Por Zeus Naya
Corresponsal jefe en Guatemala
El flagelo está enraizado hasta los tuétanos en la sociedad o el Estado, tan es así que el presidente Bernardo Arévalo lo situó como su primer gran reto, mientras defiende que el crecimiento de la nación está supeditado a erradicarlo.
Desde 2015 este territorio centroamericano vive casi a diario de escándalo en escándalo de corrupción, un día sobresale el robo “hormiga” de medicamentos en un centro de salud, otro 25 agentes detenidos por tráfico de migrantes.
El Gobierno actual creó una plataforma digital en la cual expone hasta la fecha 162 denuncias entregadas al Ministerio Público (MP) desde la toma de posesión el 14 de enero último (pasados ya nueve meses).
El primer titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, consideró fundamental que el ente investigativo asuma esos casos con la debida diligencia para dar con los responsables de los hechos.
Calificó de clave la herramienta para transparentar la gestión del Ejecutivo en el combate al saqueo del dinero público.
Entre las denuncias más relevantes destacan las irregularidades en la construcción de las Escuelas Bicentenario y la intervención ilegal en concesión de demolición de garitas de peaje de la autopista Palín-Escuintla.
Asimismo, la adquisición de escaleras y ascensores del aeropuerto internacional La Aurora y el manejo de manera inapropiada de fondos millonarios para la compra de cocinas por el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Además, identificaron una red de funcionarios que solicitaba dinero a cambio de agilizar el trámite de visas de trabajo, falsedad en licencias ambientales y anomalías en la obtención de vacunas Sputnik V contra la Covid-19.
CASO B410
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló en agosto último una red criminal constituida por 410 empresas que robó al Estado al menos el equivalente a unos 38 millones de dólares.
El superintendente de esa entidad recaudadora de impuestos, Marco Livio Díaz, añadió que realizaron la denuncia respectiva al MP y a la Contraloría General de Cuentas por el caso, que calificó de gran magnitud.
Arévalo respaldó luego el trabajo serio y técnico del equipo de la SAT y aseguró que su gestión tomaría las acciones pertinentes por las implicaciones para el erario público y los bienes del pueblo.
En medio del seguimiento dado a las operaciones de esa estructura de defraudación tributaria, el Gobierno amplió recientemente un fraude relacionado con el hospital general San Juan de Dios, el más grande del país.
Palomo, ahora secretario de Comunicación Social de la Presidencia, explicó que se trata de un patrón criminal de compras fraudulentas que involucraban comisiones y fraccionamientos sobre costos.
El funcionario refirió otras acciones enfocadas en que los integrantes de la red pudieran “enriquecerse indebidamente a costa de quitarle la salud a los guatemaltecos”.
ANÁLISIS DEL FENÓMENO
En una entrevista con el diario La Jornada de México, a raìz de su visita a aquel territorio vecino para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el mandatario chapín comentó que en construcción es donde está el corazón de la corrupción.
El experto local en el tema de la transparencia, Manfredo Marroquín, apuntó antes en tal sentido que el mayor foco aparece en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendas (Mincivi).
Le siguen las contrataciones de plazas fantasmas e innecesarias que se multiplicaron hasta llegar a representar hasta el 95 por ciento del presupuesto de muchas instituciones, subrayó el fundador de la organización Acción Ciudadana.
En tercer lugar ubicó a las compras y contrataciones en todos los niveles e instituciones del Estado, “porque se hacen sin planificación, ni transparencia”, remarcó.
El excandidato a la presidencia en los sufragios de 2019 por el extinto partido Encuentro por Guatemala precisó a la revista Crónica las principales causas para que la red vial nacional tenga tantas deficiencias.
“Desde hace al menos 25 años el Mincivi fue tomando por los políticos corruptos de turno como caja recolectora y repartidora, dada la facilidad que encontraron para evadir los laxos controles institucionales”, detalló Marroquín.
Los proyectos de infraestructura –agregó- se fueron inflando en precios y la calidad entregada fue empeorando hasta llegar a casos donde hubo pago total sin ninguna obra a cambio.
Todo esto sucedía sin que la Contraloría de Cuentas ni el MP actuaran, dando por garantizada la impunidad del saqueo, aseveró el también politólogo, formado en la Universidad Rafael Landívar.
Recientemente, sobre el caso B410, enfatizó que no hace falta un gran investigador para descubrir que todo fue debidamente planificado y orquestado; que tenía que haber personas con poder suficiente para asignar y “dividir el pastel”.
Lo que se ve es un Estado cooptado para el saqueo, y esa es la gran oportunidad que tiene este Gobierno: cambiar eso, acotó.
Es momento de “sacudir el árbol” y que caigan todas las “frutas podridas” de la corrupción, reflexionó Marroquín.
Igualmente entrevistado por Emisoras Unidas, el doctor en Tributación Abelardo Medina mencionó que lo que se observa es un análisis puramente coyuntural, cuando el problema es estructural.
La notaria Mariana Rohrmoser planteó que si la SAT llegó hasta este punto e incluso se tienen identificados los nombres de las empresas, de los abogados y los contratos, buena parte de la investigación está dada.
Si lo sabemos todos, no entiendo por qué no hay un accionar penal para este tipo de defraudación tan grande, preguntó la coordinadora ejecutiva del Frente Ciudadano Contra la Corrupción.
Para el tiempo (desde que se presentó el caso más de dos meses), tendrían que haber acciones contundentes, sentenció.
Fuerzas oscuras en Guatemala mantienen enquistada la corrupción para privilegiar y proteger a fuertes sectores económicos, políticos y jueces viciados, reiteraron a Prensa Latina otros entendidos en el complejo asunto.
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