Por Manuel Robles Sosa

Corresponsal jefe en Perú

El despliegue noticioso se concentra sobre todo en los exmandatarios Ollanta Humala (quien gobernó entre 2011 y 2016), Pedro Castillo (2021-2022) y Alejandro Toledo (2001-2006).

Ese rubro noticioso podría crecer si el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) es condenado a prisión y podría ser mayor si el expresidente Alan García (2006-2011) no se hubiera suicidado para evitar ser detenido y juzgado por similar motivo. Otro exgobernante, Alberto Fujimori, fue excarcelado por un polémico indulto y meses después murió.

El nacionalista Humala recibió una noticia que mitigó la soledad del encierro, condenado a 15 años de cárcel por presunto lavado de activos; pero la novedad no significa que será liberado, aunque sí alienta los esfuerzos de su abogado, Wilfredo Pedraza, por lograr la libertad del expresidente.

Un juzgado constitucional determinó que fue erróneo (ilegal, según Pedraza) su encarcelamiento pues la legalidad ordena que un reo solo inicia su condena cuando se le ha leído completamente su sentencia, para que tenga todos los elementos de la decisión de sus jueces y pueda apelar en contra o dar su conformidad.

La anomalía se debe a que el tribunal de la Corte Suprema que lo juzgó en primera instancia solo expuso un resumen de la sentencia y no entregó a Humala el texto; lo hizo después de 19 días, por lo que el juzgado constitucional amonestó a los magistrados.

Lo que parece ser una victoria moral fortaleció la posición de Pedraza contra la condena, que considera se basó en dichos sin corroborar y pruebas inválidas de que Humala recibió fondos electorales, para sus campañas de 2006 y 2011, del gobierno de Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht.

La justicia de Brasil ratificó que esas pruebas, derivadas del llamado caso Lava Jato, carecen de legalidad porque fueron invalidadas por irregularidades en el proceso y suspendió el acuerdo de colaboración judicial bilateral, debido a su uso en Perú.

Nadine Heredia, la esposa de Humala, se encuentra en Brasil, cuyo gobierno le otorgó asilo político y humanitario tras ser condenada, junto a su esposo, también a 15 años de cárcel.

La exfiscal de la nación Gladys Echaíz, actualmente congresista, reconoció con escaso entusiasmo, pues tiene posiciones políticas contrarias a Humala, que si las pruebas han sido declaradas ilegales, su utilización aquí carece de validez.

De otro lado, el expresidente Pedro Castillo es juzgado por rebelión, cargo que sus abogados nacionales e internacionales consideran inválido porque tal delito se aplica en Perú a quienes se alzan en armas contra el Estado en grupo, lo cual no se corresponde con el intento fallido de Castillo de disolver el Congreso.

Los fiscales dicen que usó las armas en concierto con su entorno al decretar el cierre del Congreso.

En una reciente audiencia del juicio en su contra, Castillo insistió en negarse a acatar al tribunal que lo juzga y al que acusa de carencia de imparcialidad.

Argumentó que uno de los miembros de la corte, Norma Carbajal, ha rechazado todos los recursos presentados por la defensa desde las instancias previas al juicio, lo que, afirmó, evidencia una posición predeterminada en su contra.

La expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma señaló que hay un doble rasero para los casos de Castillo, quien fue investigado por diversos temas durante su breve gestión de poco más de 17 meses, y la presidenta Dina Boluarte.

La mandataria es objeto de más de 20 denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público ante el Parlamento -que apoya a Boluarte y archivó la primera denuncia-, sobre casos que van del enriquecimiento ilícito a las muertes de manifestantes en protestas.

Políticos y magistrados que reclamaban romper la tradición de inmunidad presidencial para investigar más allá de lo preliminar a Castillo, ahora piden cesar lo que el Gobierno llama acoso judicial contra la mandataria.

“En el caso Boluarte se pretende que a ella no se le puede investigar, pero a Castillo sí”, comentó Ledesma, quien anotó que Boluarte compartió el gobierno con el exgobernante como vicepresidenta y lo reemplazó después que fue encarcelado y destituido.

La situación del neoliberal Alejandro Toledo es distinta, pues, condenado a 20 años de cárcel por recibir sobornos por más de 30 millones de dólares de empresas brasileñas y peruanas a cambio de contratos de obras públicas, nadie objeta su situación.

Toledo aguarda que se resuelva una apelación a la sentencia para acogerse a una nueva ley que dispone otorgar prisión domiciliaria con grillete electrónico (localizador) a los presos mayores de 80 años, como él, y que sufran males u otras causas que así lo ameriten.

Pese a que Toledo sostuvo que padece de cáncer y otros males, un juez le negó el beneficio alegando que su condena debe ser firme, es decir, sin que medien apelaciones, y él tiene una pendiente.

En cuanto a Vizcarra, niega la acusación de cobrar sobornos a cambio de contratos de construcción de obras en la sureña región de Moquegua, cuando era gobernador de ese territorio, antes de convertirse en vicepresidente del neoliberal Pedro Pablo Kuczynski.

Por cierto, Kuczynski renunció tras un escándalo de corrupción en marzo de 2018, por el que es investigado, aunque a sus 87 años difícilmente será encarcelado.

Un diario citó supuestas fuentes policiales que habrían alertado que Vizcarra busca asilo en países vecinos para fugarse antes de ser condenado a prisión, pero él lo negó tajantemente, su abogado aseguró que acatará la posible sentencia y la Policía desmintió la versión del periódico.

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