Por Ernesto Hernández Lacher

De la redacción de Europa

Menos de 12 meses duró el mandato de Rosen Zhelyazkov, quien fracasó en su intento de corregir políticas económicas y combatir la corrupción, flagelo que convierte a la nación más pobre de la Unión Europea en foco de atención regional.

Analistas consideran que Zhelyazkov se va antes de que lo echen, luego que el Parlamento votó una moción de censura contra su Gobierno de centroderecha y alineado con la UE y con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La historia se repite una vez más y ahora el presidente Rumen Radev pedirá a los partidos con representación parlamentaria que intenten formar gobierno. Si fracasan, como parece probable, nombrará un gabinete interino hasta que se celebren elecciones, las octavas desde 2021.

El Ejecutivo dirigió la nación desde el 15 de enero, tras laboriosas negociaciones para cerrar un pacto de coalición después de los comicios de octubre de 2024.

Pero desde abril de 2021, los bloqueos y vetos cruzados entre partidos impiden la formación de gobiernos estables, lo que aumenta la desconfianza ciudadana hacia una élite política acusada de corrupción generalizada.

El 2026 abrirá otro periodo de incertidumbre ante otra cita electoral de desenlace impredecible, ya que el GERB (Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria) del ex primer ministro Boiko Borisov, la fuerza más votada, dejó claro que no negociará pacto alguno de gobierno con la actual distribución parlamentaria.

Las tres formaciones en el poder carecen de mayoría y dependen del apoyo del minoritario DPS-Nuevo Comienzo, liderado por Delyan Peevski, un oligarca sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido, para sacar adelante leyes en la Cámara.

LA ENTRADA EN LA ZONA EURO

En un mensaje a sus seguidores transmitido en Facebook, el ex primer ministro Borisov defendió que las próximas elecciones deben celebrarse cuanto antes, previsiblemente en marzo venidero.

Pero antes de convocar los comicios anticipados, el presidente deberá entregar el mandato de formar Gobierno a los líderes de las tres fuerzas más votadas y conceder a cada una un periodo para intentar acuerdos.

En medio de esa situación crece el temor ciudadano de que la adopción del euro provoque más encarecimientos por lo que Borisov advirtió que “No habrá reformateo […] Nos ocuparemos de evitar subidas de precios, pero este Gobierno dimitido ya no opera”, afirmó.

Tal situación apunta a que Bulgaria será el primer Estado que reciba la moneda única con un Ejecutivo dimitido, aunque aún en funciones.

La entrada de Sofía a la zona euro fue aprobada formalmente por los ministros de Economía de los Veintisiete después de que el Eurogrupo, los líderes de la UE y el Parlamento comunitario respaldaran la decisión tras constatar que el país cumplió con los requisitos necesarios.

Además, el Ejecutivo de la UE valoró otros factores como la existencia de productos, servicios y mercados financieros en Bulgaria muy integrados con el resto de la eurozona, la ausencia de desequilibrios macroeconómicos graves o la mejora en la posición exterior del país.

El informe de Bruselas citó una serie de retos para las autoridades nacionales: la mejora del marco regulatorio y la lucha contra la corrupción, la independencia judicial, la eficiencia de la administración y la contratación pública, la inclusión social y paliar la excesiva dependencia de los combustibles fósiles.

Tocará al próximo gobierno trabajar para asegurar el cumplimiento de tales demandas que están en consonancia con los reclamos de las manifestantes que por varios años buscan la estabilidad de un país que hoy no ofrece garantías para sus habitantes.

LAS PROTESTAS MASIVAS DE JÓVENES

“¡Dimisión! Fuera Peevski y Borisov del poder”, gritaban decenas de miles de personas por las calles de Sofía y otras ciudades en días recientes para reclamar la salida del Gobierno y la convocatoria de elecciones.

Convocadas por el partido europeísta PP-DB, las manifestaciones sumaron a numerosos jóvenes y estudiantes que denunciaron la corrupción endémica de la élite política y exigieron cambios profundos para garantizar un futuro sin la necesidad de emigrar, según reflejó en su momento la prensa nacional.

Borisov y Peevski concentraron las denuncias, pues, aunque no forman parte del gabinete, ejercen, según analistas, un peso determinante en las decisiones del Ejecutivo de Zhelyazkov, además de ejercer influencia sobre el sistema judicial, los servicios de seguridad, gran parte de los medios de comunicación y otros sectores estratégicos de la economía del país.

Según una encuesta reciente, las protestas debilitaron el apoyo al GERB, vencedor de las últimas elecciones, mientras un 82 por ciento de los consultados reclama un cambio en el modelo de gobierno, incluida la renovación de líderes y un sistema judicial más eficiente.

Los ciudadanos denuncian que las leyes actuales y un poder judicial parcial protegen a una élite corrupta, por lo que exigen una reforma del sistema electoral, según reportes de la prensa nacional.

Así, queda por ver si el próximo año los reclamos de la población se ven satisfechos en un país que ocupa el penúltimo lugar en cuanto al índice de percepción de corrupción, de acuerdo con las estadísticas publicadas por la organización Transparencia Internacional.

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