Por Zeus Naya

Corresponsal jefe en Guatemala

Con las exigencias de reos líderes de la pandilla Barrio 18, principalmente desde la prisión Renovación I, en el departamento de Escuintla, el 17 y 18 de enero, sobrevino el asesinato de 10 policías en calles capitalinas.

En el cumplimiento de su deber también resultaron heridos otros cinco uniformados, durante ataques supuestamente dirigidos (coordinados) desde esos centros de detención, para muchos en busca de crear una situación de ingobernabilidad.

Aunque las peticiones de mareros indicaban malas condiciones de los penales (uno incluso exigía aire acondicionado, entre otras), se filtró un vídeo que instaba a derrocar mediante un golpe de Estado al presidente chapín, Bernardo Arévalo.

Ante tal panorama, el mandatario reunió a su Consejo de Ministros y, no obstante controlar los motines en menos de 24 horas, decretó Estado de Sitio por 30 días, para utilizar toda la fuerza contra las pandillas e impedir acciones terroristas.

En mensaje al pueblo, el jefe de Estado calificó de importante reconocer que nada de esto es casualidad, “ocurre justo cuando rinde resultados claros el avance del país para librar a las instituciones de las redes criminales que traficaban corrupción e impunidad”.

Sabemos quiénes están detrás, grupos que se benefician de ese flagelo que crece en las sombras y se niegan a que como nación vivamos con transparencia y justicia, afirmó el político de 67 años.

Son las mafias político-criminales que se resisten y buscan infundir terror porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema legal y están fracasando, subrayó la autoridad, sociólogo de profesión, exdiplomático y exdiputado.

CAMBIOS IMPORTANTES

Especialistas consultados por Prensa Latina explicaron que las acciones, sin discusión, llegaron en un momento en que la nación se encamina a realizar cambios importantes en las llamadas elecciones de segundo grado.

A inicios de año, igualmente en cadena radio-televisiva, Arévalo calificó los procesos (cinco) de enorme reto, “ya que quienes durante décadas abusaron del poder y se enriquecieron con la corrupción, amenazan con seguir capturando nuestras instituciones”.

Corresponde definir a los magistrados para el Tribunal Supremo Electoral del periodo 2026-2032, la Corte Constitucional, jefe o jefa del Ministerio Público (MP), Universidad de San Carlos y Contraloría General de Cuentas.

Lo impactante, expresaron analistas locales a esta agencia, es que en el caso del o la fiscal general, una postuladora seleccionará a los seis mejores candidatos y el presidente designará al ocupante del cargo por cuatro años.

El mandatario ha denunciado reiteradamente a la actual titular del MP, Consuelo Porras, como punta de lanza del “Pacto de Corruptos” y la acusa de instrumentalizar la justicia para frenar reformas y proteger incluso a delincuentes.

EN EL MARCO DEL DERECHO

El experto en comunicación política y asesoría electoral, Rodrigo Mendoza, describió a Emisoras Unidas que ciertos grupos de poder tienen cooptado el Estado. Además, aclaró que el mandatario quiere hacer las cosas bien, en el marco del derecho.

Ha tenido muchas derrotas, enfrentamientos y este año es clave, si él (Arévalo) logra superar el 2026 positivamente para todos, podemos llegar a tener un proceso electoral en el que no reine el populismo, consideró.

El periodista Haroldo Shetemul recordó a esa radioemisora que varios jefes de Estado del país quisieron hacer eso, el más cercano Otto Pérez (2012-2015), quien resultó un corrupto, “pura demagogia”, y la mano dura quedó en el aire.

En una comparación con el vecino El Salvador, comentó que las políticas de seguridad tienen efecto pero a un alto costo, con años sin garantías, violación de derechos humanos, que no se pueden negar, remarcó.

Mendoza advirtió que es muy temprano para poder percibir el perfil que la población va a pedir de los candidatos, porque depende mucho de las elecciones de segundo grado de este año.

Esto puede permitir -amplió- un cambio en la realidad de los procesos judiciales, de la persecución penal.

Arévalo, expuso, quiere jugar las reglas democráticas en una nación en el cual hay una dictadura judicial, que no va precisamente en esa dirección, lo cual significó un deterioro en la situación política y de seguridad, señaló.

En Guatemala existe una democracia formal, porque vamos a votar cada cuatro años, pero eso no significa un cambio en la vida de los ciudadanos y, en cuanto a seguridad, vivimos en un Estado caótico, reflexionó el experto.

El Sistema Penitenciario (SP) hace aguas por todos lados, por ejemplo, en Renovación I remodelaron el edificio pero la estructura de corrupción e impunidad ahí está, aseveró.

RESULTADOS DEL ESTADO DE SITIO

Arévalo sentenció que el estado de sitio ya “está dando resultados” y reiteró que la medida permite responder con toda la fuerza y la capacidad del país ante la crisis.

Operativos combinados entre la Policía Nacional Civil y el Ejército persiguen el control del SP, cortar la comunicación entre líderes en prisiones y pandilleros, e incursionar en zonas de alta incidencia criminal.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, confirmó la captura de 44 pandilleros, 39 del Barrio 18 y cinco de Mara Salvatrucha, en una semana de estado de sitio.

Retiramos cinco cámaras de video vigilancia de la zona 18 capitalina, que le servía a estos grupos para mantener un dominio territorial y, en total, efectuamos 211 allanamientos, acentuó el titular.

Reiteró que no hay tregua ni concesiones con estas organizaciones criminales, “que este Ejecutivo está enfrentando de manera frontal, sostenida y sin titubeos”.

El exviceministro de esa cartera y exintegrante del Consejo del MP, Julio Rivera, opinó que, efectivamente, el estado de sitio cumple con la función para la que fue propuesto.

Aunque, recalcó, esta medida per se no transforma la dinámica de la violencia y la criminalidad en un país.

En palabras del exdirector del SP, Eddy Morales, se está haciendo lo que, humanamente, debería hacerse. La realidad es que hay mucho y no de ahora, puntualizó.

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