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sábado 18 de mayo de 2024
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Venezuela: año electoral, Estados Unidos y evidente injerencia

Por Juan Carlos Díaz Guerrero

Corresponsal jefe en Venezuela

Apenas comenzado el año, los hechos transcurren uno tras otro y muestran con claridad las pretensiones imperiales estadounidenses con la República Bolivariana y sus riquezas, fundamentalmente, que detonan el tradicional cinismo, hipocresía y chantaje.

Los acuerdos del 17 de octubre del pasado año en Barbados, entre la delegación del gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) son la expresión exacta de ese sin pudor con que tiene al mundo acostumbrado el accionar de sucesivas administraciones norteamericanas.

No es secreto que detrás de los compromisos alcanzados entre el oficialismo y esa extrema derecha, representada en la PUD, sobre acuerdos parciales referidos a la promoción de los derechos políticos y electorales para todos y la protección de los intereses vitales de la nación, está la mano de Washington.

Las partes acordaron en el primero de los convenios reconocer el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato de manera libre y conforme a los mecanismos internos, la Constitución y la ley, y promover de manera conjunta ante Consejo Nacional Electoral un grupo de garantías para todos.

Estas incluyen proponer que el proceso electoral presidencial previsto para este año se realice en el segundo semestre.

También pactaron el desarrollo de las auditorías previstas en el sistema electoral venezolano con la participación de todos los actores políticos, internacionales y la invitación a misiones técnicas de la Unión Europea, la Unión Africana, panel de Expertos de la ONU y el Centro Carter, con el fin de observar el desarrollo de los comicios.

Asimismo, promover un discurso público y un clima favorable, sin injerencias externas, de respeto a la ciudadanía, la Constitución y las leyes del país, y rechazar cualquier forma de violencia y acciones que atenten contra la paz territorial de la República Bolivariana.

En correspondencia con el acuerdo parcial sobre “promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”, emanó un documento que estableció el procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República, y que el Gobierno cumplió de “manera cabal”.

CINCO CONSPIRACIONES TERRORISTAS

Los hechos denunciados por el presidente Nicolás Maduro en el mensaje de memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional el 15 de enero, revelaron que algo no andaba bien y luego el fiscal general Tarek William Saab confirmó que la maledicencia estadounidense sigue siendo la misma de siempre.

El alto funcionario venezolano explicó en detalle, en rueda de prensa, sobre cinco planes conspirativos orquestados por la ultraderecha nacional que pretendían acometer acciones terroristas y de magnicidio contra el jefe de Estado, y de insurrección.

Desde mayo de 2023 estas acciones violentas y desestabilizadoras venían planeándose y fueron develadas y desmanteladas por los cuerpos de inteligencias venezolanos, con el apoyo popular, como lo dio a conocer el propio Maduro.

Estas comprendían el eje Miami-Colombia-Venezuela, bajo la tutela de la ultraderecha venezolana residente en esa ciudad estadounidense, en el país y el apoyo financiero y logístico de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA), con bases en la nación neogranadina.

Todos los detenidos, civiles y militares -afirmó el fiscal- están convictos y confesos y aportaron información extraordinaria del “plan brutal” contra la gran mayoría del pueblo venezolano y la sociedad democrática, como pudo verse en dos videos mostrados en la que individuos hablaron al respecto.

El titular del Ministerio Público llamó “conspiración continuada” a los cinco momentos de acciones criminales y apuntó que los convictos y confesos “delataron a sus cómplices con nombres y apellidos”.

Explicó que los militares implicados fueron, en los cinco casos, captados en Colombia con la participación directa de la CIA, la DEA y los servicios de inteligencia del Ejército colombiano.

La última información proporcionada por el Ministerio Público bolivariano mencionó a 36 personas detenidas entre civiles y militares, y otras 22 recibieron órdenes de aprehensión por la justicia, algunas de las cuales buscaron refugio en la vecina Colombia.

Las cinco conspiraciones develadas están siendo todas procesadas y judicializadas para dictar sentencia firme con la “máxima pena” que establece la ley venezolana, enfatizó el fiscal.

Los implicados en estas escaramuzas terroristas están acusados por los delitos de traición a la patria, homicidio intencional en grado de tentativa contra el presidente Maduro y otras autoridades, terrorismo, conspiración y asociación, entre otros cargos.

LEALTAD ABSOLUTA

Estas denuncias provocaron la reacción inmediata del Ministerio de Defensa y de su Fuerza Armada Nacional, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de la Asamblea Nacional (Parlamento) y del pueblo revolucionario y seguidor de las ideas del comandante Hugo Chávez (1954-2013).

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través de su ministro de Defensa Vladimir Padrino, ratificó que “seremos contundentes y no dudaremos en aplicar la ley a los traidores”, porque el engaño y la deslealtad implican el quebrantamiento de las leyes del honor militar, y juró “¡lealtad absoluta!”.

Expresó que no podrá ser militar, “el cobarde que carezca de dignidad y pundonor”, pues mal puede ser guardián de la libertad de la honra e independencia de su patria, quien tenga miedo al sacrificio y ultraje las armas que les dio el pueblo.

El también vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz reafirmó la “absoluta lealtad y apoyo incondicional” al jefe de Estado ante los intentos de magnicidio y acciones terroristas para desestabilizar al país.

Un total de 33 militares en activo y reserva activa estuvieron implicados en conspiraciones contra el Estado, pueblo y Gobierno venezolanos, y por orden del Comandante en Jefe y presidente de la República, fueron degradados y expulsados de la institución armada.

Entre los implicados se encuentran un general de división, dos coroneles, seis tenientes coroneles, nueve mayores, dos capitanes y seis primeros tenientes, entre otros oficiales de menor rango, quienes estuvieron implicados en estas “acciones criminales y terroristas”, dijo la FANB.

El PSUV, por su parte, convocó a la unidad y a estar alertas a todas las fuerzas revolucionarias ante las acciones golpistas y actos conspirativos organizados por la extrema derecha nacional.

Llamamos a “mantenernos vigilantes, atentos, alertas, pendientes de cada detalle”, observar y comunicar por las vías regulares para que la información llegue a donde debe, expresó Diosdado Cabello, primer vicepresidente de la mayor fuerza política del país.

Cabello llamó al pueblo, a los integrantes del Partido Socialista, del Gran Polo Patriótico y movimientos sociales, a “estar alertas y que nadie se duerma en los laureles” ni a caer en la tentación de descuidarse.

El también diputado convocó a la activación del Plan Furia Bolivariana en todos los estados y municipios de la nación que en caravana salió el 23 de enero rumbo a Caracas, para llegar a la capital el 4 de febrero y conmemorar distintas fechas históricas.

Ante una masiva movilización popular convocada por el PSUV en Caracas y en el resto del país, Maduro manifestó que la derecha quería llenar de violencia a la nación y en todos sus planes tenían el objetivo de eliminarlo físicamente a él y a otras autoridades civiles y militares.

Si algún día “los fascistas me hicieran algún daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela, activen la Furia Bolivariana”, enfatizó.

Desde el Parlamento llegó también la condena a los planes conspirativos y el mensaje a la derecha nacional de que no hay manera logre derrotar la Revolución bolivariana por la vía de la violencia.

El titular venezolano del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, advirtió a la oposición que son gente de paz, “pero si tocan una sola célula del cuerpo del presidente Nicolás Maduro que se preparen, porque vamos con todo”.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE BARBADOS

En medio de las denuncias de los complots y choques verbales con funcionarios estadounidenses, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció las sentencias sobre las solicitudes de algunos políticos opositores vinculadas a la inhabilitación.

La Sala Político Administrativa del máximo órgano venezolano informó de 10 procesos, cinco de los cuales recibieron la habilitación: Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez Álvarez, Daniel Ceballos, Rosa Brandonisio de Scarano, en tanto otros dos resultaron inhabilitados: Enrique Capriles y María Corina Machado.

El TSJ se declaró sin competencia para determinar los casos de Wilfredo Segundo Rojas Vargas, Carlos Alberto Piñero González y Vincencio Scarano.

Las solicitudes de amparo cautelar fueron emitidas en cumplimiento de la Constitución, las leyes vigentes, en el marco del acuerdo de Barbados de octubre del 2023 y en la observancia de los parámetros y exigencias allí señalados, indicó el Tribunal Supremo.

Pese a toda la transparencia con que se manejó este proceso -la ratificación de inhabilitación por 15 años para ejercer funciones públicas a Machado, aspirante a candidata en las elecciones presidenciales-, la campaña político mediática se cierne sobre Venezuela.

Una vez más Estados Unidos y aliados latinoamericanos como Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador expresaron su preocupación, junto a la nefasta OEA, por el proceso electoral y la inhabilitación de Machado, a todas luces, en clara injerencia de un asunto que solo le compete a Caracas.

La PUD intenta también confundir y desvirtuar los compromisos de Barbados al plantear que la contraparte “cumpla el acuerdo en toda su extensión” y cuestiona la decisión del TSJ sobre la inhabilitación de la líder del partido opositor Vente Venezuela.

Lo que parecía estar claro y “cosa juzgada” -como dijo el presidente del Parlamento-, según lo planteado en el procedimiento convenido previamente entre Gobierno y la Plataforma Unitaria, se convierte ahora en una campaña para hablar de incumplimientos por parte del Ejecutivo.

Ese documento expuso que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, “siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana…”.

Según la sentencia del TSJ, la decisión de inhabilitación dictada contra Machado el 16 de septiembre de 2021, señaló que la dirigente opositora es partícipe de la “trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó”, que propició el “bloqueo criminal” a la República Bolivariana.

También el “despojo descarado” de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, por un valor aproximado de 34 mil millones de dólares, entre otros graves delitos.

Ante la maniobra estadounidense, en complicidad con la extrema derecha nacional, el viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio para Economía y Finanzas William Castillo consideró esquizofrénica la política de Estados Unidos al hablar de paz y entendimiento electoral, pero sigue con sus chantajes.

Su estrategia es el “cambio de régimen en Venezuela” y seguir practicando la injerencia en asuntos internos contra el país, apuntó. El miembro de la delegación del Gobierno a las conversaciones con la oposición Héctor Rodríguez manifestó que seguirán “abiertos al diálogo”, pero sin chantajes porque “hemos cumplido a cabalidad con los acuerdos firmados en Barbados”.

arb/jcd

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