Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe en Uruguay
Yamandú Orsi ganó la presidencia y con él el Frente Amplio (FA) llegó a la Torre Ejecutiva para gobernar a nombre de la diversa alianza que se denomina de izquierda y da cabida a diferentes corrientes políticas.
El de Orsi resulta el cuarto gobierno del FA, sumando los dos de Tabaré Vázquez y el intermedio de José Mujica, ambos referentes frenteamplistas que ya no están físicamente.
Consideró que el gabinete ministerial representa el equilibrio político dentro de la diversidad del Frente Amplio, que le postuló al cargo, y también de género, con cinco féminas e calidad de ministras.
En el nivel parlamentario el Frente consiguió la mayoría en el Senado, pero no así en Diputados, en el cual está obligado a negociar con la oposición que, cuando termine el año, habrá interpelado por diversas causas a cuatro ministros del actual gabinete.
El gobierno consiguió este mes la aprobación de la ley de presupuesto con cambios aprobados en el Senado y refrendados en la Cámara de Diputados, en la que tuvo los votos de Cabildo Abierto y de otros legisladores de oposición, que quedó dividida.
Con esa legislación, que entra en vigor el 1º de enero próximo, el Poder Ejecutivo podrá establecer la hoja de ruta de su desempeño hasta 2030.
El presidente uruguayo se presenta como un mandatario dialoguista y, en no pocos casos, continuador de políticas y acciones del anterior gobierno de Luis Lacalle Pou.
Le interesa, ha dicho, dejar establecidas políticas de Estado que trasciendan en el tiempo y estén por encima de las pujas políticas y electorales.
LOS DIÁLOGOS
Por ello convocó a dos grandes diálogos, el de la seguridad social y el de la seguridad pública.
Este último tiene para marzo de 2026 la presentación y puesta en marcha gradual del Plan Nacional de Seguridad Pública.
Será fruto de un proceso de consulta en el que intervinieron 79 instituciones, cinco partidos políticos, amén de la academia, expertos, empresarios y sindicatos, entre otros actores, incluidos internacionales.
Por su parte, el Diálogo Social Nacional busca construir consensos amplios sobre el futuro del sistema de protección y seguridad social del país, abordando desafíos como el envejecimiento poblacional, la pobreza infantil y los cuidados
En la mesa está la central sindical PIT-CNT, que defiende la igualación del salario mínimo a las pensiones mínimas, la eliminación de las empresas administradoras de las jubilaciones, la edad de 60 años para el retiro y la reducción de la jornada laboral.
También tiene en agenda el movimiento obrero la propuesta de gravar al sector más rico de la sociedad a fin de conseguir fondos al combate de la pobreza infantil.
Se trata de una iniciativa que no tiene apoyo gubernamental.
A la par, la central sindical unitaria propone al gobierno y al país un nuevo modelo de desarrollo productivo nacional, para lo cual promete dar batalla política.
Son temas que han acompañado sendos paros parciales nacionales convocados por el PIT-CNT y otras protestas que evidencian la persistencia de la conflictividad laboral, acompañada de despidos y cierres de varias empresas.
El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social ha tenido una ardua tarea de intermediación entre los sindicatos y las patronales en conflicto, que incluye las negociaciones de los Consejos Salariales.
En el plano político del Frente Amplio se mantiene el apoyo al gobierno, aunque con expresiones críticas de corrientes internas tanto sobre asuntos domésticos como de índole internacional.
Sobre todo hubo marchas frente a la Torre Ejecutiva ante la reticencia gubernamental de reconocer que Israel cometió genocidio contra la población palestina, en particular en Gaza.
También hay señalamientos sobre el silencio en torno a los aprestos de guerra de Washington contra Venezuela, frente a cuyas costas desplegó una letal flota y realizó más de una veintena de bombardeos contra embarcaciones civiles con saldo de decenas de muertos.
BALANCE PRESIDENCIAL
Orsi hizo un reciente balance en discurso ante la Asociación de Dirigentes de Marketing y reiteró que su administración encontró un escenario fiscal más complejo del previsto, incluidas deudas millonarias del Estado “que no estaban registradas con claridad”.
En tal contexto remarcó la gravedad del aumento de la pobreza infantil, que llegó a 20 por ciento en 2024.
Mencionó que algunos prestadores de salud atravesaban dificultades económicas y que persistía la falta de medicamentos, además de una “cifra récord” de juicios contra el Estado.
Aseguró que en ese lapso, el Gobierno mejoró el acceso a los medicamentos e impulsó otras medidas para avanzar hacia “una salud de calidad y sin esperas”.
Destacó que el empleo muestra señales de mejora. “Hoy Uruguay tiene más gente trabajando: la tasa de empleo se encuentra en su mayor nivel en los últimos 10 años”.
El gobernante dijo que ello es resultado de un marco macroeconómico responsable,” de un clima de confianza y de iniciativas concretas de inversión pública y privada”.
Aseguró que la educación resulta la principal prioridad y mencionó medidas que incluyen el bono escolar las becas Butía y programas de alimentación en centros de estudio.
También se refirió al programa Crece Desde el Pie, que busca mejorar las condiciones mínimas en los hogares de los recién nacidos.
Orsi cerró su discurso con su apuesta al diálogo y a conseguir inversión para el país sin que el Estado sea omnipresente.
Son solo atisbos de los primeros nueve meses de un gobierno que ganó la elección con 63 compromisos fundamentales, muchos de los cuales esperan por presupuesto, y también por la concreción de la voluntad política.
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