Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal jefe en Venezuela
Uno de los principales logros valorados por las autoridades este año que termina lo fue, sin dudas, mantener la paz en medio de circunstancias adversas de asedio permanente por la oposición extremista dentro y fuera del país, y la guerra multidimensional dirigida por Estados Unidos y sus aliados.
La intención de estos, de derrocar al mandatario Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, conllevó a la organización de numerosos planes magnicidas y levantamientos armados para generar el caos interno desde el segundo semestre de 2023.
De estas operaciones fueron responsabilizadas la Administración de Control de Drogas, con base en Colombia, la Agencia Central de Inteligencia, ambas estadounidenses, y la extrema derecha venezolana radicada en la ciudad de Miami y otros contornos.
Además del Presidente, los actos desestabilizadores incluían el asesinato del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, y otros líderes civiles y militares, como denunció el gobernante en su presentación de memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional (Parlamento) a inicios de año.
A los planes criminales y terroristas se sumaron otros, previo a la celebración de los comicios, que estuvieron también acompañados por la permanente amenaza de la violencia, de desinformación en las redes sociales y los emporios mediáticos tradicionales.
Junto a ello, las amenazas de incursiones armadas mercenarias provenientes del exterior, sobre todo de Colombia, los ataques sistemáticos a infraestructuras sensibles del país como el sistema eléctrico, puentes, distribución de gas y otros, para generar malestar en la población e incidir en los resultados comiciales.
Paralelo a estos intentos -en su mayoría fracasados gracias al accionar de los cuerpos de seguridad del Estado en fusión popular militar policial- el Gobierno mantuvo conversaciones con la oposición y convocó al diálogo como garantía de la paz previo, durante y después de las presidenciales.
Los diálogos generaron consensos políticos para ir hacia los sufragios número 31 desde la llegada de la Revolución bolivariana, en forma tranquila y evitar cualquier tipo de violencia, como las ocurridas en años precedentes en las llamadas guarimbas.
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y CONSECUENCIAS
El cronograma comicial aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue concebido de la manera más democrática posible con el consenso de los movimientos y partidos políticos inscriptos en el Registro Electoral, además de sectores sociales, intelectuales, religiosos y empresariales.
Aprobado en febrero pasado en el Parlamento y denominado Acuerdo de Caracas, este pacto recogió lo mejor de México (2021) y Barbados (2023), al decir de Maduro, y fue considerado “más amplio y abarcador”.
En este proceso participaron 43 partidos políticos, incluida la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), calificada como la más extremista y violenta, que representaron el 85 por ciento de los votos de las últimas elecciones regionales celebradas en el país en 2018.
Del Acuerdo de Caracas derivaron 500 propuestas vinculadas con los comicios presidenciales, cuyo objetivo final, como destacó el Presidente, era garantizar “elecciones libres, democráticas, inclusivas, transparentes y constitucionales”.
Un total de 13 candidatos de 37 organizaciones políticas quedaron postulados para el 28 de julio, 12 de ellos representaron el amplio espectro de las oposiciones en Venezuela (92 por ciento) y uno al oficialismo, que estuvo acompañado por más de una decena de partidos y movimientos del Gran Polo Patriótico.
En total, después de pactos internos, acudieron a las urnas 10 candidatos y casi 40 organizaciones políticas, que el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez consideró como la “más variopinta y representativa de la democracia venezolana”.
La jornada electoral transcurrió bajo la amenaza de actos violentos y atentados a la generación eléctrica, pero sin mayores consecuencias por los planes preventivos de las autoridades.
Los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral proclamaron vencedor a Maduro con el 51,95 por ciento de los votos, contra el 43,18 por ciento del opositor de la PUD, Edmundo González, y una participación de 20 millones 654 mil 431, lo cual significó el 96,87 por ciento.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, denunció “ataques informáticos masivos” desde distintas partes del mundo contra la infraestructura tecnológica del órgano comicial y las principales empresas de telecomunicaciones del Estado que “retardaron la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de resultados”.
La PUD se proclamó vencedora con la divulgación de supuestas actas “oficiales”, que el titular de la Asamblea Nacional calificó de apócrifas, y vendrían después dos jornadas de extrema violencia, los días 29 y 30 de julio, que dejaron 28 muertos, 195 heridos y casi 500 infraestructuras destrozadas.
El 10 de enero de 2025, acorde con la Constitución, Nicolás Maduro se juramentará ante el Parlamento, mientras algunos representantes de la oposición extremista como la inhabilitada María Corina Machado y el excandidato Edmundo González (ahora residente en España) insisten en que fueron ellos los vencedores.
PLAN DE LAS SIETE TRANSFORMACIONES HACIA EL 2030
Con 14 trimestres consecutivos de crecimiento, la reducción de la inflación a niveles históricos, el autoabastecimiento alimentario del 100 por ciento con producción nacional, el aumento de las exportaciones no petroleras y su diversificación, la economía venezolana se distinguió en 2024.
Más allá de los progresos en este ámbito, el año que termina definió la estrategia de Gobierno hacia el 2030 con la aprobación del Plan de las Siete Transformaciones (7T)
Presentado al pueblo desde el comienzo de año y en constante evolución y discusión con el soberano en los últimos 12 meses, las 7T derivaron del Plan de Desarrollo Económico y Social creado por el comandante Hugo Chávez.
Enriquecido con la participación de más de 2,5 millones de venezolanos en 63 mil asambleas comunitarias, esta iniciativa tiene como objetivo fundamental la recuperación económica y la transformación social profunda del país.
En sus siete puntos estratégicos se propone consolidar y modernizar la economía; “actualizar y expandir” la doctrina bolivariana en sus dimensiones política, científica, cultural, educativa y tecnológica; perfeccionar el modelo de convivencia ciudadana, de garantía de justicia y goce de los derechos humanos.
Igualmente, modificar de manera total el modelo de protección humanista para acelerar la recuperación del estado de bienestar y la política como eje indispensable para consolidar la democracia directa y la ética republicana.
Está también otra relacionada con el medioambiente o ecológica, que conlleva el enfrentamiento a la crisis climática, formar conciencia y proteger al pueblo del impacto ambiental.
Y una última transformación abarcadora en cuanto a la geopolítica, que plantea la inserción y el liderazgo de Venezuela en la nueva configuración mundial, y contribuir con el nacimiento de un mundo multipolar y pluricéntrico.
Estas 7T están muy vinculadas con la estrategia del Gobierno de seguir avanzando en el empoderamiento del Poder Popular, para lo cual se aprobaron en el Parlamento nuevas leyes y otras fueron actualizadas a tono con los planes del Ejecutivo.
LEYES PARA EMPODERAR EL PODER POPULAR
La Ley Orgánica de las Comunas, que desarrolla y fortalece el Poder Popular, y la reforma a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, para establecer las funciones de los Jueces de Paz, resultaron dos de las normativas jurídicas sancionadas por los legisladores.
El 15 de diciembre fueron elegidos más de 28 mil hombres y mujeres con estas funciones en los circuitos comunales, quienes tendrán la misión de intervenir en la solución de conflictos en sus zonas de residencia, hacer prevalecer la armonía familiar, la convivencia vecinal y comunitaria.
Además, resolver cuestiones que provengan de las actuaciones de instancias y organizaciones del Poder Popular, según establece la última ley referida.
Las mencionadas normas jurídicas se suman a una batería de leyes, incluida la Constitución nacional, aprobadas en los últimos años y dirigidas a fortalecer el Poder Popular.
Este año fue aprobada la Ley de Presupuesto de la Nación para el 2025, que en el 77,6 por ciento está dirigida a garantizar la inversión social y priorizar la cultura, comunicación, salud, educación, infraestructura y obras públicas, salud, vivienda y electricidad.
Merece destacarse que, por primera vez, la partida presupuestaria tendrá una cartera especial para los Circuitos Comunales donde los proyectos que nacen de las necesidades del pueblo organizado estarán incorporados al plan presupuestario para el año siguiente.
Ya el Presidente anunció que para el 2025 habrá cuatro elecciones de esta naturaleza, con la primera a desarrollarse el 26 de enero venidero.
Otro paso trascendente en el fortalecimiento del Poder Popular quedó evidenciado en que, de las 17 leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, más del 70 por ciento estuvieron orientadas a la protección social de las personas vulnerables, según el diputado Franklin Rondón.
Y en este proceso de consolidación de la Revolución y de la democracia protagónica del pueblo, Maduro juramentó a la primera brigada de la Milicia Nacional Bolivariana de la Guardia de Honor Presidencial, que profundiza la voluntad de empoderar al Poder Popular en la defensa del país.
En Venezuela despertó el pueblo “para jamás volverse a dormir, dejarse traicionar y despertó para siempre Simón Bolívar convertido en obrero, en trabajador, en el soldado y en miliciano”, aseguró el mandatario.
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