Ollantay Itzamná*, colaborador de Prensa Latina
Territorialmente de un poco más de 108 mil Km2, cohabitado por 17 millones de personas, tiene a un aproximado de 10 millones de sus habitantes por debajo de la línea de empobrecimiento, casi en su totalidad de origen indígena maya.
En dos siglos de República, en Guatemala a los pueblos originarios y campesinos, muy a pesar de ser demográficamente mayoría, jamás se les permitió organizarse políticamente, mucho menos participaron, ni fueron electos como gobernantes.
En 2016, las comunidades campesinas y los pueblos originarios en resistencia, articulados en el movimiento Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), luego de amplios e históricos debates asamblearios, decidieron crear su organización política para participar electoralmente en las elecciones e implementar su proyecto de transformación de país. En 2018, lograron la inscripción de la organización política Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). En las elecciones generales del 2019, el MLP quedó en cuarto lugar.
Elecciones 2023, Guatemala limita participación política a los pueblos originarios
Las comunidades y pueblos, desde antes de la creación de MLP, y durante los últimos tres años, no dejaron de organizar, concientizar y politizar a los sectores populares del país.
Pero en pleno proceso electoral en curso de 2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) niega la inscripción del binomio presidencial de MLP, muy a pesar del cumplimiento de los requisitos exigidos por Ley. En consecuencia, las comunidades y pueblos integrantes del MLP emprendieron el «camino legal» impugnado, apelando, presentando amparos… Aunque por esa ruta tienen claro cuál será el resultado final: dejar fuera a indígenas y campesinos de la contienda electoral.
De esta manera, el Estado de Guatemala no sólo limita o vulnera derechos políticos del «denegado» vicepresidenciable Jordán Rodas, ex Procurador de Derechos Humanos (PDH), sino el derecho político colectivo que asiste a los pueblos indígenas como sujetos de derechos sociopolíticos.
«No vamos a realizar asamblea extraordinaria para elegir nuevo binomio presidencial»
Ante la negativa del TSE de resolver favorablemente las apelaciones presentadas por MLP, e inscribir a su binomio presidencial, las comunidades y pueblos decidieron no realizar ninguna asamblea extraordinaria como organización política para inscribir un nuevo candidato a la vicepresidencia.
«No vamos a realizar una nueva asamblea nacional, ni vamos por un nuevo binomio. Nuestro binomio actual cumple con todos los requisitos de Ley… Hacer una nueva asamblea sería ser cómplice con la conducta delictiva e ilegal de los magistrados», indica Mauro Vay, integrante del comité político de MLP.
Agotado los recursos legales en el país, recurrirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros, para hacer prevalecer el cumplimiento y satisfacción de derechos políticos que les asiste como individuos y pueblos.
Existe jurisprudencia internacional condenatoria por parte de la CIDH contra estados de Venezuela y Colombia en casos similares de vulneración de derechos políticos individuales por parte de los estados.
De esta manera, un movimiento socioecopolítico nucleado por indígenas y campesinos, con leyes en mano, coloca en situación difícil a las autoridades electorales de Guatemala que organizan el proceso de elecciones generales del 2023.
«Nos tienen miedo por nuestro proyecto de país plurinacional»
La proscripción de organizaciones políticas en Guatemala no es novedad. Partidos políticos de tendencia comunista sufrieron ese castigo por «ser diferente» ideológicamente a los partidos conservadores o liberales, o ser contrario a los intereses norteamericanos, durante los dos siglos de República.
Pero, MLP no es de tendencia comunista. ¿Por qué el sistema político de Guatemala busca proscribir a esta organización?
Básicamente las comunidades y pueblos de Guatemala políticamente organizados en MLP proponen:
– Impulsar un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para la creación de un Estado Plurinacional con autonomías territoriales.
– Revisar todos los contratos de privatización de bienes y servicios públicos vigentes en el país, con miras a la renacionalización de dichos bienes.
– Incorporar a Guatemala a los procesos de integración regional como la CELAC, ALBA, etc., y así liberar al país del control estadounidense.
Pero, en el fondo, lo que da terror a las élites hegemónicas del país es la posibilidad real de perder la hegemonía cultural y los privilegios acumulados en dos siglos de República criolla.
Si los cerca de 80 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto con los que cuenta Guatemala fue y es fruto del trabajo semi esclavista de las grandes mayorías sociales, y del constante saqueo de los territorios, el futuro de dicho patrimonio también depende de la sobreexplotación y del saqueo de dichos bienes. Y, permitir la liberación de los pueblos y sus respectivas autonomías territoriales es y será un suicidio de las élites opulentas del país.
De las calles a las urnas, de las urnas a las calles
Hasta antes que los indígenas y campesinos se organizaran políticamente en Guatemala, cada vez que estos sectores empobrecidos salían a las calles a protestar, desde los medios de comunicación corporativos y desde las clases medias les gritaban: “Hagan su partido político. Vayan a las urnas. Ganen elecciones..”.
Ahora que indígenas y campesinos están políticamente organizados, con las probabilidades de ganar elecciones generales del 2023, les niegan la posibilidad de participar con candidatos propios y vencer en las urnas.
De esta manera, el mismo Estado obliga a las y los empobrecidos a retomar las calles con acciones de protesta como una de las últimas vías para hacer valer sus derechos.
rmh/oi
*Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala
(Tomado de Firmas Selectas)
