Por Luis Beatón
Corresponsal jefe en El Salvador
Lejos de esto y más actualizadas están las afirmaciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien asegura que su país tiene la más alta concentración de oro en el mundo, algo que genera polémica.
En El Salvador, en hipótesis, existen los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo por la actividad volcánica, manifestó el mandatario al citar estudios que presuntamente identificaron parajes donde existen 50 millones de onzas de oro valoradas hoy en 131 mil 565 millones de dólares.
Tamaña cifra significaría la holgura para el país y la posibilidad de que Bukele cumpla su promesa de solucionar todos los problemas económicos de los compatriotas. Habría fondos para todos sus proyectos, y no recibiría críticas por las podas a los presupuestos de salud y educación, temas controversiales hoy.
El ingeniero Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada (Cesta), rechazó la teoría del mandatario, de que el país tenga la concentración más alta de oro en el mundo.
“Estamos sumamente sorprendidos por las decisiones del presidente Bukele de querer explotar la minería metálica en el país. Él dice que aquí tenemos la concentración de oro más grande del mundo, eso es totalmente falso”, afirmó Navarro el 28 de noviembre.
El experto puso en dudas que el país, por estar dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, tenga esos recursos. “Eso se basa en una ciencia que no existe”, dijo.
Expresó que hace años las compañías mineras se alejaron porque la concentración de oro es bien baja y en la época no era económicamente viable, pero ahora hay nuevos intereses porque “el precio del oro ha subido. Por eso le quieren caer a estos yacimientos”, precisó.
Navarro calificó como “error” la apuesta de Bukele por la minería y la energía nuclear, que “son cosas, sostuvo, que ya se están deteniendo” ante los daños medioambientales.
Asimismo, Luis González, miembro de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, quien pone en duda los estimados de concentración áurea, estimó que es inviable su explotación por el daño a los bienes hídricos, a los ecosistemas y a la población.
La extracción del oro y conceder licencia a las grandes mineras va a destruir el país y afectar la capacidad del ecosistema de darnos vida y de mantenerla, y es lo que no se debe permitir, puntualizó.
Hay historias por contar sobre el tema oro en El Salvador, que siempre involucraron a personeros locales y a transnacionales en busca de ganancias, sin importar el daño a los pueblos.
En 2008, el gobierno de turno presidido por el cuarto y último presidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Elías Antonio Saca, autorizó permisos a 29 proyectos de exploración de 11 empresas mineras, especialmente de Estados Unidos y Canadá.
Aún la minería metálica no estaba prohibida en El Salvador, como ocurrió en marzo de 2017.
La historia de la actividad minera en El Salvador, especialmente de oro y plata, se remonta a tiempos de la colonia. Los primeros registros de producción minera datan de 1780, sin embargo, en los últimos años grandes empresas mineras tratan de expandir sus operaciones en Centroamérica.
En respuesta, hay un fuerte movimiento de ambientalistas y pobladores, entre ellos, integrantes de la Asociación del Desarrollo Socioeconómico de Santa Marta (ADES) quienes enfrentan un proceso judicial que presuntamente trata de eliminar las protestas en el departamento de Cabañas, por su supuesto gran potencial de oro.
Desde finales de la década de los 90, El Salvador se perfila cada vez más como un territorio en disputa por los recursos naturales.
La lucha por el acceso, control, disposición y uso de los territorios y sus recursos se perfila como una de las estrategias de generación de ganancias más rentables, sobre todo tras las reiteradas crisis de precios de las materias primas a nivel internacional.
Una de las actividades principales en este escenario es la minería metálica, pues el oro y la plata son muy cotizados en los mercados mundiales.
Aunque el presidente salvadoreño insiste que el suyo es el único país en que está prohibida la minería metálica y busca revertir esa ley, dicha actividad genera altos índices de contaminación de la tierra y del agua, así como una alta incidencia sobre la destrucción mediata de la vida silvestre, tanto animal como vegetal.
En las protestas contra este tipo de explotación de los recursos, no faltaron acciones violentas contra los opositores a la acción de las mineras.
En julio de 2009, el cuerpo de Marcelo Rivera, conocido ambientalista de Cabañas, fue encontrado muerto, con señales de tortura y tras varios días de estar desaparecido, en un pozo abandonado en el municipio de Ilobasco.
Unos meses más tarde fue asesinado Ramiro Rivera Gómez, también activista de la lucha antiminera, quien ya había sufrido un ataque en agosto de 2009, recibiendo ocho disparos con arma larga, hecho del que se salvó y por el cual le fue otorgada la protección a víctimas y testigos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).
Después de una ardua lucha de 12 años, la cual generó una gran alianza que incluyó comunidades afectadas por la minería a través del territorio nacional, organizaciones sociales, religiosas y estudiantiles, gobiernos locales, ONG e instituciones estatales, la minería fue finalmente prohibida en El Salvador en marzo de 2017.
Hoy Bukele plantea levantar su prohibición total en El Salvador para obtener recursos.
En ese empeño resaltó a través de las redes sociales que toda la riqueza potencial en oro existente en El Salvador podría ser de “tres billones de dólares”, lo que equivaldría, según sus cálculos, a 8.800 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que cerró en 2023 en 34 mil 015 millones.
“Somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. ¡Absurdo!”, escribió en la red social X, antes Twitter.
Ahora, el presidente Bukele plantea que la extracción de oro es una riqueza que podría transformar El Salvador y apuntó que generaría miles de empleos de calidad, que financiaría ‘infraestructura en todo el país e impulsaría economías locales.
Mientras, los que adversan ese empeño señalan que tal acción traerá problemas, muerte y contaminación, además, complicará la situación en el país.
Un analista dijo que el presidente, si quiere mejorar la situación económica, debe de dejar de gastar tanto en propaganda y disminuir los recursos a la Fuerza Armada.
Sin dudas, es un escenario complicado donde un presidente con más del 90 por ciento de aprobación en su gestión, se aventura en un campo peligroso que tal vez, más que sumar, le reste popularidad en el país.
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