Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

A casi un año del fallido golpe de Estado del 26 de junio de 2024 y cuando faltan poco menos de cuatro meses para las elecciones generales del 17 de agosto, resurgieron campañas con discursos cargados de odio que transparentan la intención de poner en entredicho el orden constitucional en el Estado Plurinacional.

El 26 de junio del pasado año, cientos de militares al mando del exjefe del Ejército Juan José Zúñiga, reforzados con tanquetas y artillados con calibre de guerra ocuparon la plaza Murillo, epicentro político del país, con el objetivo de hacerse del poder.

La decisión de Arce de enfrentar esa asonada, la movilización ciudadana transmitida en directo por los medios de comunicación y el respaldo internacional de otros gobiernos frustraron la acción castrense planificada con anterioridad.

Diversos países del área y organizaciones integracionistas regionales condenaron enfáticamente cualquier forma de asonada golpista y la calificaron de amenaza directa a la democracia, la paz social y la vida del pueblo boliviano.

Desde entonces, en el país altiplánico se multiplicaron y diversificaron las estrategias de desestabilización bajo formas calificadas en diversos discursos por el presidente Arce como guerra híbrida.

CONCEPTO DE GUERRA HÍBRIDA

En un artículo publicado el 15 de mayo de 2023 en el diario Study Times, el general chino Wang Haijiang definió ese concepto como la guerra militar entrelazada con la política, la financiera, la tecnológica, la cibernética y la cognitiva.

Tal concepto ganó notoriedad en 2014 tras el golpe de Estado promovido por el Occidente Colectivo en Ucrania, y puede incluir las fuerzas convencionales, medios irregulares como insurgencia, terrorismo, migración y recursos naturales.

Asimismo, prevé la hostilidad diplomática, los ataques jurídicos, la intervención electoral desde el extranjero y la influencia mediática sobre la población, que resulta vital.

La ventaja de este tipo de accionar bélico consiste en que el agresor puede evitar que le atribuyan el ataque y lograr lo que los servicios secretos y la élite política de Estados Unidos denominan “negación plausible”.

En este contexto, las autoridades bolivianas denuncian que en la actualidad acontece una intensa ofensiva mediática y digital en redes sociales, campañas de desinformación; acoso sistemático y agresiones políticas dirigidas a desacreditar al Gobierno nacional.

Sobre esta base, advierten que sectores de la oposición e intereses extranjeros que no identifican, generan condiciones que justifiquen una interrupción anticipada del mandato constitucional de la administración del dignatario Arce.

LAS AMENAZAS

Admite el Gobierno boliviano, incluso, el propósito de estimular un golpe militar y para ello se basa en las declaraciones del exjefe del Ejército Juan José Zúñiga en una reciente entrevista, desde la cárcel, al medio Data Urgente-Youtoube, y en una carta que remitió a la prensa mexicana.

Tras estas publicaciones, se intensificó la preocupación pública en relación con el sector castrense y se profundizó en Bolivia el ambiente de inestabilidad.

Llamaron la atención las palabras de Zúñiga dirigidas en primer lugar a las Fuerzas Armadas con el argumento de la supuesta inocencia de todos los militares encarcelados por el fallido golpe de Estado bajo el argumento de que cumplían órdenes de Arce para concretar un hipotético autogolpe.

Consideran las autoridades gubernamentales que, al parecer, se pretende provocar el descontento en las tropas e incentivar un alzamiento armado.

También en las últimas semanas, varios legisladores de oposición y operadores políticos enmascarados en la fachada de miembros de comités cívicos -especialmente en el departamento de Santa Cruz-, denunciaron un supuesto golpe judicial que sería protagonizado por los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional Gonzalo Miguel Hurtado y René Iván Espada.

Como pretexto, tomaron la presentación de seis demandas, entre ellas, una del extitular de la Asamblea Legislativa Plurinacional Israel Huaytari (del Movimiento al Socialismo), de sectores indígenas y otra del legislador derechista Miguel Roca, curiosamente a favor del derecho de los originarios a competir en los comicios con sus organizaciones, sin necesidad de un partido que los represente.

En esta vertiente, los denunciantes sostienen la hipótesis de que por órdenes del mandatario, Hurtado y Espada accionarán de forma tal que permita aplazar las elecciones generales de agosto, con lo cual Arce podría prorrogar su mandato.

Para desmentir esta versión, de manera sorpresiva, Espada y Hurtado viajaron de Sucre a La Paz y sostuvieron una reunión con las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y con posterioridad en esa sede ofrecieron una conferencia de prensa en la cual se comprometieron a garantizar la celebración de los comicios.

Por su parte, el Supremo de Justicia emitió un instructivo en el que advirtió que iniciará procesos disciplinarios y judiciales contra cualquier juez que atente contra la celebración de las elecciones.

ULTRADERECHA ANUNCIA ACCIONES DESESTABILIZADORAS

En el contexto de la guerra híbrida denunciada por el Gobierno de Bolivia, el expresidente Jorge (Tuto) Quiroga, representante de la ultraderecha internacional en este país y candidato presidencial por la alianza Libre, anunció acciones desestabilizadoras.

“Las protestas callejeras van a ir en ascenso”, aseguró el impulsor de las políticas neoliberales promovidas por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entrevistado en el programa nocturno Detrás de la Verdad, del canal privado DTV.

De esa forma, el exmandatario y delfín del dictador Hugo Banzer se refirió a las movilizaciones callejeras protagonizadas recientemente en La Paz, capital política del país, de manera “coincidente” por miles de cooperativistas mineros, gremialistas, transportistas, maestros urbanos y hasta grandes empresarios agropecuarios e industriales.

El anuncio de Quiroga está en consonancia con la advertencia del Gobierno acerca de la amenaza de un golpe civil.

Al respecto, las autoridades indican que la escasez de dólares originada por los grandes exportadores que dejan sus divisas en el extranjero, afecta la capacidad de importación, lo cual ha derivado en el desabastecimiento de insumos, combustibles, productos de consumo y en su correspondiente encarecimiento.

Este fenómeno es amplificado minuto a minuto con mensajes alarmistas en redes sociales, lo cual incrementa el pánico financiero y la especulación.

Adicionalmente, las declaraciones del exgeneral Zúñiga sobre supuestas intenciones del Gobierno de manipular el padrón electoral junto a denuncias de portavoces de la oposición de un supuesto fraude, no solo desgastan al Gobierno y profundizan la incertidumbre social.

También ablandan el terreno para en caso de una victoria del bloque nacional popular en los comicios generales de agosto, ignorar ese triunfo e imponer la matriz de opinión de “fraude” (al estilo de la denominada revolución de colores en Ucrania, o más recientemente en Venezuela).

MEDIOS Y REDES SOCIALES

A la par, desde diversos medios de prensa afines a la oposición neoliberal, se pretende instalar la idea de un Estado fallido, sin capacidad de gobernar. Todas estas características son propias de los denominados “golpes blandos”, que erosionan la legitimidad de los gobiernos promotores de la justicia social y socavan la estabilidad institucional.

En medio de esta situación, algunos opositores partidarios de las políticas neoliberales de Estados Unidos y el FMI tratan de posicionar en su discurso la propuesta de una “transición democrática” antes de las elecciones del 17 de agosto.

Tal eufemismo está orientado a legitimar una ruptura del mandato constitucional en el Estado Plurinacional, e incluso algunos candidatos como el ultraconservador Quiroga hablan de lograr dos tercios de los legisladores para retornar a la República racista que existió hasta 2009.

A todo este ambiente hostil se suma el bloqueo en la Asamblea Legislativa Plurinacional de créditos internacionales, que ha impedido inyectar a la economía nacional más de mil 600 millones de dólares. Esto frena el desarrollo de obras públicas, programas sociales, alimenta el desgaste institucional y genera una parálisis funcional del Estado.

Redes sociales como X, Facebook y Tiktok, sobre todo, difunden falsas noticias, promueven el miedo y la promoción de discursos de odio para lo que recurren a perfiles falsos y bots con el objetivo de manipular la opinión pública.

LA OPOSICIÓN

Dentro de este escenario, figuras opositoras y disidentes del gobernante Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) recurren a discursos que criminalizan a las autoridades gubernamentales, deslegitiman a las organizaciones sociales y alientan vías antidemocráticas.

A la par, se acentúa la división entre los sectores afines al expresidente Evo Morales y los partidarios del mandatario Arce, como parte de las respectivas estrategias para posicionarse políticamente de cara a las elecciones de agosto.

Esta realidad debilita al sector nacional popular en momentos en que la derecha hace esfuerzos por lograr un candidato respaldado por un bloque unitario que logre derrotar a la izquierda.

Desde el punto de vista internacional, en tanto, Estados Unidos expresa oficialmente que apoya la democracia en Bolivia. Sin embargo, su historial intervencionista de manera directa o indirecta en América Latina y el Caribe, y en particular en este país sudamericano, genera suspicacias sobre su accionar respecto a la realidad del Estado Plurinacional.

En el plano regional, resultan preocupantes declaraciones recientes del presidente argentino, Javier Milei, quien calificó a Bolivia de “país destrozado” y negó la existencia de un golpe de Estado fallido el 26 de junio de 2024.

Recientemente, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Honduras, tanto Argentina como Paraguay obstaculizaron la aprobación de respaldo a la integración regional, detalle que evidencia tensiones ideológicas y la fragilidad de los consensos en el escenario del área.

Las autoridades bolivianas advierten que todos los anteriores elementos configuran un panorama de alta vulnerabilidad para el orden constitucional boliviano.

Señalan que, aunque no se observan acciones armadas coordinadas en el presente, la suma de presiones económicas, sabotaje legislativo, guerra mediática, ataques diplomáticos externos y maniobras institucionales internas como la judicialización del poder componen un escenario de desestabilización política.

arb/JPM