Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
El denominado Corredor Seco constituye hoy en la región un laboratorio natural de los efectos del calentamiento global sobre la agricultura, los recursos hídricos y la seguridad alimentaria.
Panamá, aunque suele quedar fuera de las referencias tradicionales a esa extensa franja que se extiende desde el sur de México hasta el norte de Costa Rica, también enfrenta las consecuencias de ese fenómeno, particularmente en la península de Azuero, donde la disminución de las lluvias, el deterioro de las cuencas hidrográficas y la degradación de los suelos amenazan la sostenibilidad de uno de los principales territorios productores de alimentos del país.
Con ese escenario como punto de partida, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) impulsa junto al Estado panameño un amplio programa de adaptación basada en ecosistemas, que pretende convertir el conocimiento científico y la participación comunitaria en herramientas para enfrentar una realidad climática cada vez más compleja.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, el brasileño Adoniram Sanches, afirmó que los recientes talleres realizados en la provincia de Los Santos representan uno de los pasos más importantes del proceso de planificación territorial.
“No se trata únicamente de estudiar el clima, sino de comprender cómo esos cambios afectan la vida cotidiana de las personas y cómo pueden diseñarse respuestas construidas desde los propios territorios”, explicó.
Las jornadas reunieron a productores agropecuarios, autoridades municipales, representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresas privadas y entidades financieras para validar los análisis de riesgo climático y vulnerabilidad desarrollados en la Cuenca Hidrográfica de los ríos entre Tonosí y La Villa.
La iniciativa forma parte del proyecto Azuero Verde-Corredor Seco, impulsado por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de conjunto con la FAO.
Durante cuatro días, representantes de Guararé, Los Santos, Macaracas, Tonosí, Las Tablas, Pocrí y Pedasí examinaron escenarios climáticos futuros, evaluaciones sobre disponibilidad de agua y estudios relacionados con los medios de vida rurales.
Los participantes incorporaron además conocimientos acumulados durante décadas de convivencia con prolongadas sequías, lluvias irregulares y pérdidas agrícolas, información considerada esencial para perfeccionar los diagnósticos técnicos.
REGIÓN CADA VEZ MÁS EXPUESTA
Diversos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ubican a Centroamérica entre las regiones del mundo donde el aumento de la temperatura media y la modificación del régimen de precipitaciones tendrán mayores repercusiones económicas y sociales durante las próximas décadas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que los impactos del cambio climático podrían representar pérdidas equivalentes a varios puntos del Producto Interno Bruto regional hacia mediados de siglo si los países no fortalecen sus políticas de adaptación.
En el caso del Corredor Seco centroamericano, la FAO estima que alrededor de 10 millones de personas viven en territorios expuestos a sequías recurrentes, degradación ambiental y creciente inseguridad alimentaria, condiciones que afectan especialmente a pequeños agricultores dependientes de la agricultura de subsistencia.
En Panamá, la península de Azuero ilustra buena parte de esa problemática.
Históricamente considerada uno de los principales polos agropecuarios del país, concentra una elevada producción de ganado bovino, maíz, arroz, caña de azúcar y otros rubros esenciales para el mercado interno.
Sin embargo, décadas de expansión de la frontera agropecuaria, deforestación y transformación del uso del suelo redujeron significativamente la cobertura boscosa, acelerando procesos de erosión, sedimentación de ríos y disminución de la capacidad natural para almacenar agua.
Especialistas panameños coinciden en que varias cuencas hidrográficas muestran señales crecientes de estrés hídrico, agravadas por el incremento de las temperaturas y una mayor irregularidad de las precipitaciones.
CIENCIA Y PARTICIPACIÓN
Según explicó Sanches, especialistas de la FAO y del Centro Internacional de Agricultura Tropical realizaron una caracterización integral de la Cuenca Hidrográfica de los ríos entre Tonosí y La Villa mediante el estudio de sus diez subcuencas.
Los análisis incorporan modelaciones hidrológicas, proyecciones climáticas y evaluaciones de vulnerabilidad ambiental y socioeconómica que permitirán identificar con mayor precisión las zonas prioritarias para la intervención.
Una de las principales fortalezas del proceso, subrayó el experto, consiste en validar los resultados científicos con la experiencia acumulada por las comunidades.
“No existe adaptación efectiva si quienes viven diariamente los impactos del clima no participan en el diseño de las soluciones”, afirmó.
Ese enfoque permitirá elaborar los denominados Planes de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), considerados actualmente una de las estrategias promovidas por Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático.
A diferencia de las obras tradicionales de infraestructura, la adaptación basada en ecosistemas prioriza soluciones naturales como la restauración de bosques, la protección de nacientes, el manejo sostenible de cuencas hidrográficas, la recuperación de manglares, la conservación de suelos y la incorporación de sistemas agroforestales capaces de incrementar la resiliencia frente a sequías e inundaciones.
Diversos estudios internacionales indican que este tipo de medidas ofrece beneficios simultáneos para la biodiversidad, la producción agropecuaria, el abastecimiento de agua y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
UNA APUESTA REGIONAL
Las acciones que desarrolla Panamá forman parte del Programa Regional de Adaptación basada en Ecosistemas para aumentar la resiliencia climática en el Corredor Seco Centroamericano y las zonas áridas de República Dominicana.
La iniciativa es coordinada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con asistencia técnica de la FAO y de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), mientras el financiamiento proviene del Fondo Verde para el Clima y del propio organismo financiero regional.
Durante los próximos meses continuará la modelación hidrológica de la cuenca, se completarán los diagnósticos de los medios de vida rurales y se elaborarán los planes definitivos de adaptación para cada una de las subcuencas.
El programa incorpora además un Marco de Gestión Social y Ambiental destinado a garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la sostenibilidad de las intervenciones.
MÁS ALLÁ DEL CLIMA
Para la FAO, la protección del Corredor Seco trasciende la dimensión ambiental.
La resiliencia climática está estrechamente vinculada con la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, la gestión sostenible del agua y la estabilidad económica de miles de familias cuya subsistencia depende de la producción agropecuaria.
Las proyecciones científicas indican que la frecuencia de los fenómenos extremos continuará aumentando en las próximas décadas.
Ante ese panorama, fortalecer los ecosistemas ya no constituye únicamente una política de conservación, sino una inversión estratégica para garantizar el desarrollo sostenible de una región donde el cambio climático dejó de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad cotidiana.
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