Por Mariela Pérez Valenzuela

Corresponsal jefa en República Dominicana

Lejos de tratarse de hechos aislados, cifras recientes confirman que el maltrato infantil permanece como un fenómeno cotidiano y normalizado en el entorno familiar y comunitario.

Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), centrado en la situación de los derechos de la niñez ante las violencias en este país, revela que más del 63 por ciento de los menores entre 1 y 14 años ha sido sometido a métodos agresivos de disciplina en el hogar.

La prevalencia aumenta incluso en edades tempranas: en niños de 3 y 4 años alcanza el 70 por ciento, lo que refleja una preocupante aceptación cultural de prácticas de castigo físico y humillación como supuestas herramientas educativas.

Este escenario plantea una interrogante central para las políticas públicas: ¿cómo proteger efectivamente a la niñez cuando lo que muchos consideran un aceptable castigo se reproduce en el espacio que debería ser el más seguro?

ENTRE LA NORMALIZACIÓN Y LAS CONSECUENCIAS EXTREMAS

Aunque muchas formas de intimidación infantil se expresan en actos cotidianos -golpes, negligencia, disciplina degradante-, sus manifestaciones más extremas también son alarmantes.

De acuerdo con el informe de la Unicef, “Análisis de la Situación de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes ante las Violencias en la República Dominicana”, entre 2018 y 2022 al menos 212 menores fueron víctimas de homicidios intencionales, y solo en 2022 se registraron 33 casos.

Estas cifras evidencian que esa actitud contra la niñez no solo afecta el bienestar emocional o el desarrollo psicológico, sino que puede escalar hacia formas letales cuando el Estado y los sistemas de protección fallan en intervenir a tiempo.

Carlos Carrera, representante de Unicef en la República Dominicana, advierte que la normalización de tal situación multiplica el daño.

“Sin información estratégica y confiable, el país seguirá reaccionando tarde ante un problema que exige prevención, coordinación institucional sostenida y una voluntad política que se traduzca en acciones concretas”, sostuvo.

UN SISTEMA DE PROTECCIÓN BAJO PRESIÓN

Los datos disponibles muestran señales constantes de alerta.

Más de tres mil 400 niños, niñas y adolescentes fueron acogidos en casas de protección entre 2018 y 2023, junto a miles de mujeres víctimas de violencia.

Esto confirma un patrón ampliamente documentado en América Latina: la violencia intrafamiliar no solo daña a las féminas, sino que expone directamente a la niñez a entornos de riesgo.

En el ámbito sanitario, el incremento de casi un 45 por ciento en los casos de maltrato físico en menores de cinco años entre 2021 y 2022 refuerza la urgencia de actuar con mecanismos preventivos más robustos.

EL DESAFÍO CENTRAL: DATOS FRAGMENTADOS, RESPUESTAS LIMITADAS

Uno de los puntos señalados por Unicef y la Universidad Iberoamericana (Unibe) es la debilidad estructural en la producción y uso de información.

La fragmentación, baja comparabilidad y utilización limitada de los datos disponibles impiden que las políticas públicas respondan con eficacia proporcional a la magnitud del problema.

En este contexto, la academia aparece como un actor clave. La rectora de Unibe, Odile Camilo Vincent, destaca que originar evidencia rigurosa y oportuna es parte de la responsabilidad institucional para proteger derechos fundamentales.

La creación de una red articulada de instituciones investigadoras busca, precisamente, la transformación de estadísticas dispersas en herramientas de acción pública: presupuestos, programas y sistemas de monitoreo que permitan intervenir antes de que la transgresión se perpetúe.

“La academia tiene la responsabilidad de producir evidencia útil y oportuna que contribuya a decisiones públicas capaces de proteger efectivamente a niños, niñas y adolescentes”, sentenció Camilo Vincent.

MÁS ALLÁ DEL CASO DOMINICANO: UNA DEUDA REGIONAL

Aunque el caso de República Dominicana tiene particularidades culturales e institucionales, el fenómeno se inscribe en un desafío regional: la persistencia de modelos de crianza impetuosos, la insuficiencia de sistemas de protección y la falta de políticas sostenidas basadas en demostraciones.

La campaña “Los Datos Cuentan”, impulsada por Unicef, intenta precisamente romper el silencio estadístico y político que rodea estas prácticas. En sociedades donde el castigo físico aún se justifica como disciplina, visibilizar el problema es un primer paso hacia su erradicación.

TRANSFORMAR DATOS EN VOLUNTAD POLÍTICA

La violencia contra la niñez no es solo un desafío técnico ni un problema cultural inevitable. Es una violación de derechos humanos que requiere voluntad política, coordinación institucional y respuestas sostenidas.

Sin evidencia sólida y articulada, este fenómeno social seguirá reproduciéndose en silencio. Convertir los datos en acción es hoy una responsabilidad urgente para garantizar que cada niño pueda crecer libre de miedo, abuso y negligencia.

arb/mpv