Por Deisy Francis Mexidor

Corresponsal jefa en Estados Unidos

“Niños y familias en todo Estados Unidos corren el riesgo de perder una cobertura médica asequible y el acceso a comidas saludables para de financiar una reducción masiva de impuestos para multimillonarios y grandes corporaciones”, advirtió la congresista demócrata por Florida Kathy Castor.

Avalada por solo un voto de ventaja (215-214), a la iniciativa, que genera no pocas preocupaciones, le queda camino por recorrer, pues tiene todavía que sortear los obstáculos en el Senado antes de llegar al escritorio de Trump.

La presión para aprobar la propuesta en la Cámara Baja puso a prueba la influencia del mandatario y del presidente del hemiciclo, Mike Johnson. Se entablaron intensas y maratónicas negociaciones sobre el proyecto de ley, y Trump hasta se reunió a puerta cerrada con los republicanos del ente para instarlos a que le dieran el esperado apoyo.

Un reciente artículo publicado en Common Dreams advirtió que para amplios sectores de la sociedad les será más difícil cubrir sus necesidades básicas y la atención médica vital, y otorgaría exenciones fiscales cada vez mayores a los hogares más ricos.

Datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso dejan claros los efectos de la agenda republicana de la Cámara Baja: cerca de 15 millones de personas perderán su cobertura médica, millones también ya no contarían con asistencia alimentaria, incluidos dos millones o más de niños.

Esas estadísticas refieren igualmente que el 10 por ciento de los hogares con los ingresos más bajos se perjudicarán, mientras que los más ricos se enriquecerían en decenas o incluso cientos de miles de dólares cada año.

Los análisis arrojan que billones de dólares se añadirán a la deuda de Estados Unidos durante la década, lo que empeoraría el panorama fiscal a largo plazo y aumentaría el riesgo para la economía.

El artículo periodístico afirmó que los republicanos de la Cámara de Representantes están abandonando un compromiso bipartidista de 50 años para garantizar que los niños de familias con bajos ingresos reciban la ayuda necesaria, sin importar en qué estado vivan, con impactos potencialmente devastadores en su salud, educación y futuro.

Las disposiciones sanitarias extremas provocarían una reducción sin precedentes en la cobertura médica y aumentarían los costos de salud para millones de personas, añadió.

“No se equivoquen: la principal forma en que el proyecto de ley recorta más de 800 mil millones de dólares en atención médica es eliminando Medicaid y la cobertura asequible del mercado de seguros médicos a las personas que cumplen los requisitos”, apuntó.

Según el análisis, el proyecto de ley también encarece la educación superior para millones de personas al aumentar el costo de los préstamos estudiantiles y reducir el nivel de las becas educativas Pell para estudiantes universitarios.

El costoso plan fiscal ha recibido innumerables críticas, entre ellas, que haría a los ricos aumentar su patrimonio y marcaría más las diferencias.

“La riqueza de los multimillonarios ha aumentado astronómicamente, mientras que muchas personas de a pie luchan por llegar a fin de mes”, afirmó Rebecca Riddell, responsable de políticas de justicia económica y racial de Oxfam.

Según Oxfam, se inclinaría aún más la balanza a favor de los más poderosos económicamente y en contra de los ciudadanos que menos tienen. “Estamos viendo cómo se diseña un código tributario que daría lugar al primer trillonario del mundo”, sentenció Riddell.

Por su parte, la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts), consideró que la propuesta legislativa es como un “regalo” para los ricos.

“Donald Trump y los republicanos en el Congreso intentan imponer enormes exenciones fiscales a los estadounidenses más ricos: millonarios y multimillonarios que se enriquecen cada día. Los multimillonarios no necesitan otra ayuda, la gente trabajadora sí”, enfatizó.

POR CIERTO, EL IMPUESTO

En cuanto a los inmigrantes y sus familias, los republicanos de la Cámara de Representantes afirman falsamente que están restringiendo el acceso a programas de necesidades básicas para personas que no tienen un estatus migratorio documentado, pero la realidad es otra: las personas sin un estatus migratorio regular no calificarán para estos beneficios.

Una de las cuestiones que también genera inquietud es la posibilidad del gravamen de un 3,5 por ciento a las remesas, medida que tendría un potencial impacto económico y social. Si esto se aprueba en el “Big Beautiful Bill Act”, podría comprometer varios millones de dólares que sostienen a familias en diferentes países de la región.

Reseñas periodísticas apuntan que específicamente el contenido incorporado en el proyecto de ley establece que los migrantes sin “green card”, incluyendo aquellos con visas temporales como H-2B, F-1 o L-1, pagarían este nuevo tributo por cada envío de dinero al exterior.

Cuentas simplificadas arrojan que, en términos cotidianos, el remitente pagaría 35 dólares por cada mil que envíe a sus familias.

Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Haití son las naciones donde las remesas representan una parte significativa de sus economías, en algunos casos llegan incluso a significar una quinta parte o más del Producto Interno Bruto (PIB).

Algunos análisis de expertos señalan que, por ejemplo, tales transferencias monetarias constituyen más del 20 por ciento del PIB en El Salvador y Honduras, donde una reducción abrupta -alertan- podría afectar la balanza de pagos y el consumo interno.

También consideran que el impuesto podría incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero, reducir el flujo de remesas y aumentar la migración irregular, un efecto contrario a lo que se propone la administración Trump.

Para la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el gravamen sobre las remesas es discriminatorio y violaría tratados internacionales, además -advirtió- que califica como una doble tributación. Datos de la prensa arrojan que, en 2024, las remesas enviadas a México alcanzaron los 64 mil 700 millones de dólares, o sea, el 3.5 por ciento del PIB nacional.

Un grupo de 24 congresistas hispanos del Partido Demócrata enviaron una carta a Johnson solicitando detener la propuesta al considerarla injusta y perjudicial para millones de inmigrantes, incluidos indocumentados, residentes permanentes y trabajadores con visados temporales.

LA HORA DEL SENADO

Podría no ser fácil el camino del plan fiscal de Trump en el Senado que -al igual que la Cámara de Representantes- controlan los republicanos. La victoria en el hemiciclo de Johnson se produjo por estrechísimo margen y sacó a flote divisiones internas. No resultó un “paseo” para Trump que lo avalaran.

En la Cámara Alta los legisladores del Partido Republicano solo podrían permitirse perder el apoyo de tres de sus miembros si todos votaran y ya la propuesta legislativa está bajo la lupa con opiniones en contra.

La sugerencia que hacen algunos críticos es que el Senado deseche esta legislación y comience de nuevo. Lo ideal -dicen- es que rechacen cualquier propuesta que aumente los costos para las familias, prive de cobertura médica y asistencia alimentaria a las familias que las necesitan, o que aumente la pobreza y el número de personas sin seguro.

Las senadoras Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska) podrían distanciarse de su partido en ciertos temas contemplados en el proyecto de ley y que generarían recortes a programas como Medicaid.

Ambas legisladoras junto su colega Josh Hawley (Misuri), respaldaron una enmienda a la resolución presupuestaria para eliminar la disposición que instruía al comité que supervisa Medicaid a no detectar recortes por valor de 880 mil millones de dólares, pero la iniciativa fracasó.

De acuerdo con Hawley -a tono con un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times- se opuso a los recortes. Declaró que eliminar la financiación de un programa que proporciona seguro médico a más de 70 millones de personas de bajos ingresos en Estados Unidos, de ellas alrededor de un millón en su estado, sería “moralmente incorrecto” y “políticamente suicida”.

“Nuestros votantes apoyan los programas de seguro social”, escribió Hawley al insistir “más aún, nuestros votantes dependen de esos programas”.

Se estima que el “gran y hermoso” proyecto -de casi 900 páginas- que todavía está dentro de los límites del Capitolio recortaría aproximadamente 715 mil millones de dólares de Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible, y dejaría hasta 8.6 millones de personas sin seguro.

Pero Trump aseguró en Truth Social que, de convertirse oficialmente en ley, su megaproyecto dará paso a “fuertes medidas de seguridad fronteriza y aumentos salariales” para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, así como financiación para el escudo antimisiles ‘Cúpula Dorada’.

“Es hora de que nuestros amigos del Senado se pongan manos a la obra y envíen este proyecto a mi despacho lo antes posible. No hay tiempo que perder. Los demócratas han perdido el control y andan vagando sin rumbo, sin mostrar confianza, agallas ni determinación”, afirmó Trump.

Sin embargo, Elon Musk, hasta ahora mano derecha de Trump en sus planes para eliminar la burocracia federal y “drenar el pantano”, acaba de anunciar que su tiempo en la Casa Blanca terminó.

El administrador designado por el ocupante del Despacho Oval al frente del criticado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) se va y lo hizo con críticas hacia la propuesta estrella. Musk expresó estar “decepcionado” por el proyecto de ley.

En una entrevista concedida a CBS, el multimillonario apuntó que se trata de una propuesta legislativa “de gasto masivo” que aumenta el déficit federal y “socava el trabajo” del DOGE.

“Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso”, dijo Musk. “Pero no sé si podría ser ambas cosas”.

arb/DFM