Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe en Uruguay

Son temas prioritarios y recurrentes en un país donde los homicidios crecen y la principal preocupación de la población es la seguridad.

El gobierno delinea, con el concurso de organizaciones civiles y políticas, un plan nacional de seguridad que debe tener forma y apoyo legislativo en 2026. Sin embargo, hay mucho delincuente en la calle y su destino natural debería ser la prisión.

Así no lo cree el hasta ahora comisionado penitenciario, Juan Manuel Petit, quien se despide del cargo para asumir como director en la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Petit presentó ante el Parlamento su informe correspondiente a 2024 sobre la situación de las prisiones.

“Es muy difícil que el sistema penitenciario se reforme si no logra parar el aumento de personas privadas de libertad. Podrá decirse que si la persona cometió un delito tiene que ir presa, nosotros no discrepamos con que tiene que haber una sanción, pero la cárcel no puede ser la única manera de pagar (…) hay otros mecanismos, como son las medidas alternativas”, señaló a la prensa.

HACINAMIENTO

Uruguay se ubica entre los 15 países con mayor tasa de reclusos por cantidad de habitantes y en el primer lugar de Sudamérica.

En el último año la tasa carcelaria fue de 456 internos por cada 100 mil habitantes. Representó “un nuevo récord nacional” que aumenta este año. Durante 2024 hubo un total de 16 mil 624 personas tras las rejas. Desde el 2000 el promedio de ingresos es casi de mil anualmente.

Para el comisionado, el hacinamiento es crítico y supera el 120 por ciento en casi todo el sistema. En varias cárceles resulta superior: en Paysandú llega a 178 por ciento y en la Unidad Cinco, Centro Femenino de Colón, al 174. En algunos módulos de la Santiago Vázquez (antes Comcar), en esta capital, el apiñamiento resulta aún mayor.

PRESOS SIN DERECHOS

El reporte parlamentario, como en años anteriores, reconoce la violación de los derechos humanos en el sistema penitenciario uruguayo.

Lo consignan estos datos: el 46 por ciento de los privados de libertad vive en condiciones crueles. El 37 por ciento lo hace en centros con “insuficientes condiciones de rehabilitación”, que estarían disponibles para apenas el 17 por ciento de los reclusos.

En muchos módulos de aprisionamiento “no existe un mínimo y adecuado sistema de duchas, por lo que los internos no pueden bañarse con normalidad durante largo tiempo”, refiere el reporte.

Además, muchos no tienen acceso regular al patio “debiendo permanecer largos períodos en su celda”. No disponen de “rubros elementales para la higiene, el descanso y el autocuidado”, como almohadas, jabón, detergente y elementos de higiene personal.

“La calidad, cantidad, horario de entrega, variedad y equilibrio nutricional de los alimentos es inadecuado en buena parte del sistema penitenciario, en especial en el área metropolitana (donde está 68 por ciento de la población)”, añade.

Varias de las prisiones precisan remodelación o cierre. “Las situaciones edilicias de muchos módulos carcelarios, además de tener un diseño ya caduco, presentan un deterioro tal (penal de Libertad, cárcel de Canelones, varios módulos de exComcar, Unidad Cinco Mujeres) que ameritan su reciclaje total o bien su cierre”, recoge el informe.

ADICCIONES TRAS LAS REJAS

En cuanto a la atención de las adicciones, las personas privadas de libertad “tienen muy pocas respuestas en todo el sistema y no hay programas estructurados como tales ni formatos de comunidad terapéutica ensayados en ninguna cárcel”.

Tampoco existen acuerdos de trabajo con organizaciones profesionales, técnicas o de la sociedad civil que realicen tratamientos contra la adicción dentro del sistema penitenciario.

En abril último cinco individuos fueron condenados por tráfico de drogas dentro de la Unidad Cuatro de Santiago Vázquez (exComcar), según informó la Fiscalía.

De acuerdo con el Ministerio Público, “la droga era comprada dentro de la cárcel y pagada generalmente por familiares de los reclusos a través de giros a tarjetas que se obtienen en redes de pagos”. El movimiento de dinero alcanzó los 8,5 millones de pesos (poco más de 200 mil dólares.

En no pocos casos, las bandas del narcotráfico (y de otros delitos) están dirigidas desde las prisiones.

MUERTES EN CUSTODIA

La Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario señaló también el aumento de muertes bajo custodia del Estado. En 2024 fueron 57 y se trata del segundo año con más fallecimientos de reclusos desde que existe registro.

“Entre esas 57 se contabilizaron 36 muertes violentas: 18 homicidios, 15 suicidios, dos accidentales por intoxicación y una por caída de altura en la que aún no se ha podido esclarecer la causa. Las 21 restantes han sido muertes no violentas (y en tres de ellas no se han podido esclarecer del todo las causas)”, detalla el texto.

Además consigna que en casi la mitad de los fallecimientos de internos fueron detectadas “manifiestas negligencias asistenciales o fallas institucionales estatales vinculadas con el resultado letal”.

PROPUESTAS

Son reiterativas las recomendaciones del comisionado sobre mejoras de atención, infraestructura y condiciones para la rehabilitación de la población carcelaria en Uruguay.

Petit sumó propuestas legislativas, que tienden a sustituir la celda por otras medidas sustitutivas. Una de ella es que “las personas que cometieron delitos leves realicen determinadas acciones reparatorias o de tratamiento o asistenciales”.

También instó a repensar el sistema de redención de la pena, ya sea por estudio o trabajo, pero que en el ordenamiento actual no se aplica a delitos por estupefacientes, violación, abuso sexual, homicidio especialmente agravado, entre otros.

Juan Manuel Petit manifestó entender a “quienes piensan que los delitos muy graves no tienen que redimir la pena”. Pero acota que Uruguay no tiene cadena perpetua “y todas las personas van a ser liberadas tarde o temprano”. Tienen que “prepararse para la libertad”, acotó.

Lo cierto es que tanto el comisionado, el titular del Interior Carlos Negro, otros responsables y expertos, coinciden en que el sistema carcelario, tal como está, no contribuye a la rehabilitación de los internos y, por el contrario, es semillero de actos delictivos.

El Ministerio del Interior tiene su propio plan para la “descompresión carcelaria”, aumentar el personal, mejorar las condiciones y expandir el acceso de los internos al trabajo y el estudio.

Será con un presupuesto ajustado como el que defiende el gobierno ante el Parlamento, y en el que la “sábana no alcanza” para cubrir tantas necesidades.

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