Por Ivette Fernández

Corresponsal jefa en Colombia

Aun cuando se desconocía el estado exacto de salud del congresista, varias de las personas interesadas en la carrera por la Casa de Nariño señalaron al presidente, Gustavo Petro, de ser el culpable del ataque debido, supuestamente, al tono usado en redes sociales para referirse a los sectores de oposición.

A la par del interés de la nación por la condición del legislador, de 39 años, crecían también los discursos de odio contra determinados representantes del gobierno quienes llegaron a manifestar, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, o la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, que estaban recibiendo amenazas contra sus vidas.

Muy pronto empezó a solicitud de funcionarios gubernamentales, entre los que estuvo el propio mandatario, de no instrumentalizar y usar con fines políticos el atentado contra el senador, ocurrido el 7 de junio.

La situación, que agravó las ya considerables tensiones entre las diferentes ramas del Estado, como el pugilato que desde hace meses sostienen Ejecutivo y Legislativo, emergió con más fuerza.

Un ejemplo elocuente fue que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, declinó la invitación para asistir a una reunión en la que se discutirían las garantías electorales y en la que estaría el jefe de Estado y, adicionalmente, declarara que deseaba un encuentro con las fuerzas del orden para discutir el tema.

Fue a esta solicitud a la que el mandatario respondió que no habría conversación con la fuerza pública de los jefes de partido sin la presencia del presidente. “No más sedición y búsqueda de golpes. Aquí se necesita unión, diálogo y paz”, aseveró en su cuenta de la red social X.

Por otra parte, los medios tradicionales estimulan una narrativa en la que pareciera que la violencia, y la violencia política, es cosa reciente, y que la polarización presente en el país resulta consecuencia únicamente del discurso del gobernante.

De acuerdo con un artículo de la revista Raya, “la oposición ha usado el hecho para instalar un escenario apocalíptico, de guerra, de crisis institucional, responsabilizando al presidente Petro”.

¿REGRESO A LOS 80?

Pero, ¿es cierto que existe un deterioro en lo que a violencia se refiere?

Según un artículo de Oscar Chala, publicado en el sitio Fundación Paz y Reconciliación, la violencia político-electoral es casi una constante en Colombia; la diferencia es que en esta ocasión tuvo por blanco a un presidenciable a menos de un año de los comicios generales.

La Línea de Democracia y Gobernabilidad señaló al cierre de su especial de informes en 2022 que hubo 222 víctimas de 179 hechos victimizantes a lo largo del último año electoral (13 de marzo de 2021-13 de mayo de 2022), refirió el articulista.

De estos hechos, afirmó, 29 fueron asesinatos, 68 por ciento de los hechos victimizantes no tuvieron una autoría clara o su autoría es desconocida, y se ciñó en su mayoría sobre funcionarios públicos locales (alcaldes, concejales) y candidatos a la Cámara de Representantes.

Ya fuera de las figuras políticas, el estallido social de 2021 fue otra coyuntura especialmente violenta, bastante cercana en el tiempo.

El proyecto periodístico colombiano Rutas del Conflicto documentó al menos 80 víctimas mortales en ese contexto, en su mayoría jóvenes estudiantes y trabajadores entre los 17 y los 26 años. De ese total, la ONU responsabilizó a la policía de 28 de los decesos ocurridos por abuso de la fuerza.

Por su parte, el analista político y profesor de la Universidad Externado Federico García advierte cómo desde los medios tradicionales se ha dicho con insistencia que este atentado devuelve a la nación a épocas de violencia, cuando se asesinaba a líderes políticos todas las semanas.

Comentó que la expresión de que se está de regreso a los años 80 del pasado siglo se equivoca en un sentido, pero acierta en otro.

“Por una parte, oculta que los últimos 40 años han sido de los más violentos en nuestra historia, con fenómenos de violencia como el paramilitarismo, el genocidio contra el partido Unión Patriótica, el desplazamiento forzado o los falsos positivos. La narrativa de “antes estábamos mejor” solo sirve para atacar el proceso del cambio”, sentenció.

En cambio, consideró que acierta en parte porque alude a un momento histórico que el profesor Francisco Gutiérrez Sanín denomina como ciclo exterminador.

García recordó que Gutiérrez establece que en la historia de Colombia los escasos procesos de apertura política, dos hasta el momento, han sido abortados por ejercicios sistemáticos de violencia contra quienes muestran resistencia al statu quo.

Lo más grave del atentado contra Miguel Uribe, concluyó, es que podría convertirse en lo que desate el tercer episodio de un “ciclo exterminador” de todos los ocurridos en el país, según la denominación establecida por el catedrático.

INTENTOS DE DESESTABILIZACIÓN

A pesar de que ciertos sectores, sobre todo de oposición, le achaquen la responsabilidad al presidente, las tensiones políticas no fueron estimuladas de manera unilateral.

La revista Raya reconoció que un momento de inflexión importante aconteció el 18 de marzo pasado, cuando ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado hundieron la reforma laboral propuesta por el Gobierno sin siquiera debatirla y cerraron de un tajo una iniciativa que buscaba beneficiar a la clase trabajadora.

“Lo que rechazó el Gobierno fue la existencia de un bloqueo institucional que impedía la deliberación y votación en la plenaria del Senado, es decir, por todos los congresistas. Esto provocó que el presidente convocara a una consulta popular, lo que activó a sectores ciudadanos a favor de ese mecanismo constitucional”, según se reconoce en el artículo “Los actos de la oposición para desconocer el mandato del presidente Petro”.

En el texto también se cita la opinión del analista Francisco Toloza, quien aseguró que “el coro de los medios masivos y de la derecha es que Petro tiene que dejar de proponer la consulta popular, que Petro tiene que dejar de polarizar, que Petro tiene que dejar de ser Petro para que lo dejen terminar el periodo”.

Con esto, expresó, el mandato de la derecha es concreto: coaccionar al mandatario para que no gobierne. “Aquí el poder político y el régimen político sigue estando en manos de los de siempre”, remarcó el entendido.

En ese mismo texto, el articulista Federico García señaló que el desconocimiento de la autoridad del presidente es inherente a un proceso continuo de desestabilización del país, de deslegitimación y de sabotaje a todas las iniciativas gubernamentales.

“Esto tiene por objetivo provocar un movimiento de opinión que obligue a Petro a renunciar o lo debilite lo suficiente como para que en el año entrante la derecha vuelva al poder”, señaló el analista.

Omar Romero, por su parte, destacó en un texto publicado en el sitio Cronicon.net que el atentado se usa por el poder judicial para reafirmar el discurso de una justicia “eficiente”, mientras se oculta, o peor aún, se desestima la posibilidad de un golpe blando en marcha contra Gustavo Petro, como el propio presidente ha denunciado.

“El atentado contra Uribe no se puede entender por fuera de la coyuntura de desestabilización que vive el Gobierno. Las denuncias del presidente Petro sobre una conspiración que involucra a narcotraficantes, sectores políticos de ultraderecha y medios de comunicación no pueden ser desestimadas ni tratadas como paranoia”, señaló.

Consideró además que se trata de golpe que no necesita tanques ni militares en las calles.

“Le basta con la manipulación mediática, el sabotaje legislativo, la infiltración institucional, la guerra jurídica y, como en este caso, la instrumentalización de hechos de violencia para erosionar la legitimidad del Gobierno”, remarcó.

A juicio de Romero, estas son manifestaciones de un poder herido por una Presidencia popular que no le rinde pleitesía, por lo cual recurre nuevamente a las viejas prácticas: el miedo, la manipulación, la represión y el intento de golpe.

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