Por Lianet Arias Sosa Corresponsal jefa en México

Tres meses atrás, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó enviar el proyecto, pues “para el gobierno de México atender el problema de las personas desaparecidas”, conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares “es una prioridad nacional”.

Al dar a conocer esta y otras medidas con ese propósito, la mandataria subrayó el 17 de marzo que se trata de “un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse” y por ello se actuará “en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado”.

La Secretaría de Gobernación puso en marcha poco después una serie de encuentros con familias y un amplio grupo de colectivos de buscadores de personas desaparecidas, quienes realizaron 570 aportaciones relacionadas con los ejes de búsqueda y seguridad e identificación humana forense.

También abordaron otras áreas, como bases de datos y sistemas de información, bienestar y prevención.

Un editorial del prestigioso diario La Jornada, publicado en días recientes, asegura que “no debe soslayarse la relevancia de lo logrado en los encuentros entre las familias y organizaciones y las representaciones del gobierno federal”.

“Es claro que un enfoque compartido y consensuado entre ambas partes resulta fundamental para avanzar en la superación de la dolorosa tragedia de las personas desaparecidas y de sus entornos familiares y sociales, una tragedia que atañe al conjunto de la sociedad y de las instituciones”, apunta.

La iniciativa enviada al Congreso contempla modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a la Ley General de Población.

El proyecto emprendió su camino por el Senado, donde los cambios a la primera normativa recibieron en lo general el visto bueno de 89 parlamentarios y el rechazo de 13, mientras en el caso de la segunda 69 la avalaron, 28 estuvieron en contra y cinco se abstuvieron.

CAMBIOS CLAVE

Según lo divulgado durante el período extraordinario de sesiones del Legislativo, el proyecto modifica el término de procuradurías locales a fiscalías locales y considera a la Clave Única de Registro de Población (CURP) como elemento base de identificación de los ciudadanos.

Incorpora la Plataforma Única de Identidad con la intención de facilitar la búsqueda de desaparecidos, que tendrá conexión con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos.

El propósito reside en realizar búsquedas continuas y exhaustivas mediante la CURP, para detectar rápidamente posibles casos de desaparición y la respuesta inmediata de las autoridades, precisa un comunicado en el sitio oficial del Senado.

También establece la obligación por parte de las autoridades y particulares que, por sus funciones o actividades tengan a su cargo datos biométricos o cualquier otro identificativo de personas, para que permitan la consulta de estos a la Fiscalía General de la República.

Además, a las fiscalías locales, las instituciones públicas que integran el Gabinete de Seguridad, así como al Centro Nacional de Inteligencia.

El proyecto dispone que los servicios periciales y forenses de la Federación o de los estados que tengan en resguardo un cuerpo o resto humano no identificado, previamente a la remisión a las fosas comunes, deberán practicar pruebas dactiloscópicas y genéticas para su identificación.

Asimismo, tendrán que registrar el resultado de las pruebas en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo no mayor a tres días contados a partir de la obtención del resultado, para lo cual podrán auxiliarse de instituciones públicas con infraestructura para realizarlas.

Con la modificación se implementa la Ficha de Búsqueda, la cual deberá generarse en formato físico y digital, y contendrá los datos esenciales de la persona reportada como desaparecida o no localizada.

Según la normativa, la ficha se notificará al Registro Nacional de Población para activar en la Plataforma Única de Identidad las alertas de usos de la CURP de la persona desaparecida o no localizada, o la búsqueda de coincidencias con sus datos identificativos.

Además, se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que contendrá los datos de las carpetas de investigación iniciadas por estos delitos.

La iniciativa consolida igualmente las fiscalías especializadas en desaparición, las cuales contarán con personal capacitado y certificado en la investigación de los delitos contemplados en la propia legislación.

No faltaron quienes desde la oposición señalaron al Gobierno por supuestamente usar el tema de las desapariciones como “pretexto” para ampliar su poder y vigilar a la población, y alegaron que la sociedad estaría perdiendo “privacidad” y “libertad”.

Voces como la de la senadora Olga Patricia Sosa, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ratificaron que las reformas no buscan lucrar con el dolor de las madres buscadoras, ni convertir al Estado en espía.

Por su parte, Waldo Fernández, del Partido Verde Ecologista, celebró el hecho de que la iniciativa obligue a las autoridades a compartir información, lo cual permitirá superar la fragmentación institucional y evitará el aislamiento de información requerida para las investigaciones.

A juicio de Ana Karen Hernández, del Partido del Trabajo, el proyecto representa un parteaguas: “Ninguna ley devolverá de inmediato a quienes faltan, pero sí puede romper el ciclo de la negligencia, el silencio y la impunidad”, resumió.

El 28 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, informó sobre el recibimiento de la minuta en materia de desaparición forzada enviada por el Senado y aseguró la continuidad del trabajo legislativo y una discusión con compromiso y seriedad.

arb/las