Según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), alrededor de 201 millones de personas -el 32,1 por ciento de la población de la región- viven actualmente en situación de pobreza. De ellas, 82 millones -el 13,1 por ciento- presentan condiciones de pobreza extrema.
Una mirada hacia atrás muestra que los avances económicos de la primera década del siglo XXI llevaron los indicadores de pobreza desde un 45,5 por ciento en 2004 hasta un 27,8 por ciento en 2014, pero desde entonces el área enfrentó primero, un estancamiento y luego, un retroceso como consecuencia de la pandemia.
De hecho, los datos de Cepal para 2022 confirman que América Latina y el Caribe no se recupera aún de los efectos de la Covid-19: si se compara con 2019, actualmente existen 15 millones de personas más en condiciones de pobreza y 12 millones más en situación de pobreza extrema.
Pero un análisis al interior de estos números refleja que las variaciones de los indicadores no fueron las mismas para hombres y mujeres. También acá, ellas jugaron con desventaja.
Aunque la pobreza disminuyó en todos los países de la región entre 2000 y 2019, en ese mismo período de tiempo creció el índice de feminidad de la pobreza y la brecha de género. Es decir, aunque en términos generales había menos vulnerabilidad, las diferencias entre unos y otras fueron más marcadas.
De acuerdo con análisis de expertos, esto es una señal de que las políticas aplicadas para erradicar la pobreza en todas sus formas enfocaron el conflicto desde una perspectiva igualitaria, y avanzaron más aquellos hogares en donde la “jefatura económica” estaba en manos de un hombre.
Luego, durante los meses de pandemia y aislamiento, cuando las mujeres lidiaron con las mayores cargas de trabajo doméstico y cuidados en detrimento de sus empleos públicos, las diferencias arrastradas desde tiempos más felices se complejizaron.
En la actualidad, como promedio para América Latina y el Caribe, la pobreza de las mujeres supera a la de los hombres en 3,4 puntos porcentuales. Además, para las edades de mayor participación en el mercado laboral (20 a 59 años), en todos los países se confirma una mayor incidencia del problema en el grupo femenino.
Independientemente del nivel de pobreza de cada nación, la tasa de pobreza de ellas es siempre más alta que la de los varones, con diferencias que pueden llegar a superar los cinco puntos porcentuales en países como Argentina y Brasil.
Incluso en 2021, cuando se observaron señales de una ligera recuperación, la reducción de la pobreza no contribuyó a reducir las brechas de género. El índice de feminidad de la pobreza sólo disminuyó en Panamá, mientras que en los demás países se mantuvo constante o tendió al aumento.
Por si todo esto fuera poco, la tasa de desocupación -que influye en la capacidad de una persona para superar la pobreza- proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, y afecta especialmente a las mujeres, para quienes la desocupación sube de un 9,5 por ciento en 2019 a un 11,6 por ciento en 2022.
LA DESIGUALDAD REFUERZA LA POBREZA
Para la doctora en Ciencias Sociológicas, Geydis Fundora, “las desigualdades de género refuerzan las condiciones de pobreza y las condiciones de pobreza refuerzan las desigualdades de género”.
En América Latina y el Caribe, ellas sufren las consecuencias de las brechas de género en el acceso al empleo, los niveles de ingreso, la formación educativa y son por tanto más pobres; en la misma medida, la pobreza resultante les impide desbloquear nuevos niveles de igualdad.
Según Fundora, por las tradiciones de la cultura patriarcal, por la forma en que se organizó la familia y el trabajo, un gran segmento de la población femenina no se incorporó y no se incorpora, en muchos casos, al mercado laboral formal.
La desigualdad de género se expresa a veces en una prohibición directa por parte de la pareja, en otras por una orientación de determinada fe o también, porque cuando participa o se postula a un puesto laboral, las condiciones en las que concursa son diferentes y se le excluye, enumeró la socióloga.
“Esas mujeres que no se integraron al espacio laboral, que no tienen ingresos propios ni autonomía económica son, por tanto, muy vulnerables y dependientes de sus parejas”, aseguró.
Al respecto, los estudios de género en la región recogen experiencias de parejas que se rompieron y dejaron una jefatura femenina en el hogar, con padres que después no se hacen responsables de la crianza ni de la contribución económica.
Encuentras a una mujer que nunca participó en el mercado laboral, que no tiene currículum, que probablemente tampoco se formó para participar en él, asumiendo la jefatura de un hogar cada vez más vulnerable. “Ese es uno de los perfiles de la pobreza en América Latina”, comentó Fundora.
En ese contexto, la mujer tiene dos opciones: o apuesta por un trabajo informal para conseguir ingresos -generalmente más bajos y con menos nivel de seguridad-, o permanece expuesta a situaciones de violencia para sobrevivir económicamente.
DE LAS CAUSAS HISTÓRICAS A LAS POLÍTICAS IGUALITARIAS
“Las desventajas socioeconómicas afectan a determinados grupos más que a otros, también en América Latina y el Caribe”, aseguró la doctora en Ciencias Sociológicas, Mayra Espina.
En entrevista con Prensa Latina, comentó que ellas tienen una posición desventajosa con relación a muchos parámetros socioeconómicos, materiales y espirituales; pero dentro de ese gran grupo mujer, hay mujeres.
“Las condiciones se vuelven más complejas en dependencia del lugar que ocupan en la división social de trabajo, territorial y el nivel económico, entre otros”, dijo.
Para la experta, ello está relacionado con que siempre existió una consideración menor de los roles de las mujeres en la reproducción de la sociedad, “ellas han estado ubicadas en una posición de subordinación y ese es el núcleo duro del asunto”.
De esa diferenciación histórica deriva un acumulado de desventajas que políticas igualitarias no pueden superar. Por ende, vencer brechas implica utilizar herramientas que modifiquen los puntos de partida de los grupos sociales que comparten un espacio, un territorio y una realidad concreta.
En ese contexto, la Covid-19 fue una demostración experimental de las brechas. Según Espina, cuando se produce una crisis, los más afectados son aquellos que tienen un punto de partida inferior y en la pandemia se reprodujeron los roles tradicionales de género.
“En las condiciones de aislamiento, de unos grupos necesitados de cuidado, donde la reproducción social dependió de la unidad hogareña y hubo grupos con mayor vulnerabilidad que otros, las sobrecargas cayeron otra vez sobre las mujeres”, aseguró.
Además, en la supervivencia frente a la Covid-19 influyeron los medios de vida que tenía cada grupo social. La mirada interseccional es especialmente relevante porque aquellas mujeres en una situación más ventajosa, pudieron apelar a sus recursos para una protección más adecuada, agregó la experta.
“Mientras, los grupos de menor nivel de ingreso, de condiciones más precarias, quedaron casi en cero. Se habla entonces no solo de pobreza, sino incluso de precarización de estos grupos sociales y de sus prácticas”, indicó.
EN BUSCA DE NUEVOS CAMINOS
Que la pobreza en América Latina tenga rostro de mujer no solo es un conflicto por el hecho en sí, sino por las consecuencias que de allí se desprenden. Al fin y al cabo, estudios diversos confirman que la pobreza y las condiciones de precarización constituyen un detonante para situaciones de violencia de género y discriminación.
Según informes de Cepal, las niñas pobres tienen una probabilidad 2,5 veces mayor de casarse en su infancia que las que pertenecen al quintil más rico. Además, las mujeres e infantas que viven en la pobreza son más vulnerables a la explotación sexual, incluida la trata de seres humanos.
Por otra parte, aquellas que sufren violencia doméstica o por parte de un compañero sentimental tienen menos opciones de escapar de relaciones violentas debido a la falta de ingresos y recursos.
“En sentido general, las consecuencias de la pobreza suponen un acumulado de desventajas con la imposibilidad derivada de disfrutar lo que una sociedad ha construido y considera el nivel de bienestar digno y adecuado”, valoró Espina.
Las personas en situación de pobreza -y las mujeres más- tienen carencias de salud, alimentación deficitaria, bajos niveles de escolaridad y una menor autonomía para decidir sobre sus vidas y las de sus familias, agregó.
Ante este panorama, los estudios de Cepal identifican como posibles soluciones dotar de una mayor autonomía económica a las mujeres de la región, facilitar su acceso a recursos financieros, a servicios básicos y de desarrollo productivo, sistemas de cuidado y a oportunidades laborales de calidad.
Para Espina, incluso en situaciones de restricción de recursos, hay mucho por hacer. “Hay un potencial de mejoras en usar los recursos que se tienen de otra manera, activando políticas afirmativas focalizadas”, señaló.
En Cuba, la propuesta de una parte de la academia es que -sin desmantelar la red de servicios universales- se realice una redistribución de recursos que priorice las demandas y la situación de los grupos que están en mayor desventaja, refirió.
Pero es necesario también avanzar en los procesos de recuperación económica, mapear de forma realista las situaciones de mayor desventaja y favorecer un sistema de atención a la pobreza que se construya más desde la escala local, agregó.
En realidad, no existen recetas mágicas para eliminar la pobreza y las brechas de género que la acompañan, pero identificar las expresiones concretas del problema y acercar las soluciones a la localidad son algunos de los caminos a explorar.
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