Por Manuel Robles Sosa

Corresponsal jefe en Perú

Se trata, dijo en un acto oficial, de “un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho, e incluso la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias”, como califica a las indagaciones de las que ha sido objeto.

La jefa de Estado lo reivindica como parte de su legado porque su gobierno pidió al Tribunal Constitucional si se puede investigar a los presidentes a la luz del artículo constitucional que prohíbe acusar a presidentes en funciones, salvo que cometa traición a la patria, impida elecciones, disuelva el Congreso ilegalmente o bloquee el funcionamiento del Legislativo o de los organismos electorales.

La respuesta fue una sentencia que dispuso la suspensión de las investigaciones a la mandataria por muertes en protestas sociales y otros cargos, hasta que termine su gestión, en julio de 2026, tras lo cual podrán continuar, lo que regirá en el futuro.

También prevé excepciones, como indagaciones preliminares básicas en casos inevitables y acotadas con indicaciones como las de interrogar solo dos veces al mandatario y pedirle información o pruebas, cuestiones de procedimiento que competen a la tarea legislativa y no a la potestad del TC, de interpretar la carta magna, según acotó el jurista Luciano López.

El letrado señaló como defecto de la sentencia que no explica por qué ha cambiado de criterio sobre los alcances de la inmunidad, pues en noviembre de 2022 emitió un fallo que avaló el allanamiento de la residencia presidencial por una investigación al entonces presidente Pedro Castillo.

Entonces, la mayoría parlamentaria y los juristas afines aplaudían la decisión y pedían más dureza contra Castillo, como parte de la abierta intención de defenestrar al gobernante elegido con banderas de izquierda, y actualmente justifica y defiende la sentencia del TC.

El Legislativo de mayoría derechista inclusive sancionó con la inhabilitación a la entonces fiscal de la nación, porque hizo algo parecido a lo que dictó el TC, al cerrar una indagación primaria a Castillo y suspenderla hasta el fin de su mandato.

López dijo que la contradicción y la falta de explicación del TC abre la posibilidad de pensar que “una cosa es con Castillo y otra con la presidenta Boluarte”.

Otros señalamientos llaman la atención sobre el hecho de que los procedimientos que ponen a cubierto a los jefes de Estado, consignan la posibilidad de excepciones, lo que parece aludir a la posibilidad de que sea elegido otro presidente ajeno al modelo político y económico neoliberal.

La fiscal de la nación, Delia Muñoz, al afirmar que acata el fallo, apuntó que este no menciona posibles casos de delito flagrante, y señaló que el Ministerio Público continuará investigando, en los términos fijados por el TC.

La expresidenta del TC Marianella Ledesma, dura crítica del dictamen del tribunal, apuntó que nunca un presidente peruano en funciones fue investigado y solo hubo un paréntesis con Castillo.

“Se regresa lo que se ha venido haciendo por décadas en nuestro país, en las que no se hizo ninguna investigación a un presidente hasta después de que dejaron el cargo”, dijo y añadió: “Con Castillo, bienvenida la investigación; con Boluarte, no hay investigación”.

Tanto López como el jurista Luis Lamas Puccio coincidieron también en que el fallo del TC no toma en cuenta la realidad pues sobreprotege a los mandatarios futuros en un contexto en el que la corrupción es generalizada y casi todos los presidentes de las últimas décadas han sido encarcelados por delitos de ese tipo.

La mayoría de los críticos del dictamen señalan que congelar las investigaciones a un gobernante conlleva el riesgo de que las evidencias acumuladas se pierdan o el indagado use su poder político para disuadir a eventuales testigos.

Asimismo argumentan que los exjefes de Estado mantienen un nivel de protección en los cinco años posteriores al fin de su mandato, pues el Parlamento autoriza o impide su enjuiciamiento, lo que deja la justicia a expensas de criterios políticos.

César Nakazaki, quien fuera abogado del expresidente Alberto Fujimori -encarcelado hasta que fue indultado, murió nueve meses después-, comentó que tal vez sea el momento de sincerar las cosas y añadir la corrupción, el asesinato, la violación y otros delitos, actualizando la lista de las causas por las que un gobernante puede ser acusado.

Sobre el argumento del TC, acerca de la pertinencia de preservar la dignidad del cargo presidencial, el abogado Roberto Pereira comentó que el tribunal “ha visto solo un lado de la película”.

Ha omitido, dijo, considerar el otro lado, el de la afectación del cargo por los propios mandatarios, y ha tomado la decisión política errada de “lanzar un salvavidas” a Boluarte ante las múltiples investigaciones que la afectan.

Según Pereira, cuando un presidente se involucra en delitos graves como la corrupción y en el uso del poder para impedir que la justicia haga su trabajo, “deslegitima la institución presidencial y debilita la imagen de la Presidencia de la República y también pone al país en situación de precariedad”.

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