Por Adriana Robreño

Corresponsal jefa en Ecuador

En entrevista con Prensa Latina, el jurista cuestionó la medida cautelar de nueve meses impuesta por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, que decidió suspender a la organización mientras avanza una investigación impulsada por la Fiscalía.

Aseveró que el fallo busca impedir la participación de la RC en las elecciones seccionales previstas para febrero de 2027, cuando los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales y otras autoridades locales.

“No creemos que es una decisión que se tomó en el TCE o que se tomó en la Fiscalía. Nosotros pensamos que esta decisión se tomó en Carondelet (sede del Gobierno) y que la Fiscalía y el TCE lo que hacen es ejecutarla”, afirmó.

La medida fue adoptada el 6 de marzo, luego de que el magistrado admitiera a trámite una denuncia presentada por el fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, en el marco de una investigación previa por presunto lavado de activos vinculada al denominado caso Caja Chica.

Ese proceso indaga el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de 2023, cuando Luisa González y Andrés Arauz conformaron el binomio de candidatos presidenciales de la RC.

Como parte de la pesquisa, desde finales de enero se han ejecutado allanamientos en las viviendas de los dirigentes y en la sede del movimiento en Quito.

El presidente Daniel Noboa se refirió en declaraciones a un medio local a la suspensión de la RC y dijo que sus representantes podrían participar en los comicios locales bajo el auspicio de otro partido.

Además, según el mandatario, existen nexos entre grupos narcoterroristas y entidades políticas.

Rivera aseguró que la defensa agotará todas las vías legales disponibles para revertir la medida que afecta a la mayor fuerza de oposición del país, aunque anticipó un proceso complejo.

-¿Por qué usted cree que el proceso judicial mediante el cual fue sancionada la RC fue irregular?

-Ecuador tiene normas y estas tienen una apelación. Tienes la Constitución, tienes leyes orgánicas, leyes generales y reglamentos. Cuando vas a sancionar a una persona natural o jurídica, no le puedes sancionar primero y luego hacerle el proceso, es al revés. Tienes que hacer un proceso y garantizar el derecho a la defensa.

-¿Consideran que se ha vulnerado el debido proceso?

-Ese debido proceso inicia con la notificación o la citación a juicio o al proceso administrativo, porque tiene que garantizarse el derecho a la defensa.

Esta vez, la Fiscalía inició una investigación en contra de varias personas vinculadas al movimiento, entre ellas la abogada Luisa González, el expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz y otros, pero nunca contra la RC como institución.

Fueron notificados miembros, militantes, adherentes, autoridades, pero nunca como organización, y el paso siguiente fue imponer desde el TCE una medida cautelar de suspensión. Esto ya pasó alguna ocasión, ya proscribieron, y es una forma de no ganar en las urnas, sino de utilizar la institucionalidad pública, la Fiscalía u otras instancias.

-¿Está prevista en la legislación ecuatoriana esa medida cautelar?

-No existe una medida cautelar de suspensión de partidos políticos en el Ecuador. Sí se puede hacer luego que termina un proceso sancionatorio, pero aquí se hace antes, sin que exista una resolución definitiva.

-Teniendo en cuenta el calendario electoral, que establece por ejemplo la inscripción de candidaturas hasta el 1 de junio de este año, ¿qué implicaciones tiene la sanción, en caso de que no pueda ser revertida en el momento oportuno?

-Coincide con los tiempos electorales, nueve meses, o sea, se levantará cuando ya no podamos inscribir candidaturas. Eso significa eliminar la participación democrática en igualdad de condiciones y, en la práctica, proscribir al movimiento.

Independientemente del recurso que presentemos, independientemente de las acciones que podamos incorporar al proceso, ya la decisión está tomada y absolutamente nada va a cambiar eso.

-Aún así, ¿insistirán con recursos legales?

-Por supuesto, es un proceso absolutamente nulo, viciado por competencia y porque no existen las sanciones que se han impuesto.

Cuando se vulnera el debido proceso, las decisiones del poder público son nulas y esa nulidad puede pedirse en cualquier momento.

-La sanción del TCE ya lleva una semana de aplicación y el Consejo Nacional Electoral (CNE) la reconoció. ¿Han encontrado obstáculos en el intento de revertir la medida?

-Hace ocho semanas la RC eligió su nueva directiva encabezada por Gabriela Rivadeneira, y pese a que el reglamento establece que las autoridades ejercen funciones desde su elección, no la reconocieron hasta hace pocos días.

Cuando se hizo un escándalo nacional, entonces rápidamente en el CNE dijeron que sí era la presidenta, pero previamente se aseguraron de negar una petición que presentamos ante el TCE firmada por ella. Eso demuestra cómo se ha dificultado ejercer el derecho a la defensa.

-¿La suspensión es únicamente a la RC como organización o podría extenderse a los militantes del movimiento?

-Quieren llegar a proscribir no solamente a la RC como persona jurídica, sino que también a sus miembros, adherentes y afiliados.

Como los plazos están suspendidos, no podrían desafiliarse ni participar por otras organizaciones.

Esa sería una segunda fase de la medida, primero empiezan a calentar la opinión pública a través de influencers y medios cooptados, creando condiciones sociales para luego tomar decisiones institucionales.

Llevamos años enfrentando ataques a nuestros líderes y a nuestras ideas, pero ahora esto ha pasado a un nivel de proscripción institucional.

Esperamos que en las próximas semanas se recrudezca la persecución, especialmente en el contexto electoral.

Se están tomando testimonios anticipados y ampliando versiones en investigaciones, lo que indica que el proceso continuará escalando. Vamos a seguir presentando recursos, certificaciones y peticiones ante las autoridades electorales y judiciales.

-¿Cómo cree usted que el contexto político de Ecuador influye en la suspensión?

-La imagen del Gobierno se ha debilitado y ellos para redireccionar la mirada de la gente lo que hacen es crear este tipo de cosas, incluida la proscripción del partido.

Por estos días vemos la decisión de la Corte Constitucional que responsabilizó al Estado por la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas.

Es algo muy fuerte, es algo realmente que afecta las fibras más íntimas de la sociedad ecuatoriana. Niños que eran de barrios pobres, niños que pertenecen a una etnia que ha sido perseguida, que ha sido invisibilizada.

Vemos en este caso a las Fuerzas Armadas involucradas en la desaparición, tortura, asesinato y quema de cuatro menores.

A eso se suma una revelación gravísima en España, donde uno de los líderes de uno de los microcarteles más grandes que tiene Ecuador reveló una acusación que vinculaba supuestamente al presidente Daniel Noboa con el magnicidio de Fernando Villavicencio, asesinado en 2023.

Entonces cuando aparecen estas cosas, llegan los allanamientos a opositores, aparece una proscripción, llevan a prisión al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, todo para desviar la atención.

Por eso hemos rebautizado el caso Caja Chica, como Caja China, porque es muy conveniente el momento en que se toman estas decisiones, cuando vamos a entrar a elecciones.

Esto es muy grave y, además, ya vienen por la gente que defiende la naturaleza, los derechos de las minorías, los recursos naturales, la participación política, son extremos a los que jamás hubiésemos imaginado siquiera llegar.

arb/avr