Por Diony Sanabia

Corresponsal en Brasil

Tal decisión, anunciada de manera oficial el pasado 23 de febrero, representa, según criterios diversos, una victoria de las comunidades originarias del río Tapajós, en el norteño estado de Pará.

A la vez, coloca en el centro del debate nacional el modelo de desarrollo para la Amazonía y la correlación de fuerzas entre el poder de venta de productos agrícolas al exterior y los pobladores tradicionales, en un país que busca equilibrar crecimiento, justicia social y preservación ambiental.

Los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, y de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, fueron los responsables de comunicar la determinación tras un encuentro en el Palacio de Planalto, sede del poder Ejecutivo.

De acuerdo con Agencia Brasil, la medida respondió a la principal demanda de los indígenas de la parte oeste de Pará, cuyas posiciones contra la norma se prolongaron 33 días, exactamente, en esta última etapa.

Firmado el año pasado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el decreto incorporaba los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins al Programa Nacional de Desestatización y preveía estudios para su concesión a empresas privadas, incluidos el dragado y el control del tráfico fluvial.

Como apuntaron medios de prensa, se trataba de corredores estratégicos para transportar granos producidos en el estado de Mato Grosso hacia puertos amazónicos con destino al mercado internacional.

POSTURAS DEL EMPRESARIADO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Para el sector logístico, al parecer sin tener en cuenta otros aspectos, las hidrovías son sinónimos de competitividad y de reducción de costos en las operaciones de traslado.

En representación de la trasnacional Cargill y la Asociación de Terminales Portuarias y Estaciones de Transbordo de Carga de la Cuenca Amazónica (Amport), el empresariado alegó pérdidas económicas derivadas de los bloqueos en tiempos de protestas.

También advirtió sobre riesgos de desabastecimiento regional de combustible y suministros esenciales, de acuerdo con informaciones recogidas por el Ministerio Público Federal.

Sin embargo, hubo lecturas diferentes sobre el tema, y unos siete mil indígenas de 14 pueblos, entre ellos Munduruku y Arapiun, que habitan la zona del Bajo Tapajós permanecieron alertas e inconformes.

Esas comunidades, junto a ribereñas y quilombolas (descendientes de africanos esclavizados) denunciaron la falta de estudios ambientales concluyentes.

Además, alertaron sobre impactos negativos como erosión de márgenes de tierra, afectaciones a la pesca y daños potencialmente irreversibles a uno de los principales corredores ecológicos de la Amazonía.

Por otra parte, la ocupación que hicieron de la terminal de Cargill en el municipio de Santarém se convirtió, a juicio de analistas, en el símbolo de la resistencia.

Medios como Brasil de Fato reportaron que los indígenas del Medio, Alto y Bajo Tapajós bloquearon el acceso terrestre y realizaron acciones al estilo de interceptar una embarcación con granos para comercializar.

“No queremos trampas, queremos que se revoque el decreto ya”, afirmó en medio de las manifestaciones Alessandra Munduruku, líder de la aldea Praia do Índio, citada por esa publicación.

Auricélia Arapiun, del pueblo Arapiun, declaró en un video que la protesta era “por nuestras vidas, por nuestros territorios, por el futuro de la Amazonía y del planeta”, y acusó a Cargill de destruir modos tradicionales de existencia.

Las voces de los pobladores originarios no se limitaron a la denuncia ambiental, pues sumaron la dimensión espiritual y cultural de los ríos, vistos a la vez como vías de transporte y ejes de vida y memoria colectiva.

DISPUTA ECONÓMICA, POLÍTICA Y CIVILIZATORIA

En noviembre pasado, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém, capital de Pará, una protesta de los Munduruku bloqueó accesos al evento y llevó al gobierno a comprometerse con consultas específicas sobre la hidrovía del Tapajós.

Boulos anunció entonces la creación de una mesa de diálogo con los pueblos de esa cuenca, recordó Brasil de Fato.

Ahora, el Ejecutivo reiteró que cumplirá el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la consulta libre, previa e informada antes de aprobar proyectos que afecten territorios indígenas.

Para las comunidades, según sus propias declaraciones a nivel público, cualquier consulta debe anteceder decisiones estructurales y no limitarse a etapas posteriores.

Bajo las interrogantes, quizás, de quién define el destino de la Amazonía y cuáles parámetros se consideran, la confrontación se intensificó y una demanda presentada por Amport obtuvo una decisión favorable que ordenaba el desalojo en 48 horas mediante el uso de la fuerza policial.

El gobierno apeló, al considerar que la medida violaba directrices del Supremo Tribunal Federal y del Consejo Nacional de Justicia sobre conflictos que involucran a pueblos tradicionales.

Finalmente, la revocación del decreto eliminó la tensión inmediata y fue celebrada en redes sociales por las organizaciones indígenas.

No obstante, el debate de fondo permanece abierto, pues Brasil posee grandes fortalezas en la agroexportación y necesita de corredores logísticos eficientes para lograr sus objetivos comerciales.

Al mismo tiempo, el gigante sudamericano, de más de 213 millones de habitantes, es custodio y responsable de proteger la mayor porción de selva amazónica del mundo y una diversidad cultural de enormes proporciones.

Expertos sostienen que el caso Tapajós evidencia una disputa de carácter técnico, pero también económico, político y civilizatorio.

Así, por un lado, la expansión de infraestructuras como la proyectada hidrovía y obras conexas, incluido el ferrocarril EF-170, conocido como Ferrogrão, apunta a consolidar un eje exportador que integra territorios amazónicos a cadenas globales de valor.

Por el otro, los pueblos originarios lamentan que esa combinación signifique mayor presión sobre sus tierras, incremento de la deforestación y debilitamiento de las formas de autogobierno.

LOS RETOS PARA BRASIL

Entonces, ¿puede la Amazonía reducirse a un canal de exportación o debe concebirse como territorio de vida, con derechos colectivos y límites ecológicos innegociables?

La decisión de la administración de Lula revela la complejidad de gobernar un país atravesado por intereses globales y demandas históricas de justicia.

Al decir de Boulos, este es un Ejecutivo comprometido a escuchar al pueblo y a los pueblos indígenas, y está dispuesto a revisar sus propias decisiones.

Puede que sea necesario a todos los niveles de toma de determinaciones repensar el desarrollo amazónico desde una perspectiva soberana, participativa y ecológicamente responsable.

Queda claro, a lo mejor, que la hidrovía del Tapajós dejó de ser un proyecto de infraestructura para convertirse en un espejo en el cual Brasil observa sus contradicciones y define de qué lado del río prefiere ubicarse.

arb/dsa