Por Carmen Esquivel
Corresponsal jefa en Chile
¿Están capacitadas las FF.AA. para cumplir labores policiales? ¿Es necesaria la intervención militar en barrios populares? Son preguntas que están en el centro del debate por estos tiempos.
Jorge Araya, profesor de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), considera que no es eficiente colocar al ejército en labores directas de seguridad pública.
“Creo que no están preparados para esa tarea. Ellos mismos están reticentes y lo han hecho saber a través de opiniones de generales de las Fuerzas Armadas”, expresa Araya en entrevista concedida a Prensa Latina.
No obstante, piensa que algo viable, previsto en el proyecto de Ley de Infraestructura Crítica, es que ante el déficit de policías por habitante, sean desplegados en ciertas funciones, como puntos de vigilancia en fronteras o en algunos tramos de carretera.
Para Mauricio Olavarría, también profesor de la Usach y autor de varios proyectos sobre seguridad, si bien es cierto que el ejército está para el control de las fronteras y es entrenado para la guerra, resulta discutible si efectivamente tiene o no preparación para enfrentar tácticas del crimen organizado. Olavarría opina que los militares pueden estar habilitados para apoyar a la policía en el control de un perímetro, un espacio geográfico, territorio o barrio.
El debate sobre el tema tomó fuerza luego de que el alcalde de la capitalina comuna de Maipú, Tomás Vodanovic, solicitara desplegar militares en las calles con el fin de enfrentar la delincuencia, una demanda a la que se sumaron otros jefes municipales.
En conversación con esta agencia, Olavarría explicó que en los últimos cinco años ocurrieron dos fenómenos: aumentaron los delitos violentos como los homicidios y aparecieron otros que aquí no existían, entre ellos los secuestros, las extorsiones y el sicariato o asesinato por encargo.
Citó el caso de las encerronas, es decir, cuando un vehículo se atraviesa en una calle o una carretera frente a otro para robar el auto, y los portonazos, como se les llama a los asaltos violentos de pandillas contra familias que llegan a sus casas.
“Chile, y lo han dicho incluso autoridades, está pasando por el peor momento en materia de seguridad desde el retorno de la democracia”, opinó por su parte el profesor Araya.
Recordó que aquí eran comunes los robos en viviendas y en las calles, había homicidios básicamente por violencia intrafamiliar o riñas, pero eran bastante pocos.
Hace unos 20 años, explicó, se desarrolló un narcotráfico a nivel nacional y empezaron a verse algunos crímenes que ya no eran pasionales y que tenían relación con disputas territoriales entre bandas, pero todavía era una situación controlada.
“Yo diría que lo peor ocurrió en los últimos cinco años, cuando junto a una inmigración masiva e irregular, entraron al país bandas transnacionales del crimen organizado que transformaron radicalmente la situación de seguridad en Chile”, dijo.
PROYECTO DE LEY DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
En febrero de 2023 fue publicada en el Diario Oficial una reforma que modifica la Constitución para permitir a las Fuerzas Armadas proteger infraestructura crítica en caso de peligro grave e inminente.
Se entiende como tal aquellas instalaciones o servicios esenciales cuya afectación cause un daño a la población, como el abastecimiento de productos, energía, gas, agua, telecomunicaciones, transporte y los sistemas de asistencia de salud.
A partir de ahí el presidente de la república, Gabriel Boric, debía enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para definir cuáles son los sitios en riesgo y las atribuciones y deberes de las FF.AA.
La iniciativa ingresó en el Parlamento en agosto pasado, sin embargo, aún está en su primer trámite en el Senado.
EL DILEMA
Durante los últimos meses dirigentes políticos y funcionarios se sumaron al debate sobre la asunción por parte del ejército de tareas correspondientes a las policías.
“Tenemos una situación compleja en muchos barrios de nuestro país, particularmente en la Región Metropolitana”, reconoció la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.
No obstante, consideró la también senadora que el armamento, las condiciones y la preparación de las Fuerzas Armadas para enfrentar al enemigo, no es la adecuada para estar en los barrios donde hay niños y civiles transitando.
Según el criterio del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, destinar las Fuerzas Armadas al control del orden público debilitaría a las policías.
La ministra de Defensa, Maya Fernández, coincidió en que las Fuerzas Armadas no pueden reemplazar la tarea policial. “El orden público en lugares, en poblaciones, tiene que ver con tareas de las policías”, dijo.
No obstante, señaló que los militares sí pueden tener presencia en sitios sensibles a la acción delictiva por su función estratégica, como estaciones de metro o terminales de buses.
Para la Comisión Chilena de Derechos Humanos, de aprobarse la Ley sobre Infraestructura Crítica, esta deberá fijar las reglas de uso de la fuerza por un tiempo determinado y sólo en caso de peligro grave o inminente.
De acuerdo con esa organización, resultaría contraria a las normas constitucionales la participación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de orden y recordó que durante el estallido social de 2019 muchos militares se vieron involucrados en violaciones de los derechos humanos.
LA INSEGURIDAD, UN PROBLEMA REGIONAL
En febrero último tuvo lugar en Chile la 31 Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde participaron representantes de los 22 países miembros de esa organización, creada hace 70 años en Brasil.
El objetivo de la reunión fue profundizar los vínculos regionales para enfrentar de manera coordinada un desafío para todos, como es el crimen organizado y sus delitos asociados.
Según la Secretaría General Iberoamericana, América Latina y el Caribe tienen el nueve por ciento de la población mundial, sin embargo, aquí se registran el 30 por ciento de los homicidios de todo el planeta.
Mauricio Olavarría, autor de estudios sobre criminalidad, costos económicos del delito y previsión social, opina que el primer punto para enfrentar el flagelo es la voluntad política y el segundo los acuerdos entre gobiernos para compartir información, no solo a través de Interpol.
Jorge Araya insiste en la necesidad de profundizar mucho más en la cooperación entre las policías y los servicios de inteligencia regionales, intercambiar información respecto a bandas, identidad de los sujetos comprometidos con esos grupos, e incrementar la protección de las fronteras.
Araya piensa que los municipios podrían asumir un rol más activo en la seguridad pública, como en el control del tránsito, la fiscalización de locales de comercio nocturnos, pero se requiere legislar y destinar recursos a las comunas para cumplir esa función.
También considera indispensable la reforma policial. “Esa es una institución que requiere modernizarse, que tiene mucha burocracia interna y le falta preparación y por lo tanto es un tema pendiente”.
El experto en temas de seguridad añade que un asunto prioritario es la prevención, invertir en niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
Advierte que si los países latinoamericanos no avanzan en disminuir la desigualdad y sobre todo dar más protección social a esos sectores postergados, el delito, la delincuencia y la actividad criminal organizada se van a seguir reproduciendo.
arb/car
