Por Frank González

Periodista de Prensa Latina

Un estudio realizado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, entre el 7 de octubre y el 31 de julio de 2025, concluyó que las autoridades israelíes y sus fuerzas de seguridad “han cometido y siguen cometiendo” actos de genocidio contra los palestinos.

Al precisar que el análisis se basó en lo establecido por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la entidad creada por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2021 subrayó que lo ocurrido allí, a partir del 7 de octubre de 2023, no fue algo aislado.

Por el contrario, indicó, fueron hechos precedidos por décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que exigía la expulsión de la población palestina de sus tierras y su sustitución.

Entre las manifestaciones de genocidio contra la población palestina, la Comisión comprobó asesinatos; graves daños físicos o mentales; la imposición deliberada de condiciones de vida para su destrucción física, total o parcial; y la imposición de medidas destinadas a impedir su reproducción biológica.

Israel cuenta en su actuación con el sostén de entidades corporativas, como afirma Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, en el informe “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”.

Mientras líderes políticos y gobiernos eluden sus obligaciones, demasiadas empresas se han beneficiado de la economía israelí de ocupación ilegal, segregación racial y ahora genocidio, subraya el documento presentado en la sesión del CDH en junio-julio de 2025.

La reconocida jurista italiana centró su investigación en decenas de empresas fabricantes de armas, tecnológicas, constructoras, industrias extractivas y de servicios, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades y organizaciones benéficas.

Los consorcios Lockheed Martin, IBM, Hewlett Packard, Microsoft, Google, Amazon, Caterpillar, Chevron, Airbnb, Blackrock y Vanguard, de Estados Unidos, figuran en la lista junto a otros de Italia, Japón, Dinamarca, Corea del Sur, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Alemania.

La relatora especial puntualizó en sus conclusiones que las entidades mencionadas en su informe son apenas una pequeña parte de una red mucho más amplia de participación corporativa que posibilita y lucra con las violaciones y crímenes cometidos en el territorio palestino ocupado.

JUSTICIA ESQUIVA

La necesidad de establecer normas internacionales jurídicamente vinculantes, dirigidas a prevenir y enfrentar la violación de derechos humanos por parte de empresas transnacionales y otras entidades corporativas, es un tema ampliamente debatido dentro y fuera de la ONU en las últimas cuatro décadas.

El objetivo es subsanar las falencias del derecho internacional respecto al control del cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de empresas que actúan con frecuencia al margen de la ley y con total impunidad, aprovechando su exorbitante poderío económico.

Tras iniciativas fallidas desarrolladas en instancias de la ONU desde la década de 1970, el CDH creó en 2014 un Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas “en el derecho internacional de los derechos humanos”.

La resolución que dio vida al Grupo fue aprobada por 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. El resultado de la votación por países da una idea de la polarización de fuerzas y tendencias sobre el tema en cuestión, en el punto de partida.

A favor se pronunciaron Argelia, Benin, Burkina Faso, China, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, India, Indonesia, Kazajstán, Kenya, Marruecos, Namibia, Pakistán, Sudáfrica, Venezuela y Vietnam.

En contra sufragaron Alemania, Austria, Estados Unidos, Estonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, Reino Unido, República Checa, República de Corea y Rumania.

Finalmente se abstuvieron Arabia Saudita, Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Kuwait, Maldivas, México, Perú y Sierra Leona.

Representantes de Estados y de la sociedad civil participan en las deliberaciones y sesiones anuales del órgano, centradas en la revisión de sucesivos proyectos derivados del original presentado en la cuarta reunión, en 2018. La primera sesión se efectuó en 2015 y la duodécima será en octubre próximo.

La tarea del Grupo es ardua teniendo en cuenta la diversidad de actores con intereses contrapuestos: de un lado, las organizaciones de la sociedad civil y países del Sur Global, y del otro el lobby corporativo y las naciones del norte industrializado donde tienen sus sedes centrales las corporaciones transnacionales.

arb/fgg

Tomado del periódico Negocios en Cuba