Por Nicholas Valdés

De la redacción de Asia y Oceanía

El Tribunal del Distrito Central de Seúl anunció que el venidero 14 de abril comenzará el proceso penal contra el jefe de Estado por los cargos de insurrección, a causa de su imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

La incertidumbre política que enfrenta hoy la nación asiática detonó el pasado 3 de diciembre, cuando Yoon emitió ese decreto con el objetivo de acusar a la oposición de paralizar al gobierno con “actividades antiestatales”, pero, horas más tarde, la Asamblea Nacional votó a favor del levantamiento de la medida.

El anuncio sorpresa se produjo después de que opositores del Partido Democrático aprobaron por la vía rápida un proyecto de ley de presupuesto reducido y presentaron mociones de destitución contra el auditor estatal y el fiscal jefe.

De conformidad con la Constitución surcoreana, el presidente puede declarar la ley marcial en respuesta a las necesidades militares durante los tiempos de guerra, conflicto armado, emergencia nacional, o cuando la seguridad y el orden públicos lo requieran.

Tras la declaración, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Park An-su, nombrado líder del comando de la ley marcial, anunció un decreto en el que prohibía todas las actividades políticas, incluidas las protestas y las actividades de los partidos.

Alrededor de la una de la madrugada del 4 de diciembre (hora local), la Asamblea Nacional convocó a una sesión plenaria para demandar que Yoon levantase la ley marcial, y la resolución fue aprobada con 190 legisladores presentes, de 300 miembros, y 190 votos a favor.

Al día siguiente, la policía inició una investigación sobre los cargos imputados al presidente surcoreano, a quien acusaron de traición al declarar una medida tan drástica.

La indagación fue asignada al equipo de investigación de seguridad, dependiente de la Oficina Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur después de que se presentaran dos denuncias: la primera de ellas por el partido opositor minoritario Partido de Reconstrucción de Corea, mientras que la otra la realizó un grupo de 59 activistas.

Las denuncias no solo señalaron a Yoon, sino también al exministro de Defensa Kim Yong-hyun; al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Park An-su, y al ministro del Interior y Seguridad Lee Sang-min.

“Impeachment”, la primera consecuencia

Pese a esas primeras acciones, que anunciaron un inminente inicio de un proceso penal contra el presidente surcoreano, la primera instancia en contraatacar fue el Parlamento, liderado por el opositor Partido Democrático.

El 14 de diciembre de 2024, esa instancia votó por mayoría a favor de destituir al presidente, lo que dio paso inmediato a la celebración de un juicio político contra el alto funcionario.

De acuerdo con la legislación vigente en Corea del Sur, el tribunal tiene 180 días para decidir si ratifica o desestima la destitución parlamentaria de Yoon, a partir del día en que recibió el caso.

Si se ratifica, Yoon sería destituido de su cargo, lo que desencadenará unas elecciones presidenciales anticipadas en un plazo de 60 días después del veredicto; si se desestima, será restituido.

Las riendas de la nación las han conducido indistintamente desde entonces los presidentes interinos Han Duk-soo y Choi Sang-mok, ambos del gobernante Partido del Poder del Pueblo.

Detención del presidente Yoon

El 15 de enero de 2025, el presidente destituido Yoon Suk Yeol se convirtió en el primer mandatario de Corea del Sur en ser detenido para ser interrogado, 43 días después de decretar la controvertida ley marcial en el país.

Después de ignorar múltiples solicitudes de las autoridades de comparecer a un interrogatorio y tras un primer intento de detención, los investigadores condujeron al jefe de Estado constitucional por los cargos de insurrección.

Precisamente, se trata de uno de los pocos cargos imputables que dejan sin efecto la inmunidad presidencial ante el procesamiento penal.

Tras casi dos meses de detención, el Tribunal del Distrito Central de Seúl ordenó a principios de marzo que el presidente fuera puesto en libertad, después de aceptar su solicitud de cancelar su arresto.

Violencia en las calles

Aunque Yoon se encuentra ahora en libertad para enfrentar sus diferentes procesos, el anuncio del juicio penal, sumado al próximo veredicto de un proceso político, podría generar episodios de violencia en el país.

El gobierno surcoreano prometió la semana pasada “tolerancia cero” ante cualquier acto de violencia de cara al fallo en el juicio contra el presidente destituido.

El Tribunal Constitucional se dispone a emitir próximamente su veredicto sobre si expulsar o restituir en el cargo al mandatario, lo que ha suscitado preocupaciones por posibles enfrentamientos, dado que se prevé que tanto partidarios como opositores de Yoon se congreguen en gran número.

El gobierno subrayó que garantizará el derecho a celebrar manifestaciones legales y pacíficas en la mayor medida posible.

Sin embargo, cualquier manifestación ilegal o violenta, así como cualquier desafío a la autoridad pública, se tratará estrictamente, de conformidad con la ley, sin excepciones, aseguró el Gabinete.

El presidente interino Choi Sang-mok instó a los ciudadanos a mantener una conciencia cívica madura, acorde con el estatus de la nación.

En medio de las preocupaciones por posibles disturbios, la policía anunció que recurrirá a los recursos disponibles y el día del fallo designará dos distritos capitalinos, alrededor del Tribunal Constitucional, como zonas especiales de prevención de crímenes.

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