Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal jefe en Brasil
Con un cúmulo de pruebas cotejadas, la Policía Federal (PF) acusa a Bolsonaro en la indagación sobre una supuesta red de negociación ilegal de joyas, dadas por autoridades extranjeras durante su mandato (2019-2022).
Además del político ultraderechista, otras 11 personas son inculpadas en el caso, entre ellas su ex ayudante de órdenes, teniente coronel Mauro Cid, y el exsecretario de Comunicación de la Presidencia Fabio Wajngarten.
Bolsonaro fue imputado en tres delitos: organización criminal (con penas de uno a tres años de reclusión), lavado de dinero (de tres a 10 años) y peculado (apropiación de bien público), con correctivo de dos a 12 años de reclusión.
Para la PF, el exmandatario malversó más de 6,8 millones de reales (1,2 millones de dólares) en regalos recibidos cuando estaba en el poder.
Tal conclusión consta en el informe de la pesquisa que descubrió la existencia de una asociación criminal, cuyo objetivo sería específicamente descarriar y vender objetos de valor (esculturas, joyas y relojes) recibidos por el exgobernante como presente oficial.
“Se identificó además que los valores de esas ventas pasaban por conversión para dinero en efectivo e ingresaban en el patrimonio personal del expresidente de la República”, refiere el informe policial.
Detalla que las operaciones se hacían por medio de personas interpuestas y sin utilizar el sistema bancario formal, “con el objetivo de ocultar el origen ubicación y propiedad de los valores”.
La búsqueda se abrió después de salir a la luz, en marzo de 2023, intentos del gobierno precedente de rescatar alhajas que acabaron retenidas en la Receita Federal (órgano regente de tributos y control aduanero), en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo.
Ante tal situación, el anterior Ejecutivo activó al menos 15 funcionarios para intentar liberar esas piezas.
Orquestada por el entonces secretario general de la Receita Federal, Júlio César Vieira, la operación de reconquista de las prendas se realizó en los días finales del mandato de Bolsonaro, cerrado el 31 de diciembre de 2022. Remitido al Supremo Tribunal Federal (STF), el informe de la PF revela que, en aproximadamente dos semanas, se movilizaron siete ocupantes de altos cargos del ministerio de Hacienda, cuatro ayudantes de órdenes de la Presidencia, tres integrantes del Gabinete Adjunto de Documentación Histórica de la Presidencia y un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia.
Todos ellos empeñados en hacer llegar al exjefe de Estado los aderezos obsequiados en sus viajes al exterior, pero retenidos en la aduana.
Vieira ordenó en un momento dado a un subordinado: “Expulsa a todo el mundo para trabajar para nosotros de forma que la gente consiga cumplir eso de ahí y disponga eso mañana a las cinco de la tarde”.
En aquel momento, el superintendente de la Receita Federal en Sao Paulo informó al secretario general la dificultad que tendrían en atender en un plazo muy corto por el contingente reducido en el receso de fin de año.
Unido con Bolsonaro y los otros 10 adeptos, Vieira fue acusado “por el intento de desvío del conjunto de joyas femeninas confeccionadas en oro blanco, compuesto por un collar, un par de pendientes, un anillo y un reloj de pulsera de la marca Chopard y una escultura de un caballo dorado”.
Las piezas las regalaron autoridades de Arabia Saudita al entonces ministro de Minas y Energía Bento Albuquerque que representó a Bolsonaro en el viaje a ese país en octubre de 2021.
Para los investigadores, hubo una operación “hasta cierto punto desesperada, para intentar sustraer las joyas femeninas retenidas por la Receita Federal, en tiempo hábil a despacharlas en el avión presidencial, que despegaría el 30 de diciembre de 2022, con destino a Estados Unidos”.
Los peritos policiales sospechan que toda esa articulación para liberar las joyas de la aduana antes del viaje de Bolsonaro en vuelo presidencial tenía un propósito: venderlas en el país norteño junto con otros regalos de alto valor recibidos por el exparacaidista.
Parte del dinero del negocio ilegal de aderezos, supuestamente, sirvió para costear la estancia de Bolsonaro en Estados Unidos, donde viajó antes de dejar el poder y permaneció allí más de tres meses.
Las pesquisas de la PF contaron con la colaboración de Cid, quien firmó un acuerdo de delación premiada.
Pese a que en círculos políticos y judiciales se espera una inmediata decisión sobre el caso, la Procuraduría General de la República evalúa la posibilidad de reunir todas las acciones realizadas por la PF contra Bolsonaro en una única denuncia a ser presentada al STF, según un reciente reportaje de la estación televisiva CNN Brasil.
Por el momento, Bolsonaro enfrenta acusaciones de fraude en la tarjeta de vacunación antiCovid-19, investigación que todavía está en curso de trámites complementarios, y más recientemente por un caso del robo de joyas de la Presidencia.
De igual manera, está en marcha la elaboración de un informe por la PF sobre la presunta participación del expresidente en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, en Brasilia.
La expectativa es que se coloque punto final a este expediente antes del inicio de la campaña electoral, prevista para el 16 de agosto.
También, de acuerdo con la emisora televisiva, el procurador general Paulo Gonet considera la unificación de las acusaciones por dos razones vitales: fortalecer las pruebas y posponer la acusación para un momento posterior a las elecciones municipales de octubre.
Gonet no descarta la posibilidad de solicitar más trámites en la investigación de las joyas, así como lo hizo en el caso del fraude en la ficha de inoculación.
Según el periodista Joaquim Carvalho, reputado columnista del portal Brasil 247, contra los hechos no hay argumentos: Brasil tuvo un ladrón en la presidencia de la República y su lugar está en la cárcel.
arc/ocs
