Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

Transportadas desde Los Ángeles en un vuelo chárter valorado en casi 100 mil dólares por la exdiputada Laura Rojas, la carga evadió todas las barreras establecidas por normativas porque la exlegisladora mostró un pasaporte diplomático carente de vigencia.

Al referirse al tema, la Red Uno citó un reporte de Inteligencia de la Policía Boliviana, el cual advirtió que los bagajes contenían dólares estadounidenses, al parecer 100 millones.

“La investigación sobre el tema del dinero se está tratando de desviar, tenemos que tomar en cuenta que la exdiputada era vocera del Partido Demócrata Cristiano y están tratando de encubrir a otras personas”, denunció la diputada de Alianza Libre, Luisa Claros.

Consideró la legisladora que resulta ilógico traer marihuana o cualquier otra droga en un vuelo arrendado desde Estados Unidos, y subrayó que los informes preliminares indican que por las características del peso de las valijas había dinero.

Claros criticó la falta de coordinación y las contradicciones evidenciadas entre el Gobierno nacional y el Ministerio Público para resolver este expediente penal, lo cual muestra la debilidad del Estado boliviano para combatir este tipo de ilícitos.

En declaraciones a la prensa informó desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que remitieron una petición de informe escrito al Ejecutivo con la solicitud del flujo migratorio de la también excandidata a concejal de cara a los comicios subnacionales de marzo y de sus colaboradores.

Describió que en la petición se reclama precisar cuántas veces utilizó el pasaporte diplomático.

Según se conoció, se sumaron a estos requerimientos fiscalizadores las bancadas de Súmate Autonomía para Bolivia y Alianza Unidad.

De su lado, la segunda vicepresidenta del Senado, Kathia Quiroga, introdujo la propuesta de crear una comisión especial multipartidaria de investigación respecto al caso inicialmente conocido como “narcomaletas” y presentado ahora ante la prensa simplemente como “maletas”.

EL HOMBRE DE LA VALIJA

De modo más espectacular que Claros y valija en manos, en cuyo interior se leía las palabras “dólares” y “corrupción”, el diputado Rolando Pacheco coincidió ante la prensa, en la sede de la ALP, en que la fiscalía encubre a otros implicados conocedores del contenido de las maletas mantenidas al margen del control aeroportuario.

Exigió Pacheco que el Ministerio Público transparente las pesquisas. “En este hecho están implicadas mafias de cuello blanco y vestidos como empresarios -deploró airado la autoridad-, estamos hablando que en esas maletas había 100 millones de dólares”.

Preguntó Pacheco: ¿dónde está el dinero?, y advirtió que se trata no solo de la exdiputada Rojas, sino que también existen otras autoridades conocedoras de la llegada de esa suma en efectivo.

Enfatizó el diputado de Unidad Popular en que esa situación no es casual, pues la investigación pretende encubrir a otras autoridades del Gobierno. Criticó al respecto que el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, no se ha pronunciado sobre este extraño caso.

MÁS LEÑA AL FUEGO

El fiscal general boliviano, Róger Mariaca, derramó más combustible sobre las llamas de este escándalo, cuando aseguró que existió falta de oportunidad en la información sobre el caso, y esto impidió resolver el expediente penal en 24 o 48 horas.

“Hoy los tuviéramos a todos, los tenemos casi a todos, solo falta el señor (Gabriel) Juliano (Leoni), y quizás el caso hubiera sido esclarecido en 24 o 48 horas y hubiéramos sabido qué tendrían esas maletas”, reiteró.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó ante la prensa que se tenían informaciones del caso desde los primeros días de diciembre de 2025. Sin embargo, Mariaca precisó que la Fiscalía tuvo conocimiento de este asunto el 19 de enero.

Aclaró que el Ministerio Público no ejecuta tareas preventivas ni tiene competencia operativa en aeropuertos, pues no cuenta con fiscales asignados a esas funciones.

Este expediente penal se refiere a la llegada de la exdiputada Laura Rojas desde Los Ángeles, el 29 de noviembre con las maletas.

La carga fue trasladada a un galpón correspondiente a una empresa de seguridad perteneciente al juez Hébert Zeballos, donde el 20 de enero un operativo policial halló 79 kilogramos de marihuana.

Como resultado de las pesquisas conducidas por la fiscalía y del control jurisdiccional, Rojas se encentra aprehendida preventivamente por 180 días en el penal de Palmasola.

Identificado como socio capitalista de la firma de seguridad Ebose, Zeballos también guarda arresto preventivo por cuatro meses en Palmasola, al igual que un custodio de esta firma.

Una presunta socia de Zeballos en Ebose fue detenida cautelarmente en su domicilio, mientras otras dos personas no identificadas permanecen aprehendidas en igual condición.

Dentro del contexto de este expediente penal, las autoridades continúan las investigaciones sobre el paradero de Gabriel Juliano Leoni, de nacionalidad uruguaya, estadounidense e italiana, identificado oficialmente como el segundo implicado en el vuelo que trajo desde Estados Unidos las 31 maletas.

El ministro de Gobierno aseguró que este individuo, cuya identidad resultaba un misterio hasta el 29 de enero, cruzó la frontera rumbo a Paraguay, y está reportado con una orden de búsqueda y captura. “(…) El destino aún lo estamos investigando, estamos trabajando con organizaciones a nivel internacional para conocer su paradero”, sostuvo el titular.

arb/jpm