Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

La noche del 30 de abril, Claure fue baleado por un hombre que llegó a bordo de una motocicleta hasta un condominio ubicado en el cuarto anillo, a la altura de la avenida Busch.

“Se ha realizado la autopsia (…) y se ha podido establecer que han sido cuatro los impactos de bala que recibió el cuerpo de la víctima, que le han ocasionado la muerte”, aseguró la fiscal Yolanda Aguirre entrevistada por la cadena Unitel.

De acuerdo con la representante del Ministerio Público, el juez agroambientalista sufrió un shock hipovolémico debido a cuatro impactos de bala en el tórax y en los brazos “que le ha ocasionado la muerte”.

Según se informó, las imágenes de seguridad muestran cómo una motocicleta con dos personas a bordo llegó al lugar, uno de ellos descendió, sacó un arma de fuego, se acercó a la autoridad y disparó en varias ocasiones. Luego corrió, volvió a subir al vehículo y huyó junto a su cómplice.

Claure había sido elegido magistrado en las Elecciones Judiciales de 2024, y hasta este jueves integraba la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental, en su condición de decano.

Al referirse a este crimen, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que no se puede vivir en un país donde no se garantiza la seguridad de sus ciudadanos.

“No se puede vivir en un país donde el sicariato se apoderó de él y le dobló el brazo al Estado. No nos doblegarán. Jamás el crimen podrá ganarle a los que creemos en la vida y en un mejor porvenir para Bolivia”, escribió en sus redes sociales.

Opinó Saucedo en su cuenta de X que este asesinato sobrepasó los límites.

“Hoy escribo con ese dolor que no se puede esconder, esa bronca que se convierte en impulso de ver una ‘ausencia de Estado’”, sostuvo la máxima autoridad del Órgano Judicial.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que este crimen no puede quedar en la impunidad y exigió una investigación “exhaustiva, transparente y oportuna” para identificar a los responsables del hecho.

“La protección de la vida y la seguridad de la población constituyen obligaciones fundamentales del Estado. Las instituciones competentes deben actuar con celeridad y brindar certidumbre y tranquilidad al pueblo boliviano”, sostuvo en su cuenta de X.

Desde el TA repudiaron este asesinato y señalaron que este hecho golpea gravemente al Órgano Judicial en su conjunto y a la institucionalidad democrática del país.

“Se trata de un hecho que trasciende lo individual y constituye una afrenta directa a la independencia judicial, a la seguridad de las autoridades jurisdiccionales y a los valores esenciales de convivencia pacífica y respeto a la vida”, destacó en un comunicado.

Instó al Ejecutivo a adoptar medidas urgentes y eficaces para garantizar la seguridad y protección de los administradores de justicia.

De su lado, el Ministerio Público informó que ya se activaron todos los mecanismos de investigación para esclarecer el acto de sicariato e identificar a los responsables materiales e intelectuales.

ESTRUCTURA CRIMINAL

Tres asesinatos a balazos en menos de 48 horas en la semana anterior también en de Santa Cruz, fueron considerados parte de una estructura criminal organizada, según afirmó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

“La violencia no es aislada. Es organizada”, escribió el vicetitular en sus redes sociales, al referirse a los tres hechos de sangre ocurridos el fin de semana anterior en municipios cruceños, todos con uso de armas de fuego y en contextos que apuntan a posibles ajustes de cuentas o disputas entre estructuras delictivas.

Al confirmar que los casos están siendo investigados de forma independiente, pero bajo una misma línea de análisis, la autoridad admitió los avances del crimen organizado.

En uno de los casos, un piloto de aviación fue ejecutado cuando se disponía a intervenir en una carrera automovilística; en otro, un ciudadano resultó atacado durante un campeonato de fútbol; y en el tercero, un extranjero fue acribillado en la zona fronteriza.

Denominadores comunes de estos crímenes son los ataques directos, la premeditación y el uso de armas de fuego.

“No vamos a encubrir a nadie”, sostuvo el viceministro al tiempo de remarcar que cada caso será esclarecido sobre la base de la evidencia y los resultados concretos. Sin embargo, advirtió que el patrón de violencia refleja un fenómeno más profundo.

“Cuando hay ataques planificados -opinó el vicetitular-, múltiples disparos y hechos en espacios públicos o zonas de frontera, estamos frente a estructuras que no actúan de manera improvisada”.

Al respecto, sostuvo que la acción estatal debe ir más allá de los operativos de respuesta, ser estructural, tras las redes, la logística y el dinero para que el crimen no se reconstruya.

Subrayó que las investigaciones están en curso y son ejecutadas por la Policía Boliviana y el Ministerio Público con equipos especializados que buscan establecer posibles vínculos entre organizaciones criminales que operan en el oriente del país.

En un punto ubicado detrás del aeropuerto de Viru Viru, en Warnes, un piloto de rally identificado como José Pedro R., fue asesinado a tiros el 26 de abril en pleno desarrollo de una competencia automovilística, lo cual generó conmoción entre los asistentes.

Según los testigos, el chofer deportivo se disponía a ubicarse en la línea de salida cuando fue interceptado por una vagoneta, desde donde descendió un enmascarado, quien desenfundó un arma y abrió fuego contra la víctima, para luego darse a la fuga a bordo del mismo motorizado.

Por otra parte, en la comunidad de San Francisco, municipio de San Matías, un individuo identificado como Douglas Queiroz Ramos fue ejecutado a balazos por desconocidos mientras presenciaba un juego de fútbol.

Otro hombre de nacionalidad brasileña fue finado también a balazos en Puerto Quijarro, mientras una mujer que le acompañaba resultó herida.

Autoridades gubernamentales y analistas mediáticos especializados en temas policiales sostienen la hipótesis de que tras la captura en Santa Cruz y la expulsión a Estados Unidos del narcotraficante más buscado de Sudamérica, Sebastián Marset, existe una guerra entre miembros de su organización criminal para asumir la jefatura del clan.

arb/jpm