente Amplio reclaman que se investigue el uso de fondos del gobierno para el programa “Vale emprender”, que encabezaba la exlegisladora, responsable por ser quien aprobaba los pagos extras ilegales en la comuna departamental.
Hay denuncias que se están investigando sobre irregularidades en varias licitaciones, incluida la utilización de fondos públicos previstos a obras en zonas rurales para otros fines.
“Este hecho bochornoso deja en evidencia la necesidad de limitar el poder de los intendentes”, consideró el diputado colorado Felipe Schipani, a partir de los hechos de corrupción que terminaron en la condena de Caram y Dos Santos.
“Muchas veces actúan como verdaderos dueños de la intendencia del departamento, como señores feudales”, señaló en comparecencia televisiva.
El de Artigas es para analistas y actores políticos “una perla” más en el corolario de manejos irregulares que persiguen a la actual administración.
UNA LARGA LISTA
Un editorial del semanario El Popular, del Partido Comunista de Uruguay, enumera una larga lista de escándalos que resultan recurrentes en la vida política del país.
Menciona “el esquema de corrupción del jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, en la propia presidencia de la República, desde donde dio pasaportes falsos, espió a senadores del Frente Amplio y al presidente del PIT-CNT, intervino en licitaciones y un largo etcétera”.
Astesiano recibió cuatro años de cárcel por varios delitos, pero desde su celda amenaza con “soltar la lengua” con revelaciones que podrían comprometer a figuras del gobierno.
El Popular recuerda “el escándalo por los cargos a dedo con suculentos sueldos para operadores de una lista del Partido Nacional, otorgados por el candidato a intendente blanco en Salto y representante de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Carlos Albisu”
También el escándalo de la entrega de un pasaporte exprés al narcotraficante Sebastián Marset, ayudándolo a fugarse de la cárcel donde estaba en Dubai.
Aquel procedimiento fue seguida por maniobras para ocultar, destruir pruebas y mentirle al Parlamento y a la ciudadanía, que mereció revelaciones comprometedoras de la renunciante vicecanciller Carolina Ache.
Ello provocó las renuncias del canciller Francisco Bustillo, del ministro del Interior y el subsecretario, Luis Alberto Heber y Gullermo Maciel, respectivamente; y la salida del asesor de comunicación presidencial, Roberto Lafluf.
El Partido Nacional también lleva a cuestas la expulsión del ahora exsenador Gustavo Penadés, tras las rejas e imputado por más de una veintena de delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Cual daño colateral, el presidente del Directorio del Partido Naciona, Pablo Iturralde, debió renunciar al cargo tras revelarse presiones suyas a funcionarios del ministerio público a fin de beneficiar a Penadés.
Fue una militante nacionalista, Romina Celeste, la que hizo la primera denuncia pública contra el exsenador, quien desde la cárcel organizó una red de funcionarios, policiales entre ellos, para investigar a sus víctimas e influir en la pesquisa fiscal.
Celeste está en la relaciòn cada vez mayor de expulsados del PN. Ella también está encarcelada por tramar una acusación falsa contra el entonces precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, elegido posteriormente como candidato presidencial frenteamplista.
Y como si la saga no terminara, la Junta de Transparencia y Ética Pública analiza un informe que compromete a la intendencia de Florida también en manos del partido blanco.
El reporte refiere “irregularidades en materia de contrataciones directas” en el gobierno departamental que encabeza el nacionalista Guillermo López, las cuales fueron denunciadas por el edil frenteamplista Fabiel González.
Lo que se investiga es la contratación directa en 37 oportunidades de una empresa que pertenece al hijo y al exesposo de la exsecretaria personal del intendente, Natalia Castellini,
Para el exministro Heber, ahora senador, los hechos de corrupción en Artigas, “vergonzosos para el Partido”, eran apenas los únicos registrados contra su formación política. Desmemoriado el legislador, concluye el editorial de El Popular.
Llama la atención que hasta ahora el Frente Amplio no ha disparado andanadas sobre los hechos de corrupción en Artigas y otros que pondrían al Partido Nacional a la defensiva en la campaña electoral que inicia.
Pero es cuestión de esperar. Como dijera un legislador frenteamplista a Prensa Latina: “todo a su debido tiempo”.
arc/ool
