Por Ivette Fernández

Corresponsal jefa en Colombia

Desde el pasado 16 de enero, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entabló combates contra el Frente 33 -un grupo residual de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo-, miles de familias se vieron obligadas a buscar refugio en las capitales urbanas cercanas.

De acuerdo con datos recientes, unas 25 mil personas eligieron instalarse en la ciudad de Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, y a esta le siguen Tibú, con alrededor de 15 mil, y Ocaña, donde se atienden a más de 10 mil.

Si bien la mayoría de las víctimas del éxodo se mantienen en Colombia, otros, sin embargo, salieron del país y se trasladaron hacia el vecino Venezuela.

Las autoridades dan cuenta de 56 fallecimientos confirmados, pero el número podría ser mayor porque es todavía imposible acudir a la zona del conflicto, en la que se estima yacen otros cuerpos.

Se conoce, no obstante, que cerca de una decena de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 murieron a manos del ELN, por supuestamente pertenecer a las filas del Frente 33, según alegó esa estructura insurgente.

El escenario representa un reto mayúsculo para las autoridades locales -las cuales deben dar atención a un grupo considerable de desplazados que en las últimas semanas no ha parado de crecer-, y para las fuerzas del orden, cuya misión es devolver la tranquilidad al territorio y velar por el bienestar de la población civil, pero también alcanzar la ansiada paz.

Tras el inicio de las confrontaciones entre los mentados grupos, el presidente Gustavo Petro suspendió por segunda vez en cuatro meses las negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá”, expresó el mandatario en su cuenta de la red social X, al anticipar la arremetida que bajo el nombre de Operación Catatumbo semanas más tarde se desarrollaría con el despliegue de más de 10 mil uniformados y artillería pesada.

Fueron asimismo revocadas por la Fiscalía General las suspensiones de órdenes de captura sobre 31 representantes de esa insurgencia, antes reconocidos como voceros en los diálogos, lo cual reforzó la declaración del Gobierno de la creciente animosidad hacia los integrantes de esa guerrilla y como consecuencia de los sucesos acaecidos en el noreste. “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. (…) el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, declaró tajantemente Petro.

PENURIAS QUE NACEN CON LA COCA

De acuerdo con la coordinadora residente de ONU en la nación sudamericana, Mireia Villar, el conflicto desatado en el Catatumbo entre los grupos armados provocó la crisis de desplazamiento más grande que experimenta Colombia desde 2016.

La mentada zona está localizada en el noreste del departamento de Norte de Santander y la conforman los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata.

El territorio, que posee una gran diversidad biológica y vastas fuentes hídricas, alberga además los resguardos Motilón-Barí y Catalaura, donde habita el pueblo indígena Barí.

Pese a que la agricultura tiene allí innumerables potencialidades, y también la explotación hidrocarburífera, la región es célebre por sus grandes extensiones de coca.

Un informe de las Naciones Unidas de 2024 calculó que el Catatumbo contaba un año antes con al menos 43 mil hectáreas de hoja de ese cultivo.

La pobreza se ceba con la zona, la mayor parte de su población es rural y de escasos recursos debido a los conflictos que se dan en su mayoría por la necesidad de los grupos armados de afincar su dominio en esas tierras y ante la ausencia durante siglos de la presencia del Estado.

Es en medio de ese panorama que el Gobierno espera no solo recuperar la tranquilidad hoy perdida, sino implementar toda una estrategia que impulse el desarrollo económico y social, dirigida fundamentalmente al tránsito hacia formas productivas lícitas.

Para intentar ayudar a la región y a sus pobladores a salir de décadas de una profunda desigualdad estructural, se presentó el programa RenHacemos Catatumbo, cuyo objetivo es que miles de familias campesinas dependientes de los cultivos de uso ilícito, transiten hacia una economía legal y ambientalmente sostenible.

“La prioridad del Gobierno no solo es brindar un sustento económico, sino también generar las condiciones para consolidar un territorio en paz y con vida digna”, manifestó la directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda.

El proyecto se basa en dos componentes principales y el primero de ellos es facilitar un apoyo monetario mensual para las familias que eliminen los cultivos de uso ilícito, con el objetivo de sustituir los ingresos provenientes de la economía ilegal.

En tanto, el segundo tiene que ver con el establecimiento y fortalecimiento de alternativas productivas ambientalmente sostenibles, con cadenas de valor que generen ingresos legales.

Según Miranda, la idea es incentivar el cultivo de productos como café, cacao y aguacate, entre otros, y también garantizar las condiciones para la transformación agroindustrial y la comercialización de los productos porque, a su juicio, “si no transformamos la economía, no habrá paz en el Catatumbo”.

LA DESAFIANTE TAREA DE TRANSFORMAR

Esa iniciativa específica forma parte de la declaratoria de Conmoción Interior, que le da facultades al equipo ejecutivo del país para dictar decretos con la finalidad de devolver la tranquilidad al territorio.

El decreto tiene una vigencia de 90 días contados a partir del 24 de enero pasado, en la región del Catatumbo, en el noreste del departamento de Norte de Santander, así como en los municipios del área metropolitana de Cúcuta, la capital departamental, y dos municipios del departamento de César.

Al menos una veintena de nuevas normas se divulgaron hasta la fecha al amparo de ese estado, con repercusión en casi todos los ámbitos sociales y económicos.

Entre estas destaca una norma del Ministerio de Hacienda sobre la aplicación de manera temporal de tres impuestos en la nación (extracción de hidrocarburos y carbón; juegos de azar en Internet y sobre la emisión de documentos) con el fin de aumentar la recaudación fiscal y hacer frente a la crisis.

También se priorizan inversiones en sectores de mucha importancia para la población.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por ejemplo, anunció que en el transcurso de este año Norte de Santander contará con 91 equipos básicos de salud y cerca de 700 profesionales, entre médicos, enfermeras, odontólogos, sicólogos y especialistas, con atención de calidad a quienes más lo necesitan.

Según apuntó el titular de la cartera, se acometerá una inversión que supera los 350 mil millones de pesos (unos 85 millones de dólares al cambio actual) para dejar recuperada la infraestructura hospitalaria y de centros de salud que beneficiarán a las comunidades del departamento y, en especial, de la región del Catatumbo.

Entre las iniciativas, destacó el proyecto de renovación del hospital de Tibú, que contará con servicios de segundo y tercer nivel, y el fortalecimiento del hospital de Ocaña, el cual atenderá a pacientes de este y otros municipios del sector.

Asimismo, el Ministerio de Educación de Colombia emprende acciones para mejorar las condiciones del aprendizaje en la región del Catatumbo.

De acuerdo con las declaraciones del ministro, Daniel Rojas, gracias a una inversión de 70 mil millones de pesos (más de 15 millones de dólares) se beneficiarán más de 55 colegios del territorio, entre esos todos los del pueblo indígena Barí, y también la Universidad del Catatumbo, en la localidad de El Tarra, en donde ya se iniciaron obras de infraestructura.

Los funcionarios, no obstante, reconocen que transformar la realidad del Catatumbo, golpeada por siglos de abandono y desidia, constituye hoy una de las tareas más titánicas acometidas por el Gobierno.

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