Por Marcelo Chalreo y Luis Ventura*
Colaboradores de Prensa Latina
Para conseguir este objetivo de (re)acumulación permanente y recomposición de las tasas de lucro, los agentes del capital no han medido esfuerzos.
Las expresiones políticas neofascistas, con sus múltiples y diversas formas de incidencia, presentes en varias partes del mundo como hemos visto recientemente, también son un producto de este momento histórico. De hecho, regímenes y formas autoritarias de gobierno siempre fueron un camino para la contención de la lucha política, social y popular.
Bajo este contexto, el retroceso profundo en derechos sociales y humanos se torna regla y, en función de eso, el (neo)liberalismo acelera el paso sin obstáculos ni barreras.
En el lugar que nos cabe en ese latifundio, en esa barbarie, realizada bajo los auspicios de lo que se denomina como Estado Democrático y de Derecho, la cuenta ha sido extremamente cara y viene siendo pagada por la clase trabajadora, por los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y por amplios segmentos sociales en situación de vulnerabilidad permanente que se extienden en las periferias urbanas, donde negras/os e indígenas son la expresiva mayoría.
El retroceso y pérdida de derechos sociales y humanos fundamentales, insistimos, ha sido una rutina que atraviesa gobiernos liberales, de centro, centro-izquierda o de corte fascista.
Actúan en sintonía los llamados poderes de la República -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, que se disponen (como siempre lo hicieron, salvo momentos de baja duración e intensidad) al servicio de los intereses de los poderes económicos nacionales e internacionales.
Obviamente, hay quien pierde y hay quien gana en esta maquiavélica ecuación de profundización de nuestra historia de desigualdad social, ampliando exponencialmente la miseria del pueblo, lo que se traduce al mismo tiempo en mayor concentración de la riqueza y la renta en manos de pocos.
Para lograr sus objetivos, el capital nacional e internacional se sirve de gobiernos nacionales aquí y allá, subalternos como son al imperialismo, para ejecución de políticas públicas y sociales de naturaleza asistencialista por las que distribuyen las migajas de derechos; es decir, las que sobran y caen de las mesas donde banquetean los diversos estratos de la oligarquía. No hay límites para el curso destructivo perpetrado por los agentes políticos y económicos del capitalismo; este se da por tierra, mar y agua.
En este contexto, el agronegocio, la industria minera y el capital internacional, intrínsecamente vinculado a los dos primeros, ejercen un papel fundamental cuando se trata de solapar y desmontar derechos, aunque estos hayan sido reconocidos constitucionalmente o por tratados y convenciones internacionales.
Se incluyen aquí los derechos originarios: es decir, derechos de los pueblos que anteceden a los marcos jurídicos que estructuran los Estados modernos de Occidente a Oriente y que, por ser originarios, deberían ser interpretados y respetados como anteriores a cualquier otro derecho erigido por las sociedades que emergieron del colonialismo.
A las clases dominantes poco le importan si hay eventuales limitaciones constitucionales o legales a sus intereses de acumulación y expansión; si estas existen, precisan ser derrocadas, desfiguradas, reinterpretadas a la luz de los varios modelos de privatización de las tierras, de las aguas y del aire (el modelo de parques eólicos en Brasil y en otras partes del mundo se pone como ejemplo en este último caso).
BRASIL Y DERECHOS INNEGOCIABLES
En este panorama, destacamos la permanente y feroz disputa política y jurídica instalada en Brasil con relación a los derechos de los pueblos indígenas a los territorios que tradicionalmente ocupan.
El reconocimiento de estos derechos en la Constitución Federal de 1988 como derechos originarios, indisponibles e inalienables, nunca fue aceptado por las fuerzas económicas – nacionales e internacionales- que, a lo largo de estos 35 años utilizaron su posición privilegiada en el control de las instancias del Estado y desataron una violencia continua contra los pueblos y contra sus lugares de vida para inviabilizar, mitigar o desmantelar cualquier aproximación en la garantía de esos derechos.
Tal disputa desigual en las entrañas del Estado adoptó, en los últimos 10 años, la forma de la defensa por parte de las oligarquías de siempre, de la falaz tesis del “marco temporal”.
El poder económico pretende con esta tesis limitar fatalmente el derecho originario de los pueblos indígenas a sus territorios, determinando que ese derecho solo podría ser reconocido en el caso en que los pueblos demostrasen estar en la pose, o en disputa, de ese territorio en la fecha de 5 de octubre de 1988.
La mal llamada tesis confronta, radicalmente, la naturaleza originaria del derecho de los pueblos indígenas, anterior a la propia existencia del Estado, fruto, de hecho, del proceso colonial impuesto y legaliza la impunidad absoluta sobre todos los crímenes y atrocidades
cometidos contra los pueblos antes de 1988 y que resultaron en el espolio de sus tierras.
Solo una permanente y audaz movilización política y jurídica de los pueblos indígenas y de sectores aliados consiguió que, en septiembre de 2023, el Supremo Tribunal Federal reafirmase el carácter originario e indisponible de los derechos territoriales y declarase inconstitucional la principal tesis en disputa, que era el marco temporal.
Fue, sin duda, una victoria crucial de los pueblos indígenas, si consideramos la desigual correlación de fuerzas con los poderes económicos.
Por otro lado, una victoria parcial y limitada, porque la misma Corte, en esa misma decisión, en equivocada, amplia y excesiva interpretación del derecho a la propiedad privada, reconoció derecho indemnizatorio y de retención a aquellos que históricamente usurparon ilegal y violentamente, en complicidad con el Estado, los territorios de los pueblos.
Se compromete, de esta forma, la pose plena y efectiva de las tierras por sus legítimos dueños.
No obstante, el golpe no vendría solo de la decisión ya limitadora de la Corte, sino también del Congreso Nacional brasileño, espacio históricamente hegemonizado por las
oligarquías nacionales, donde diversas iniciativas posibilitan la continuidad del proyecto
fascista del gobierno anterior.
El Congreso, a través de sus dos Cámaras, a contramano de la Constitución Federal y de la propia decisión del Supremo Tribunal Federal, promulgó al final de 2023 la Ley 14.701/23.
Esta ley, además de instalar inconstitucionalmente la plenitud del marco temporal para la demarcación de tierras indígenas, viabiliza la disponibilidad de éstas para la explotación económica por terceros, inviabilizando así los proyectos autónomos de vida de los pueblos indígenas.
De esta forma, Brasil convive hoy con dos decisiones, una judicial y otra legislativa, que establecen marcos normativos opuestos y contradictorios entre sí.
Esta aparente paradoja, en realidad, refleja la intencionalidad política de segmentos del Estado de impedir la efectiva garantía de los derechos de los pueblos indígenas y la existencia de un acuerdo tácito entre las élites y la burocracia estatal para la permanencia de los privilegios coloniales de siempre.
Pues, esta ley es claramente inconstitucional.
Lo que cabía esperar como reacción inmediata del Supremo Tribunal Federal declarando la inconstitucionalidad de la Ley, no sucedió.
La Ley 14.701/23 permanece en vigor hasta hoy, impidiendo la demarcación de los territorios y alimentando todas las formas de violencia contra los pueblos que, legítimamente, retoman de forma autónoma las tierras que, por derecho y por origen, les pertenecen.
Aún nos parece más inadmisible que la misma Corte Suprema, abdicando de su obligación de decidir, haya constituido en junio de 2024 una “Cámara de conciliación” en que son colocados sobre el balcón de negocios –en evidente atención a los intereses del capital–, los derechos originarios de los pueblos, apuntando así para su erradicación.
Pretende el Supremo Tribunal Federal que, en nombre de “conciliación” sobre materia compleja, víctimas y verdugos lleguen a algún tipo de “acuerdo”, que no podrá
ser otro si no concesiones por parte de los pueblos y renuncia a los derechos por los que históricamente lucharon, resistieron, murieron y continúan muriendo.
Esa postura del Supremo se configura, de esta forma, como una verdadera emboscada y trampa política (y jurídica) que pretende conciliar lo que no puede ser conciliable pues estamos hablando, insistimos, de derechos fundamentales, indisponibles e inalienables, de carácter original.
La perversa artimaña que ha sido puesta en marcha en la Corte Suprema necesita ser desenmascarada y denunciada. No es aceptable que órganos, agencias del Estado y
organizaciones se sienten en una mesa donde se negocia lo innegociable.
Esto mostraría también una confesa capitulación de un gobierno impar con relación a la conciliación de clases que, como sabemos, solo producirá aún más y más retrocesos para los pueblos indígenas y, consecuentemente, también para comunidades afrodescendientes y otras comunidades tradicionales.
Imaginar la posibilidad de acuerdos, creer en eventuales avances delante de una institucionalidad que sirve esencialmente, y en todos los planos, a los intereses económicos, es extremamente ingenuo.
Solamente una organización amplia de los pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades tradicionales y sus pares de agonía y sufrimiento en el campo y en la ciudad podrá, de hecho, provocar la movilización y la lucha necesaria para el enfrentamiento y detención de esa secuencia trágica y bárbara de destrucción de derechos que está puesta en marcha en Brasil.
arb/ocs/mc-lv
*Abogado Marcelo Chalreo, presidente de la Comisión de Derechos Sociales del Colegio de Abogados de Río de Janeiro. Luis Ventura, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionario (CIMI) de Brasil.
