Por Karina Marrón
Corresponsal jefe en Angola
Los cancilleres de ambas naciones, bajo la mediación de Angola, aprobaron el Concepto de Operaciones (Conop), una pieza esencial para la implementación del Plan Armonizado de Neutralización de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y la Separación de Fuerzas/Levantamiento de las medidas de defensa en Ruanda.
Se trata de dos de los asuntos clave que sostienen las hostilidades en el este congoleño, pues Kinshasa acusa a Kigali de brindar apoyo a los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), que mantiene ocupadas varias ciudades y comunas, así como de implicarse directamente y robar recursos minerales.
En tanto, Ruanda afirma que el Ejecutivo congoleño da respaldo a las FDLR, hostiles a su gobierno.
La aprobación del Conop es apenas un paso más en el camino recorrido durante 2024, un año que se ha caracterizado por la agudización del conflicto, con una ofensiva del M23 que tomó el control de algunos de los principales enclaves de la provincia de Kivu Norte y generó una ola de desplazados nunca vista.
De acuerdo con la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en RDC, Bintou Keita, desde inicios de año hasta el cierre de agosto se registraron 2,4 millones de desplazados, muchos de los cuales se refugiaron en lugares sin condiciones adecuadas de alimentación e higiene.
Es también un periodo de tiempo en el que se intensificaron los esfuerzos para lograr un entendimiento entre las partes y, mientras por un lado se desplegó en territorio congoleño una Misión de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (Samidrc), otros países como Estados Unidos y particularmente Angola, echaron mano a la diplomacia.
El primero logró una tregua humanitaria de 15 días a partir del 5 de julio, luego extendida por dos semanas más, pese a violaciones cometidas por ambas partes.
El segundo, tanto como presidente en ejercicio de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral hasta agosto, y de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos y, además, designado por la Unión Africana como mediador, logró llevar a la mesa de diálogo a la RDC y Ruanda y alcanzar un cese del fuego.
Vigente desde el 4 de agosto, y desde el 5 de noviembre con Mecanismo de Verificación Ad-Hoc Reforzado integrado por 24 expertos, entre ellos 18 de nacionalidad angoleña, tres congoleños e igual número de ruandeses; el cese al fuego persiste con algunas violaciones.
Esa última condición hace que muchos tengan esperanzas en esos nuevos esfuerzos, que llegaron incluso a una propuesta para la paz definitiva presentada en agosto por el presidente angoleño, João Lourenço, a sus homólogos congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame.
La aprobación del Conop es una pieza, pero aún es necesario continuar las negociaciones para definir los aspectos restantes del proyecto de Acuerdo de paz, concordaron los cancilleres Therese K. Wagner, de la RDC, y Olivier J.P. Nduhungirehe, de Ruanda.
No son estos, sin embargo, los únicos actores en el conflicto. Los rebeldes del M23, quienes en el terreno ocupan aldeas y comunidades, no están en la mesa de diálogo y, por tanto, decidieron que no tienen que respetar el cese del fuego.
Kinshasa ha dicho que no tiene que negociar con los títeres de Kigali, pese a que en numerosas ocasiones los ruandeses rechazaron esas acusaciones.
COMPLEJIDADES PARA LA PAZ
En julio último, un informe de expertos de Naciones Unidas denunció la participación directa de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR) en el conflicto en la RDC, al señalar que de tres mil a cuatro mil integrantes estaban desplegados en territorio congoleño junto al M23.
La cifra, calificada de conservadora en el reporte, estaba referenciada como una parte del apoyo, pues también brindaban respaldo con tecnologías y equipos militares de vanguardia.
Entre estos el informe citó los sistemas de defensa aérea de corto alcance, los proyectiles de mortero transportados por drones, así como los guiados de 120 milímetros, que tienen capacidad de ataque muy precisa y letal, a los cuales el grupo rebelde no tendría que tener acceso.
Ruanda no reconoció, pero mostró una mejor disposición al diálogo.
Mención aparte merece el hecho sobre el cual llamó la atención el reporte: el suministro de armas, un factor clave para el sostenimiento de cualquier conflicto y que requiere dos condiciones, un suministrador y recursos para comprarlas.
Ese elemento esboza una de las mayores complejidades del conflicto en el este de la RDC y es el trasfondo económico de la confrontación.
Bintou Keita puso como ejemplo al Consejo de Seguridad de la ONU que, en la provincia de Kivu Norte, el M23 tomó el control sobre las zonas productoras de coltán, donde sólo el área de Rubaya se estima que abastece a más de 15 por ciento de la producción mundial de tantalio y genera aproximadamente 300 mil dólares mensuales.
Esas riquezas, aparentemente en manos de los rebeldes, son combustible seguro para la guerra, de ahí que la representante abogara por que “se apliquen sanciones internacionales a quienes se benefician de este comercio criminal”, porque si no se adoptan medidas, enfatizó, “la paz seguirá siendo difícil de alcanzar y los civiles seguirán sufriendo”.
También el presidente Tshisekedi pidió en la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre, la aplicación de sanciones, pero en este caso mencionó directamente a Ruanda y la acusó de desempeñar un papel desestabilizador.
El mandatario argumentó con el respaldo de Kigali al M23, y remarcó que esta agresión constituye una grave violación de la soberanía nacional de la RDC. Añadió que las iniciativas diplomáticas como las conversaciones de Luanda son alentadoras, pero no deben ocultar la urgencia de esa acción.
También mencionó que las acciones de los grupos armados en su país están estrechamente vinculadas a la explotación ilegal de sus recursos naturales.
No es un asunto nuevo. En el 2002, el informe final del grupo de expertos de la ONU encargado de examinar la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la RDC refirió que de 60 a 70 por ciento del coltán exportado se había transportado en avión directamente a la capital de Ruanda o la de Uganda.
Ni entonces ni ahora se reconocen grandes yacimientos de coltán en territorio ruandés, aunque se mantienen exportaciones de este y otros minerales.
Hay que exigir más por la procedencia de los minerales y evitar la comercialización de los extraídos de las zonas en conflicto, dijo a Prensa Latina la presidenta de la Cámara de Minas de la provincia de Kivu Norte, Yvette Mwanza, y significó que se debería demandar al M23 la explicación sobre a quién venden los minerales sacados de los territorios ocupados.
Y eso ha intentado la RDC, que en abril último incluso demandó una explicación del gigante tecnológico Apple por el supuesto uso de estos minerales.
UN ESCENARIO Y DIVERSOS ACTORES
Más allá del M23, Ruanda y la RDC, todavía hay otros actores en este escenario de confrontaciones. El informe de la ONU de julio de este año aludía también al incremento de tensiones entre Burundi y Ruanda, por sus apoyos a grupos armados enemigos con asiento en la provincia de Kivu Sur, en tierras congoleñas.
En particular, Kigali renovó su respaldo a la Resistencia por un Estado de Derecho en Burundi (RED Tabara) y Burundi igualmente reafirmó su relación con el Consejo Nacional para la Renovación y la Democracia-Fuerzas de Liberación Nacional (CNRD-FLN).
La publicación igualmente reveló que Uganda permitió el tránsito regular de tropas, vehículos y material militar a través de su territorio, algo que incluso han dicho públicamente los propios integrantes del M23, que confirmaron el apoyo activo de funcionarios de las Fuerzas de Defensa ugandesas y del comando de inteligencia militar para cuestiones de logística.
A esto se suma que en territorio congoleño operan más de 120 grupos armados con motivaciones diversas, desde conflictos tribales, la lucha por el poder, la tierra, los recursos minerales, y la defensa de las comunidades.
El uso de estos grupos en función de diversos intereses alientan también su existencia, en una situación que se torna caótica para la población, con 7,3 millones de personas desplazadas, de ellas 6,9 millones solo en las provincias del este, sin recursos para brindarles ayuda.
Uno de los más violentos, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), solo en el mes de junio mató a 272 civiles, y a pesar de las operaciones conjuntas de los ejércitos congoleño y ugandés, mantienen acciones en Ituri y Kivu Norte, especialmente en esta última.
La RDC es un país lleno de desafíos, que inició 2024 con un segundo mandato de Félix Tshisekedi, quien por primera vez nombró a una mujer como primera ministra, y se propone hacer cambios en la Constitución.
Es la nación más afectada por la epidemia de Mpox, con 49 mil 56 casos sospechosos hasta el 23 de noviembre, 10 mil 846 confirmados y mil 193 muertes; y donde los naufragios cobran cientos de vidas al año.
Un lugar donde el 19 de mayo hubo un intento de golpe de Estado y la pena de muerte volvió a entrar en vigor luego de más de dos décadas en moratoria.
Pero el mayor desafío de todos será alcanzar la paz, pues el conflicto está en el centro mismo de muchos de sus males.
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