Por Juan Carlos Díaz Guerrero

Corresponsal jefe en Venezuela

Al terminar en Caracas el segundo ciclo de conversaciones -del 17 al 25 de septiembre-, las delegaciones alcanzaron importantes acuerdos dirigidos a la transformación del país; algunos lo celebran a “todo bombo y platillo”, mientras otros lo miran con resquemor y reticencia.

La libertad de expresión, el derecho a la información y el fortalecimiento del sistema de justicia centraron siete sesiones de trabajo, dos plenarias y cinco mesas técnicas, las cuales derivaron en varios acuerdos que, de hecho, marchan casi paralelo a los acontecimientos.

Los compromisos contraídos en este segundo ciclo mostraron la coherencia con que se viene trabajando de forma acelerada en lo que llaman las autoridades el “Renacer de Venezuela”, para lograr mayor democracia, mejorar la convivencia y lograr “un país más libre para todos”.

No pueden obviarse otras lecturas de sectores populares y de alguna intelectualidad, que observan el proceso con recelo y preocupación al deducir que se trata de un retroceso y de ceder el espacio ganado por la Revolución bolivariana en los últimos 27 años.

Pocas horas antes de darse a conocer los acuerdos ante la prensa nacional y extranjera por los máximos representantes de las delegaciones, Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, respectivamente, el Ministerio para la Comunicación e Información (Mippci) emitió un comunicado.

El texto reafirmó el compromiso del Gobierno venezolano con el derecho a la diversidad de pensamiento, con la aspiración de que la “comunicación esté comprometida con el interés nacional y el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo”.

Reconoció que la mandataria encargada recibió con beneplácito los aportes de los distintos espacios de diálogo que avanzan en el país entre representantes del Gobierno nacional y los exdiputados de la extinta Asamblea Nacional 2015-2020 y el Programa para la Paz y la convivencia Democrática.

En atención a este esfuerzo conjunto, “la jefa de Estado ordenó el desbloqueo inmediato de un conjunto de plataformas y portales web”, indicó la nota oficial.

En este contexto, Organizaciones No Gubernamentales anunciaron la excarcelación de decenas personas privadas de libertad en diversos centros de reclusión, así como el desbloqueo por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de medios y portales web adversos.

Los planteamientos del Mippci estuvieron a tono con las declaraciones de Rodríguez y Figuera, concluida el viernes 25 de septiembre la última cita de este segundo ciclo, dos días después de lo previsto.

PERFECCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA

Lo que parece ya una norma, ocurrió al terminar el primer encuentro en agosto; las conclusiones fueron leídas a dos voces, en las que cada parte expuso las esencias de lo pactado, en mensaje claro de entendimiento y comprensión de lo logrado.

También se expuso la metodología utilizada que, en esta ocasión, fueron mesas técnicas especiales para debatir sobre libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información, además del fortalecimiento de la democracia y el Poder Judicial.

El titular del actual parlamento, Jorge Rodríguez, fue el primero en informar los acuerdos que apoyaron el anuncio del Gobierno nacional, de “acompañar y ampliar” el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web y medios electrónicos como parte de los aportes realizados en la mesa de diálogo.

Estas contribuciones buscan fortalecer la “libre expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información”, para lo que invitaron a todo el sistema de comunicación público y privado a contribuir, desde sus espacios, a “la responsabilidad y convivencia democrática, la paz y unión nacional”.

Pretenden impulsar, asimismo, una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional con todos los actores involucrados e incluye la revisión de los instrumentos legales que lo requieran.

Figuera, líder y vocera de la extinta Asamblea Nacional, planteó lo relacionado a los temas de la mesa dos, sobre el fortalecimiento de la democracia y Poder Judicial.

Sobre el particular, las delegaciones convinieron en conformar el Consejo de Revisión de Credenciales y requisitos de postulados al Tribunal Supremo de Justicia, el cual está integrado por siete doctores de amplia trayectoria, expertos en derecho penal, constitucional, administrativo y laboral.

Integran este grupo los juristas Belén Ramírez, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia; Rogelio Pérez, doctor en Derecho; Bernardo Pulido Márquez, especialista en Derecho Constitucional; Silio Sánchez, magistrado suplente del TSJ; y Deyanira Nieves, quien presidió la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo.

Lo completan Federico Fuenmayor, especialista en materia penal y garantías constitucionales; y María Bernardoni, exministra del Trabajo y doctora en Derecho.

El grupo tendrá la responsabilidad de establecer los requisitos para que el Comité de Postulaciones Judiciales, ya modificado por el parlamento a comienzos de septiembre, garantice transparencia, rigor y calidad en el proceso de selección de los aspirantes a magistrados del máximo tribunal de justicia.

En sesión plenaria a inicios de septiembre, la Asamblea Nacional sancionó por unanimidad, en segunda discusión, el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del TSJ.

El acuerdo estableció pasar a 23 miembros el Comité de Postulaciones, que antes tenía 21, de los cuales mantendrá 11 diputados elegidos en el parlamento, y aumentar a 12 los integrantes de la sociedad civil.

Su selección deberá ocurrir en reunión ordinaria del Poder Legislativo con la designación de la comisión preliminar y la publicación del cronograma de procedimiento correspondiente.

Rodríguez y Figuera, al rubricar el documento, se comprometieron a mantener las discusiones y dar seguimiento a los acuerdos, así como a continuar en el análisis y revisión de los instrumentos legislativos necesarios para la transformación del sistema judicial.

Al intervenir en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, la mandataria encargada, a tono con los acontecimientos en su país, manifestó que Venezuela inició “un proceso de transformación democrática para su renacer”.

Destacó que este es ordenado, institucional y verificable para “construir un país más libre para todos, más próspero y más reconciliado consigo mismo”.

ESPALDARAZO DEL PSUV

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como mayor fuerza política del país, unido al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, desde el primer momento dio su apoyo incondicional a la mesa de diálogo político, a los temas y a los representantes del Gobierno, encabezado por Jorge Rodríguez.

En sus más recientes declaraciones, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, ratificó el “respaldo absoluto” del Partido a las conversaciones y reafirmó el “apoyo y aval absoluto” a quienes conforman el equipo del Ejecutivo.

Cabello reafirmó ante la prensa que la posición del PSUV es la de prevenir abusos de poder y velar por la atención social directa de las comunidades vulnerables.

“Todos los días es una lucha interna para que no haya abusos de ningún tipo”, aseguró el también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela.

Luego de finalizada la segunda etapa de diálogo, el presidente de la Asamblea Nacional adelantó que el próximo encuentro tendría lugar a mediados de octubre.

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