Por Ivette Fernández

Corresponsal jefa en Colombia

La pena emitida por primera vez contra un exjefe de Estado, quizás el que más poder ostentó en el último cuarto de siglo, marca un antecedente judicial nunca antes visto en la nación.

La sentencia leída por la jueza Sandra Heredia el 1 de agosto contra el exmandatario, correspondiente a un fallo de culpabilidad por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal en un caso que tuvo su génesis hace más de dos lustros y con un sinnúmero de idas y venidas dentro del aparato legal, abrió asimismo otro capítulo a la larga saga.

El equipo legal del ahora condenado apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde tres magistrados analizarán el proceso en segunda instancia antes de refrendar o revocar la pena inicial, que incluye el pago de una multa de cerca de 840 mil dólares al cambio actual y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por ocho años y cuatro meses.

Paralelamente algunos comunicadores, entre los que se halla Daniel Coronell, aseguran que el fallo “desatará una reacción brutal de sus aliados en todos los sectores, en Colombia y en el exterior”.

Cree Coronell que “serán blanco de una campaña de exterminio moral la jueza Sandra Heredia, el senador Iván Cepeda, las reconocidas víctimas, sus abogados, los testigos contrarios al expresidente y también los periodistas que informaron tempranamente sobre el caso”.

El propio Cepeda, acreditado como demandante, alertó antes sobre las presiones que comenzaron a aparecer una vez conocida su conclusión.

“El infame cabildeo que están haciendo en Estados Unidos los enviados del condenado en primera instancia, Álvaro Uribe, busca no solo debilitar el Poder Judicial, sino generar sanciones para todos los colombianos de no lograr recuperar su impunidad. Es, sin duda, traición a la patria”, escribió el legislador.

No son de extrañar las alertas, sobre todo, tras las reacciones que suscitó el fallo en ciertos congresistas en Washington.

El senador del partido republicano por Florida, Rick Scott, por ejemplo, profirió amenazas contra Colombia al alegar que la sentencia fue un movimiento del presidente Gustavo Petro para atacar a un oponente político.

“Gustavo debería considerar esto como su recordatorio de que los aliados de Estados Unidos y Colombia están observando”, escribió en redes sociales en alusión a su propio mensaje.

El también senador Mario Díaz-Balart, por su parte, profirió que “Petro y sus aliados deben tener claro que Estados Unidos y los socios de la democracia colombiana siguen de cerca el desarrollo de estos hechos injustos”.

Si bien los comentarios de los legisladores antes mencionados son harto elocuentes, el pronunciamiento del secretario de Estado, Marco Rubio, sumó fricción a las relaciones ya tensas entre ambos países.

Al señalamiento de una presunta instrumentalización de la justicia en lo que se refiere a Uribe, el jefe de Estado colombiano consideró que Rubio adopta posturas injerencistas.

“Una intromisión en asuntos judiciales de otro país es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinado(a)s, por ayudar al mundo”, escribió en X.

UN CASO DE LARGA DATA

El proceso en contra de Uribe tiene su génesis en febrero de 2012, cuando este presentó una denuncia ante la Corte Suprema por calumnia y fraude procesal contra Iván Cepeda, quien se había involucrado en una investigación para determinar los nexos entre el expresidente y el surgimiento del paramilitarismo en el país.

Paradójicamente, seis años después, una sala de la Corte Suprema no halló nada incriminatorio en contra de Cepeda, y en cambio se pronunció a favor de que el exgobernante fuera eventualmente investigado pues se creyó que existían indicios de que este pudo haber infringido la ley.

Recayó el proceso entonces en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema que, en agosto de 2020, emitió una orden de arresto domiciliario ante evidencias de que Uribe habría cometido soborno a testigos y fraude procesal.

Fue tras este suceso que renunció el político a su condición de aforado en el Senado para evitar que lo juzgara la Corte Suprema y que el caso pasara a la justicia ordinaria.

Posterior a este evento, al menos tres solicitudes de preclusiones fueron negadas y finalmente se emitió una acusación formal en abril de 2024.

El juicio, que no comenzó hasta febrero de este año, convocó a decenas de testigos.

Algunos de los testimoniantes citados por la Fiscalía aseveraron que Uribe sí tuvo nexos con el surgimiento de fuerzas paramilitares que, de acuerdo con cifras de la Comisión de la Verdad, fueron responsables de más de 200 mil muertes y de más de 60 mil desapariciones forzadas en Colombia entre la última década del pasado siglo y la primera de este.

Al tomar en cuenta lo extendido del caso, el jurista Rodrigo Uprimny consideró que la condena “no es una conspiración de un gobierno de izquierda, aliado con una fiscal y una jueza supuestamente radicales, como lo han sugerido aliados del expresidente”.

Por el contrario, refirió, “han sido jueces y magistrados independientes que, resistiendo presiones, han intentado tomar sus decisiones basados en los hechos y en el derecho, como corresponde”.

Añadió que Uribe “ha contado con las garantías judiciales para cuestionar eventuales errores, incluida su posibilidad de apelar su condena ante el tribunal y eventualmente recurrirla en casación”.

OTROS SEÑALAMIENTOS

El caso no dejó a nadie indiferente en Colombia.

Muy poco demoraron los analistas en asegurar que los miembros de la colectividad política del exmandatario, el partido Centro Democrático que el propio expresidente fundó en 2013, buscarán verse como víctimas de persecución por pertenecer a la orilla de la oposición en búsqueda de réditos electorales.

En tanto, hay quien permanece insatisfecho porque la condena podría aún ser revocada en la segunda instancia y porque estiman que Uribe no fue juzgado por otros cargos de mayor peso.

El exjefe de Estado ya se ha visto envuelto en otros escándalos y procesos, como las masacres de El Aro y La Granja sucedidas entre 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia.

La Fiscalía, en torno a esos sucesos, solicitó en 2015 a la Corte Suprema investigar a Uribe porque en calidad de gobernante local, “habría facilitado la labor de los paramilitares” que participaron en las matanzas campesinas.

Ya antes fue señalado por las interceptaciones y seguimientos ilegales de los que defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos y periodistas fueron víctimas entre 2002 y 2009.

El expresidente ha negado tener participación en los sucesos antes descritos y también se considera inocente de los cargos por los cuales ahora se le condenó.

Según la jueza Heredia, la Fiscalía logró probar convincentemente que Uribe pidió al abogado Diego Cadena buscar a exparamilitares para que tergiversan los hechos ante la justicia con falsas declaraciones y que desacreditaran al senador Cepeda, a cambio de prebendas materiales y jurídicas.

Añadió que el acatamiento de los 12 años de prisión domiciliaria debía comenzar enseguida para intentar evitar una posible evasión del cumplimiento de la pena. “Su presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia”, remarcó.

Por lo pronto Uribe es culpable a los ojos de la justicia y el primer exmandatario en la historia de Colombia en ser castigado por un tribunal.

Ahora habrá que esperar la decisión en la segunda instancia, ante un caso al que también acecha el fantasma de la prescripción, con fecha para mediados de octubre próximo.

arb/ifs