Por Nara Romero Rams
Corresponsal jefe en Etiopía
En septiembre pasado, la cartera de Finanzas presentó una propuesta al Consejo de Ministros, en la cual solicitaba la aprobación formal de un aumento salarial sustancial para aproximadamente 2,4 millones de servidores públicos.
El titular del sector Ahmed Shide reveló que la solicitud fue enviada en una carta fechada el 3 de septiembre pasado a la Oficina del primer ministro Abiy Ahmed y requeriría de un presupuesto adicional de más de 795 millones de dólares, el cual entraría en vigor el 11 de septiembre de ese año, pero nunca se aprobó.
Shide explicó que la propuesta siguió a un anuncio de Ahmed sobre importantes aumentos salariales para los funcionarios públicos y a un estudio exhaustivo que justificaba los incrementos.
La investigación indicó que, de los 2,4 millones de empleados públicos a beneficiarse con ese ajuste, están incluidos 2,3 millones federales, miembros de las fuerzas policiales regionales, la Fuerza de Defensa Nacional y la Comisión Federal de Policía.
Según una encuesta realizada por el Servicio de Estadística de Etiopía en junio de 2022, 1,1 millones de esos trabajadores federales (47,94 por ciento) ganan menos de seis mil birr (47,54 dólares) al mes. Este grupo se clasificó que vive por debajo del umbral de pobreza extrema.
Otro segmento, compuesto por 946 mil 306 funcionarios públicos tenía ingresos entre 47,54 dólares y 10 mil birr (79,23 dólares) mensuales y se ubicó por debajo del umbral estándar de pobreza.
Por otra parte, aproximadamente 253 mil 297 empleados gubernamentales ganan más de esos 79,23 dólares mensuales.
El estudio concluyó que cerca de la mitad de los trabajadores gubernamentales viven en la pobreza extrema y son afectados desproporcionadamente por el aumento del costo de vida.
Para abordar las dificultades financieras que enfrentan los funcionarios, el estudio recomendó un aumento salarial significativo para los empleados de bajos ingresos de hasta el 332 por ciento. Esto aumentaría el salario mínimo mensual de mil 100 birr (8,72 dólares) a tres mil 600 birr (28,52 dólares).
Sin embargo, el tan necesario incremento salarial no llegó y es la realidad de los empleados del gobierno federal, cuyos ingresos mensuales sólo cubren el pago del alquiler y los alimentos, además de luchar cada día con el aumento de los costos hasta ahora sin frenos.
INFLACIÓN E IMPUESTOS, OTRA PESADILLA
Desde julio de 2024, el gobierno etíope implementa varias políticas destinadas a aumentar los ingresos de fuentes tanto fiscales como no fiscales. Esas medidas incluyeron un aumento en las tarifas de los servicios públicos.
La Compañía de Servicios Eléctricos modificó su tarifaria el 11 de septiembre pasado, lo que resultó en un aumento sustancial del 122 por ciento.
Mientras tanto, la Autoridad de Control y Licencias de Conducción y Vehículos de Addis Abeba incrementó las tasas por cambio de servicio de 17 mil 100 (135,49 dólares) a 30 mil birr (237,7 dólares).
Además, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Etiopía subió las tasas de pasaporte a un precio de cinco mil birr (39,62 dólares) para la emisión de un documentos y los servicios urgentes pueden costar hasta 25 mil birr (198,08 dólares).
Junto con estos aumentos, el gobierno está revisando las leyes fiscales para modificar ingresos, que incluyen ajustes a las tasas de impuestos a la propiedad, revisiones a las regulaciones del impuesto al valor agregado (IVA) y de los impuestos especiales.
De igual manera, introducirá impuestos a la propiedad y al medio ambiente.
A mediados de diciembre pasado, la Empresa de Servicios Públicos de Electricidad anunció la implementación de un IVA en las facturas de consumo por el uso de más de 200 kilovatios-hora de electricidad al mes.
Otro desafío para la población etíope es el aumento a más del doble de los precios del transporte público debido a la subida del costo del litro de combustible de hasta ocho birr (0,063 dólares).
Sobre el tema, el ministro de Finanzas Ahmed Shide precisó que el objetivo primordial de la política de reforma fiscal es aumentar sustancialmente la relación entre impuestos y producto interno bruto (PIB). Hasta diciembre último, esta relación se situaba en 6,8 por ciento por debajo del mínimo recomendado por el Fondo Monetario Internacional de 15 por ciento.
Según la Estrategia Nacional de Ingresos a Mediano Plazo, publicada por esa cartera de Estado en agosto de 2024, el gobierno etíope pretende aumentar la relación entre impuestos y PIB al 30 por ciento para fines de 2028 mediante la adopción de diversas reformas políticas.
“Se espera que el programa de reforma fiscal desempeñe un papel crucial en la reducción significativa de la carga de la deuda del país y mantenga al mismo tiempo su trayectoria de crecimiento”, señaló Ahmed.
IMPACTO SOCIAL NEGATIVO, LA ALERTA DE EXPERTOS
Al respecto, el consultor de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, Henok Fasil, coincide en que aumentar estos ingresos puede, en efecto, respaldar el crecimiento económico al financiar servicios públicos esenciales e infraestructuras.
Sin embargo, Fasil subrayó que el éxito de estas medidas depende de su diseño cuidadoso y de su aplicación eficaz.
“Si las estrategias de aumento de los ingresos afectan desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos, como revelan las medidas recientes, pueden obstaculizar el crecimiento económico al reducir el ingreso disponible y el consumo”, afirmó.
Por lo tanto, continuó, si bien el aumento de los ingresos es importante, debe equilibrarse con políticas equitativas para evitar efectos adversos sobre la economía.
Enfatizó además que el aumento de impuestos y tasas puede obligar a las familias de bajos ingresos a tomar decisiones difíciles entre necesidades esenciales como la alimentación, la vivienda y la atención médica.
“Esta presión financiera puede reducir el acceso a los servicios necesarios, lo que afecta negativamente calidad de vida y perpetúa los ciclos de pobreza”, argumentó.
A su juicio, los intentos del gobierno de aumentar los ingresos no han hecho más que empeorar la situación, privando de medios de vida a los ciudadanos comunes.
Merid Tullu, macroeconomista que actualmente trabaja en el sector privado, explicó que las leyes fiscales revisadas, que aumentan los impuestos sobre la renta, las ventas o el IVA imponen una carga financiera desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos.
“Dado que estos hogares destinan una parte importante de sus ingresos a necesidades básicas, cualquier aumento de los impuestos al consumo aumenta sustancialmente su costo de vida. Esto, a su vez, puede generar descontento público y, en casos extremos, inestabilidad política”, advirtió.
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