Por Luis Beatón

Corresponsal jefe en El Salvador

Este 24 de marzo se cumplen 46 años del martirio de Romero y, sus asesinos, tanto los intelectuales como los materiales, o están viviendo ocultos o ya fallecieron ante una justicia pecaminosa que se venda el rostro para no ver la realidad, sostienen analistas.

¿Quién mató a monseñor Romero?, es una interrogante que se repite a lo largo de los 46 años, desde que se cometió el crimen que estremeció a la sociedad salvadoreña y que, según informes, involucró a los temidos Escuadrones de la Muerte.

Investigadores y testigos de la época indican que al pastor lo sentenció a muerte su prédica a favor de su pueblo, de los pobres y de los que caían víctimas de la represión de los militares de la época.

Estos son fragmentos de la homilía que pronunció el 23 de marzo de 1980, ante la violencia y la represión que sufría su pueblo y mantenía al país sumido en una guerra en la que Estados Unidos invertía un millón de dólares diarios para evitar el triunfo de las fuerzas populares:

“¡Hermanos! ¡Son de nuestro pueblo! ¡Matan a sus mismos hermanos campesinos! Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios.

“La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre.

“En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!”.

¿Quién lo asesinó?, es la pregunta que la justicia no responde, las investigaciones no se ejecutan, los posibles testigos desaparecen, los presuntos autores intelectuales se esconden, presuntamente en suelo estadounidense o en algún lugar del mundo.

Lo más claro que se escucha hoy es que San Romero fue asesinado en una acción planificada y ejecutada por un Escuadrón de la Muerte de extrema derecha, integrado por allegados y personas cercanas al exmayor Roberto D´Aubuisson.

En este 46 aniversario, una vez más aflora la falta de avances en el proceso penal contra los supuestos autores intelectuales de este crimen tras su reapertura en 2017.

La investigación para esclarecer el asesinato contra “La voz de los sin voz”, como era llamado Romero, languidece mientras los fiscales no terminan de enrutar el proceso, tal vez esperando que el paso del tiempo borre huellas del crimen o los autores mueran en la impunidad. El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador dictó en mayo de 2017 la reapertura de la causa por el homicidio y en octubre de 2018 ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación.

Al prelado lo asesinó un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador. Presuntamente el francotirador fue el doctor Antonio Regalado.

También se señalan como presuntos culpables al ya fallecido Roberto D´Aubuisson, y los capitanes Alberto Saravia y Eduardo Ávila, así como a Fernando Sagrera y Mario Molina, quienes nunca respondieron ante la justicia.

El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, de 1993, señaló como autor intelectual al mayor del Ejército D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), partido del que fue diputado y candidato presidencial.

Señaló de participar en la planificación y ejecución del asesinato a los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como a Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

El pueblo, los seguidores de Romero, los que se sintieron y aún se siente reconocidos en su prédica, tienen el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de lo sucedido y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración del crimen.

Mientras no exista voluntad política, el misterio envolverá el magnicidio de Romero y nunca se sabrá quién “con un solo disparo desde un vehículo rojo, Volkswagen, de cuatro puertas, ubicó un solo proyectil calibre 22 en el corazón del cura, causándole la muerte como consecuencia de una profusa hemorragia”, según reseñas de la época.

Presumen historiadores que el exmayor D’Aubuisson, el excapitán Álvaro Saravia y Fernando Sagrera estuvieron presentes el 24 de marzo de 1980 en la residencia de Alejandro Cáceres en San Salvador, donde llegó el capitán Eduardo Ávila y avisó que el arzobispo Romero oficiaría una misa ese mismo día.

El capitán Ávila opinó que ésta era una buena oportunidad para asesinar al Arzobispo y D’Aubuisson ordenó que se hiciese y responsabilizó al excapitán Saravia del operativo.

El recuento precisa que el capital Ávila se encargó de buscar al francotirador, mientras Amado Garay fue comisionado para transportar al asesino hasta la Capilla donde “el barbudo” mataría al arzobispo Romero.

Conjeturan que D’Aubuisson ordenó la entrega de mil colones a Walter Antonio “Musa” Álvarez quien, junto con el asesino de barba, recibió el pago correspondiente. Álvarez fue secuestrado en septiembre de 1981 y se le encontró muerto poco tiempo después.

Los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron una participación en la planificación y conducta del asesinato, así como Fernando Sagrera y Mario Molina.

Amado Antonio Garay, el motorista del excapitán Saravia, fue asignado y transportó al tirador a la Capilla, testigo de excepción cuando desde un Volkswagen rojo de cuatro puertas, el tirador disparó una sola bala calibre 22 de alta velocidad para matar al Arzobispo.

Es sorprendente constatar cuantas evidencias “hay”, pero falta la investigación precisa y que la justicia trace el rumbo para encausar a los autores del crimen y otros tantos que aún enlutan a El Salvador.

El manto de impunidad que todavía reina en El Salvador es real y, en ese sentido, cuesta entender a un pueblo que se dice y reconoce como cristiano, y que todavía a estas alturas acepte que los asesinos de su único santo se mantengan en la impunidad.

Monseñor Romero encabeza la lista de las víctimas de la impunidad en este país y es una vergüenza que le hagan santo y todavía aquí no le hagan justicia, aseguró a BBC Mundo José Lazo, coordinador de Probúsqueda, una ONG que investiga casos de desaparecidos de la Guerra Civil (1980-1992).

El hecho de que todavía no se hayan sentenciado a los responsables de su muerte y que no se esté haciendo prácticamente nada para encausarlos es un símbolo de cómo la justicia no llegó para los que sufrieron en carne propia el conflicto armado, dijo Lazo.

Los presuntos culpables, como el ya fallecido Roberto D´Aubuisson, y los capitanes Alberto Saravia y Eduardo Ávila, así como a Fernando Sagrera y Mario Molina, nunca respondieron ante la justicia.

Mientras, en El Salvador, el pueblo clama por justicia tanto por Romero como por los miles de víctimas inocentes de aquella guerra que estremeció al país en la década de los 80 del siglo XX.

arb/lb