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sábado 25 de mayo de 2024
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El Salvador y la defensa ciudadana de la memoria histórica

San Salvador (Prensa Latina) Los esfuerzos del gobierno del presidente Nayib Bukele para anular la recordación por los salvadoreños de los Acuerdos de Paz suscritos el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, Ciudad de México, enfrentan oposición de la sociedad civil.

Por Luis Beatón

Corresponsal jefe en El Salvador

Pese a contar con un sólido respaldo entre la población debido a la efectividad de su lucha contra las maras o pandillas, los intentos del mandatario de eliminar del imaginario popular el pacto que luego de años de negociación puso fin a la guerra civil (más de 75 mil víctimas), son desafiados.

De no haberse alcanzado el fin de la guerra hoy no existiría este gobierno, ni los que le antecedieron y respondieron a intereses de la época. Eso es parte de la memoria histórica, algo que no se olvida para evitar se repitan los hechos, más cuando no faltan alertas de agrupaciones de la sociedad civil sobre el presunto surgimiento de una dictadura, opinan pobladores.

“La destrucción de monumentos a la paz (entre ellos, el de la Reconciliación) no van a destruir nuestra conciencia. Nosotros y nosotras somos memoria viva de las luchas del pueblo salvadoreño, y por la construcción de una patria libre, justa, democrática, que quiere la paz”, dijo recientemente Marisela Ramírez, integrante del Bloque de Resistencias y Rebeldía Popular (BRRP).

“Con la firma de estos Acuerdos de Paz, el pueblo derrotó a una dictadura militar y se abrió el proceso hacia la democracia. La dictadura militar marcó sin lugar a dudas una época aberrante en la historia de nuestro país, y… reiteramos el mensaje que dictaduras militares nunca más”, puntualizó.

Largamente negociado y dilatado en el tiempo, los acuerdos fueron arropados por organizaciones internacionales como Naciones Unidas, algo que este redactor contempló durante un entrenamiento en radio y otras modalidades periodísticas en el edificio de Ciudad de México donde radicaban las oficinas del Centro de Información de la ONU para México, Cuba y República Dominicana (CINU).

Hermetismo, ningún acceso a la prensa y mucha discreción se observó en las reuniones que por esa época de 1989 transcurrían en el edificio sede de varias agencias de la ONU, entre ellas, el PNUD. Según mi jefe en esa época, el chileno Mario Zamorano, director del CINU, era un proceso “tenso, que requería el esfuerzo de las partes” para concretarse.

Fueron años de muchas tensiones, de presiones, de amenazas de retirada de algunas de las partes pero al fin el sufrimiento del pueblo salvadoreño se detuvo al concretarse la paz, la misma que años después destrozaron las pandillas y la falta de políticas de seguridad efectivas como las que sí aplicó el gobierno de Bukele.

Negar la memoria histórica no es la solución, destruir monumentos no lo es, la ruta hacia la paz social está en juego y no puede ser borrada, según reiteran voceros de la sociedad civil salvadoreña.

“Es por esto que marchamos, porque creemos que hay toda una estrategia del actual gobierno de hacer el intento de suprimir todo este proceso de lucha del pueblo, que al final consolidó las bases que ahora tenemos en la construcción de la democracia y este es el momento preciso para levantar la voz”, subrayó Ramírez, la activista del BRRP.

“Mostremos ese apoyo a la paz, a la reconciliación y el repudio a este gobierno por estar dedicando tiempo y recursos para destruir símbolos de paz, que ayudaron mucho en la democratización de este país”, llamó Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).

Mientras, uno de los participantes en el conflicto armado, Patrocinio Dubón, excombatiente y miembro del Movimiento de Defensa de la Tierra (MDT), llamó a todos los sectores sociales a pronunciarse, al señalar que la población cuenta con derechos como la libertad de expresión para denunciar las arbitrariedades.

“Salgamos a la calle como lo hicimos en los años 80, cuando hombres y mujeres valientes nos opusimos a una maquinaria gubernamental que no sólo contaba con el apoyo nacional, sino que tenía el apoyo del gobierno estadounidense durante el conflicto; los Acuerdos de Paz deben seguir siendo una conquista colectiva del pueblo salvadoreño”, sostuvo el activista.

Gran parte de los que participarán en la protesta aquí en San Salvador el 14 de enero, son contrarios a que se elimine lo que marca la historia del país y recuerdan que sin Acuerdos de Paz no hubieran existido los gobiernos de la derecha representado por Arena ni los de izquierda del Frente Farabundo Martí, y menos aún Bukele con Nuevas Ideas.

En este 32 aniversario, algunos voceros intentarán recordarle al gobierno que lo firmado en 1992 no fue una “farsa”, sino la semilla de lo que hoy vive la población en medio de las turbulentas aguas de un mundo imprevisible, de crisis sistémicas de la economía y de afectaciones al entorno ambiental.

Es previsible que ideas como esta se escuchen entre lemas y denuncias de los participantes en la marcha desde el Parque Cuscatlán en San Salvador hasta la histórica Plaza Capitán General Gerardo Barrios -conocida como Plaza Cívica-, en el corazón de la capital, sitio de encuentro con la historia, donde el pueblo siempre expresó su rebeldía, según los organizadores.

El 16 de enero se cumplen 32 años de la firma de los Acuerdos de Paz (1992), los cuales pusieron fin a 12 años de conflicto armado interno en El Salvador, el cual dejó unas 75 mil personas fallecidas, unos ocho mil desaparecidos y cientos de masacres.

La guerra civil (1980-1992) enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido político de oposición.

La conmemoración de la firma de la paz se da en momentos en que el país centroamericano se encuentra bajo un polémico régimen de excepción para combatir a las pandillas y en medio de un ambiente político y electoral de cara a los comicios presidenciales del 4 de febrero, en los que Bukele buscará la reelección a pesar que la Constitución lo prohíbe.

El proceso de paz salvadoreño demostró que el diálogo y la escucha pueden solucionar controversias y abrir paso al florecimiento de la sociedad, a una construcción conjunta donde las oportunidades de fortalecer la institucionalidad y la participación democrática sean tangibles, aunque requieran trabajo constante.

Entre los principales objetivos de los Acuerdos, además del alto el fuego, estaba la democratización del país y de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, e incluía la reconciliación de la sociedad, objetivos que permitieron tener gobiernos como los anteriores y el del propio Bukele.

Lo pactado entre el gobierno y las fuerzas guerrilleras en 1992 terminaron 12 años de asesinatos y desapariciones, modificaron el entramado de las fuerzas armadas, reformaron el Órgano Judicial y reconocieron las graves violaciones a los derechos humanos de la época.

Los llamados “Acuerdos de Chapultepec” deben ser reconocidos como la semilla de lo que existe ahora en El Salvador y según entendidos no se puede tapar el sol con un dedo, el mismo que continuará iluminando la historia salvadoreña.

Según un artículo de 2022 de Marcos González Díaz, corresponsal de BBC News Mundo en México y Centroamérica, “que Bukele haya anulado la conmemoración de los Acuerdos de Paz de El Salvador de hace 30 años es aberrante y nefasto”.

Son heridas que no cierran y no faltan reclamos como el de Oscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos, impulsor de la causa contra los asesinos en 1982 de cuatro periodistas holandeses, quien afirma que “la impunidad de ayer es la impunidad de hoy”.

Pese a que la Asamblea Legislativa, donde el partido de Bukele tiene mayoría, aprobó en 2022 un decreto para eliminar la conmemoración porque “lejos de representar un beneficio para la población salvadoreña, se constituyeron como el inicio de una era de corrupción”, el sentir popular demuestra lo contrario, pues el pacto puso fin al tronar de las armas.

Aun algunos recuerdan que gestores de la paz como Óscar Arnulfo Romero, dirigentes políticos y otros asesinados no pueden ser borrados, tampoco los mismos acuerdos; hay que respetar la institucionalidad y abrir procesos de diálogo y entendimiento para que lleguen a superarse los conflictos.

arb/lb

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