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viernes 24 de mayo de 2024
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El Salvador y la reforma constitucional

San Salvador (Prensa Latina) La reforma constitucional en El Salvador es un ejercicio perentorio si se toman en cuenta valoraciones de juristas, políticos y la población local.

Por Luis Beatón

Corresponsal jefe en El Salvador

La Constitución de 1983, vigente, no responde a las necesidades del país, valoró el abogado y analista Julio Valdivieso, aun sin adentrarse en el análisis de presuntas violaciones que ocurrieron durante el año electoral comprendido entre 2023 e inicios de 2024.

En términos concretos, ¿qué es la reforma de la Constitución? Se entiende como la actividad normativa que contempla modificarla parcial o totalmente por medio de órganos especiales y procedimientos definidos en la Ley.

A pocos meses de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024, la Asamblea Legislativa cambió, a propuesta del Poder Ejecutivo, su número de diputados y la forma en la que se reparten los escaños.

La reforma al Código Electoral se aprobó en la madrugada del miércoles 7 de junio de 2023, sin análisis ni discusión previos, y de hecho, la representatividad de la población en el Legislativo. Así se cerraron espacios a partidos pequeños y se modificaron las circunscripciones electorales.

Pese a las protestas de agrupaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil y sectores opositores de diversas tendencias, a menos de ocho meses de las elecciones de 2024 el oficialismo cambió el sistema electoral.

El Salvador amaneció el 7 de junio de 2023, y a menos de ocho meses de los comicios presidenciales, legislativos y municipales de 2024, con un nuevo sistema electoral.

Se bajó de 84 a 60 el número de diputados y se modificó el sistema con el que se calculaba cuántos escaños ganaba cada partido; anteriormente permitía la participación de organizaciones políticas más pequeñas.

Para preocupación de muchos, esa reforma no fue discutida ni aprobada por la comisión de asuntos electorales, sino que se introdujo a la agenda de la sesión plenaria del miércoles 6 de junio por la noche, con dispensa de trámite.

Esa acción fue anunciada unos días antes, el 1 de junio, durante el discurso por el cuarto año de gobierno de Nayib Bukele, quien también dijo que reduciría de 262 a 44 los municipios del país y, por tanto, la cantidad de alcaldes que serían elegidos.

Sin duda esa acción “legal” del sistema electoral tendría implicaciones serias en la pluralidad y en la representación de sectores minoritarios de la población, aseguraron analistas y juristas consultados tras el madrugón legislativo, pero también fue el resultado de una concatenación de movimientos con los que el actual gobierno concentró el poder.

La Asamblea Legislativa cuenta con mayoría afín, algo que según la oposición comenzó el 1 de mayo de 2021, con la remoción ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, actualmente ocupada por jueces alineados al oficialismo.

El 15 de septiembre de 2022, el presidente Bukele anunció que buscaría la reelección presidencial, pese a que la Constitución lo prohibía.

En tanto, el 15 de marzo de 2023, también con dispensa de trámite y sin consulta ni análisis previos, la Asamblea derogó el artículo 291-A del Código Electoral, que prohibía hacer cambios o reformas, un año antes de los comicios.

Con las reformas sobre la asignación de diputaciones se violentó el principio de pluralismo político, esencial para el mantenimiento de un sistema democrático, opinaron juristas.

Ruth López, especialista en temas electorales, entre otros, opinó que se establecieron reglas “que son retrocesos en cuanto a la mejor distribución del poder entre los diferentes actores políticos, porque eliminan las minorías y cada vez más se establece una tiranía de la supuesta mayoría que actualmente se encuentra gobernando la Asamblea Legislativa”.

“Un año antes de celebrarse cualquier tipo de elección, no se admitirá ninguna modificación a las reglas que rigen el proceso electoral, salvo aquellas que sean estrictamente necesarias para ejecutar algún aspecto de la elección”, eso decía Art. 291-A del Código Electoral, derogado el 15 de marzo de 2023.

LA REALIDAD DESPUES DEL 4 DE FEBRERO DE 2024

Citado por el Diario El Salvador, afín al gobierno, el analista Julio Valdivieso manifestó: “Creo que ya llegó el momento, de eso estoy consciente, que las condiciones, sociales, económicas y políticas del constituyente del 83 se agotaron.

“Es necesario poner sobre la mesa, sobre la amplia discusión, qué temas debes llevar para debatir y, sobre todo, para ponerlos, qué es lo que va a regir. […] La Constitución de la República es la base fundamental”, valoró.

Opinó que asuntos como la forma de Gobierno y el rol de las organizaciones políticas deben abordarse en la discusión. “Mientras este libro esté vigente (Constitución de la República) no hay forma de quitarle esa hegemonía a los partidos, por eso creo que la reforma va a ir orientada, precisamente, a hacer un análisis sobre si el sistema político nuestro sigue siendo valedero”.

Según analistas como el doctor Óscar Picardo, de la Universidad Francisco Gavidia, hay un hartazgo de la población hacia todos los partidos políticos, lo cual llama a la reflexión, si no son la forma de acceder al poder debe de buscarse una alternativa, un instrumento, un vehículo que le permita ese ejercicio, valoran otros juristas.

El diario El Salvador en una aproximación al tema destacó que en las elecciones anteriores, partidos tradicionales como Arena y el FMLN fueron relegados por la población.

Al abogar por la reforma, Valdivieso subrayó que toda esa columna vertebral del Estado y su forma de Gobierno “creo que debe ser analizada. Muchos dicen que no habrá reforma constitucional, yo sí creo que la habrá, por lo menos un anteproyecto de ley”, añadió.

Por indicaciones del presidente Nayib Bukele, el vicepresidente Félix Ulloa lideró el Equipo Ad Hoc que desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2021 trabajó un proyecto de reforma constitucional con organizaciones, instituciones, entidades de pensamiento, iglesias y diversos movimientos.

No obstante, recientemente el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que no está en agenda una reforma de la Constitución.

Sin embargo, en declaraciones a medios de prensa los analistas Juan Contreras y Tahnya Pastor consideraron que es el momento para reformar la Constitución de la República vigente desde 1983, con la finalidad de modernizar el aparataje del Estado.

Contreras estimó que, siguiendo el proceso establecido en la Carta Magna, la actual legislatura del período 2021-2024 puede aprobar un proyecto de reformas y la siguiente ratificarlo, en ambos casos la Asamblea estará dominada por mayoría de parlamentarios afines al partido en el gobierno, Nuevas Ideas.

Ambos coincidieron que en una eventual reforma se debe modificar el mecanismo para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Creo que es necesario hacer reformas a la Constitución, pero considero que la más importante es la conformación del Tribunal Supremo Electoral”, dijo Contreras.

El ente rector de las elecciones en el país fue acusado reiteradamente de ser ninguneado por el gobierno y el Partido Nuevas Ideas durante el reciente proceso electivo para beneficiar a sus candidatos, algo que el foro negó.

El texto constitucional vigente establece en el artículo 208 que tres de los cinco magistrados del TSE serán electos por la propuesta de los tres partidos políticos o las coaliciones que obtuvieron el mayor número de votos en la última elección presidencial.

La última de esa naturaleza fue el 4 de febrero pasado y, con base en el escrutinio final del TSE, los tres partidos que obtuvieron el mayor número de votos fueron Nuevas Ideas (2,701,725), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con 204 mil 167 y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) con 177 mil 881.

Hay muchas artículos de la Constitución que deben modificarse, incluso algunos expertos legales estiman la introducción de elementos como el plebiscito y el referendo para que sea el pueblo quien decida las modificaciones de la ley primera de la República.

Aunque el gobierno trabajó en la reforma con el equipo encabezado por Ulloa, aún el cambio es una asignatura pendiente en El Salvador.

arb/lb

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