Por Ivette Fernández

Corresponsal jefa en Colombia

En la nación neogranadina, víctima desde hace más de seis décadas de guerras intestinas, de desmanes de grupos paramilitares, abusos de la fuerza pública y también del terror desatado por el narcotráfico, hay muchos que temen sobre el resurgimiento de viejos fantasmas que hasta ahora se creían enterrados y se reediten los traumas aún vivos en la memoria.

Esa es la lectura que se desprende de la alerta del líder de la oposición, el senador Iván Cepeda, quien pidió a organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos supervisar la situación en Colombia en el futuro próximo tras alertar que el gobierno entrante tiene visos de paramilitarismo.

Advirtió el excandidato presidencial en primer lugar acerca de la intención de la administración de crear bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad, estructuras que estarían integradas no por servidores públicos, sino por veteranos y reservistas de las fuerzas militares.

Recordó que los colombianos conocen bien las consecuencias de confundir autoridad legítima con organizaciones de cuerpos armados civiles, las consecuencias de que el Estado renuncie al monopolio de la fuerza y auspicie la conformación de estructuras paralelas.

“El resultado de la historia del paramilitarismo en Colombia no ha sido nunca tener más seguridad, sino más violencia, más arbitrariedad y más impunidad”, enfatizó.

A esto se suma, añadió, la criminalización de la protesta social.

“No pasa un día sin que el señor Abelardo De la Espriella y su entorno, con la complicidad de alcaldes autoritarios como el señor Fico Gutiérrez en Medellín o Alejandro Eder en Cali, alentados por el despotismo de su beligerante nuevo jefe, amenacen con desatar una brutal represión contra quienes salgan a las calles a protestar pacíficamente”, planteó.

Refirió cómo los referidos políticos sostienen que toda movilización será expresión de vandalismo y de bloqueos de las vías públicas para los cuales no habrá contemplación.

“La traducción de estas premisas es que ya se anuncia que desaparecerá la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y que volverá a crearse el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”, expresó.

Sentenció que el Esmad fue un cuerpo creado para desatar acciones agresivas, especialmente contra la juventud, y que alcanzó “un tenebroso récord de violación de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, práctica de tortura y violencia sexual, e intentos de asesinato como la práctica de provocar a los jóvenes lesiones oculares”.

Apuntó por otra parte la intención de De la Espriella de privatizar y “paramilitarizar el sistema carcelario y penitenciario”.

Cepeda señaló que los objetivos antes expuestos implican el debilitamiento de toda forma de disenso, oposición y libertad política mediante el terror y la criminalidad del Estado. Aseveró que la situación por él presentada demuestra la justeza de su llamado anterior a la desobediencia civil de carácter pacífico.

AMENAZAS CONTRA PETRO Y UN DILUVIO UNIVERSAL

El lenguaje y las alegorías usadas por algunos de los miembros del equipo del próximo mandatario llenan de inquietud a quienes no comulgan con las ideas del ultraderechista.

“El Arca de Noé” fue el nombre dado a la estrategia de empalme y transición del presidente electo, construida previamente junto a Carlos Alonso Lucio, una figura muy controversial debido a su tránsito por todas las corrientes ideológicas y ahora asociado a las más conservadoras. Según el relato del libro del Génesis, Dios ordenó a Noé construir una embarcación para salvar a su familia y a las especies de animales de un diluvio universal destinado a destruir la vida en la Tierra debido a la maldad humana.

Sin embargo, esta idea es asimismo interpretada por algunos con un evento de depuración que margina y condena a los no elegidos.

El abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez aseguró, por ejemplo, que el título dado a la estrategia de transición por parte De la Espriella constituye “un símbolo de exclusión y violencia política”.

Más allá de las denominaciones y de las interpretaciones que eso podría acarrear, el más grave de los pronunciamientos de Carlos Alonso Lucio tuvo que ver con la figura del presidente saliente, Gustavo Petro.

Aseguró que el mandatario debe someterse a un juicio político ante la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, en tanto dejó entrever la posibilidad de una eventual extradición del gobernante hacia Estados Unidos.

Después de sus comentarios, se agravó el ambiente de tensión ya existente en el proceso de empalme, lo que llevó al gobierno a suspender la instalación de las mesas que con ese propósito debían instalarse.

Según informó al país el ministro de Hacienda y encargado de la transición por parte del gabinete saliente, Germán Ávila, las sesiones no podrían darse hasta tanto “no cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso” por parte del equipo de De la Espriella.

Además de denunciar las amenazas contra el presidente, también alertó sobre la narrativa estigmatizante de la contraparte al denominar al ejercicio como “empalme anticorrupción”.

Ávila refirió entonces una cosa es el debate democrático y otra muy distinta utilizar un escenario institucional de transición para proyectar ante el país la idea de que el proceso parte de una presunción de responsabilidad respecto al gobierno saliente.

“El empalme no es una investigación penal. El empalme no es un juicio. El empalme no es una plataforma política. El empalme es un deber del Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones”, afirmó.

Las autoridades aclararon que la suspensión del proceso no amenaza en ninguna manera el cambio de gobierno, que ocurrirá oficialmente el próximo 7 de agosto.

RESISTENCIA CIVIL

Ante el escenario de animadversión, el presidente Gustavo Petro pidió a la ciudadanía organizarse y hacer respetar sus derechos constitucionales.

“Una resistencia civil contra un gobierno ilegítimo debe buscar siempre la unidad del pueblo, su acuerdo fundamental que es la base de la nación. Aquí no usaremos armas, pero las van a usar contra nosotros”, expuso.

Hizo hincapié además en que “aquí no amenazaremos a nadie, pero nos van a amenazar, y ya nos amenazan, a mí con cogerme preso y llevarme a Estados Unidos o asesinarme”.

Si bien reconoció que millones de colombianos votaron por el ultraderechista, estimó que estos no constituyeron la mayoría, tras insistir que llegó al poder debido a un proceso electoral amañado.

“No estamos inventando cuando decimos que el gobierno de Abelardo fue elegido desde el exterior, con votos no existentes en el porcentaje ajustado automáticamente por algoritmos hechos por empresas privadas israelíes con aval de su gobierno genocida, y tramitados por la empresa que yo mismo denuncié públicamente”, insistió.

Petro enfatizó que los sectores progresistas serán víctimas de ataque.

“A los colombianos y colombianas que votaron por Abelardo nuestra amistad y aprecio, jamás deben ser agredidos por su pensamiento político. Nunca usé la fuerza contra la oposición ni la perseguí, pero nosotros sí seremos perseguidos y usarán la fuerza contra nosotros, así que de tontos es no alistarse”, refirió.

Subrayó que no se está actualmente “solo ante la inminencia del fascismo en Colombia, sino ante quizás el mayor ataque a la democracia mundial desde la época de Hitler”.

Ante la situación que describió, sostuvo que la respuesta es resistencia activa y cuando el pueblo decida, desobediencia civil. “Es el autoritarismo casi totalitario, por el poder hasta ahora conseguido por Abelardo en las Cortes y el Congreso, lo que viene”, remarcó.

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