Por Joel Michel Varona
Corresponsal jefe en Haití
Los potenciales inmigrantes se duelen por las últimas noticias de la prensa norteamericana, y que aquí son replicadas dejando en la más grande de las incertidumbres a los haitianos que tenían planeado cómo harían realidad sus anhelos.
Y es que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya planeó rechazar las solicitudes de asilo de potencialmente cientos de miles de inmigrantes haitianos, hacerlos elegibles para la deportación como parte de una amplia ofensiva.
Este paquete de medidas busca impedir que haitianos reciban protección en Estados Unidos, y es sabido, aunque trabajan con discreción, que un equipo de funcionarios elabora la lista para elegir más personas para las expulsiones.
En este caso son quienes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y posteriormente solicitaron asilo, y se espera que sus casos se cierren, lo que los expone al riesgo de ser deportados.
En los últimos 10 años, la mayoría de quienes solicitaron refugio ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos confesaron que entraron ilegalmente al territorio de la Unión.
Haití es un ejemplo de ello, de ahí que es hoy el país con la cifra más alta de personas que llegaron de manera ilegal a Estados Unidos, al utilizar vías poco seguras para escapar de la crisis.
Según el diario digital Haití Libre, “son casi 700 mil casos, y el número más alto se reportó en el año fiscal 2024 con 220 mil 798, seguido de 163 mil 781 en 2023, 56 mil 596 en 2022 y 47 mil 478 en los nueve meses del año fiscal 2021”.
A través del Programa de Residencia Condicional, 211 mil haitianos fueron admitidos legalmente en Estados Unidos.
Grégoire Goodstein, jefe de la Misión de la Organización Internacional para la Migraciones en el país caribeño, explicó recientemente que la situación socioeconómica en Haití es una agonía.
A esto hay que agregarle la violencia extrema que se vivió en los últimos meses, lo cual hizo que muchos haitianos buscaran soluciones desesperadas, señaló el experto. Aseguró que la falta de oportunidades económicas, el colapso del sistema de salud, el cierre de las escuelas y la carencia de perspectivas empujan a muchas personas a considerar la migración como la única forma de sobrevivir.
Es cierto que un gran porcentaje entró de manera ilegal a Estados Unidos, pero muchos se acogieron al programa legal que les ofreció el gobierno del expresidente Joe Biden, el cual les permitía vivir y trabajar con los papeles en regla.
Este programa se creó para ayudar a las personas que se refugian en Estados Unidos y no pueden regresar a su tierra de forma segura.
Empero, no debe olvidarse que los haitianos ya estaban en la mira de Trump, pues durante su campaña atacó a la comunidad caribeña en suelo norteño, al disparar mentiras que los despojó de la categoría de buenos trabajadores y los vistió de criminales, haciéndolos ver como una amenaza para los estadounidenses.
Trump no se cansó de repetir la absurda acusación de que los haitianos de Springfield, en Ohio, se comían los perros y los gatos de los vecinos.
Poco le importó al inquilino de la Casa Blanca que las autoridades locales insistieran en defender la conducta de los haitianos, un segmento laboral esencial para el desarrollo de la ciudad.
Hoy, Estados Unidos muestra una política migratoria contradictoria respecto a Haití, donde reina el caos, la muerte y la pobreza, y sus ciudadanos emigrados desean reconstruir sus vidas en suelo norteño.
La violencia en Haití protagonizada por las pandillas provocó entre enero y mayo la muerte de dos mil 680 personas, entre ellas, 54 niños. En una escalada sin precedente, más de 950 ciudadanos resultaron heridos y 316 fueron secuestrados para pedir rescate.
Según estimados actuales, más de 1,3 millones de personas tuvieron que huir de sus hogares para escapar de la crueldad de las pandillas.
En ese contexto, Estados Unidos anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para Haití, alegando que sus ciudadanos pueden regresar al país caribeño de una manera segura, algo que resulta contradictorio, según comentaron emisoras locales.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, explicó que la designación de TPS para el país antillano expira el próximo 3 de agosto, y la terminación será efectiva el 2 de septiembre del año en curso.
Las agencias gubernamentales revisan las condiciones en una nación designada para el TPS, y determinan si amerita esa categoría, de cumplirse los requisitos se pasaría a valorar cuánto tiempo extender dicho estatus.
Noem concluyó que las condiciones en Haití ya no cumplen con los requisitos legales del TPS.
Así, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos llamó a los haitianos a regresar a casa, al tiempo que les orientó usar la aplicación CBP Home de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para informar la salida del país.
A pesar de las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional, de que la situación en Haití ha mejorado, el Departamento de Estado norteamericano sigue desaconsejando todos los viajes a la nación antillana debido a los niveles extremos de delincuencia, secuestros y disturbios civiles.
Los medios locales calificaron tal decisión de contradictoria, y según el sitio Vant Bef Info, Estados Unidos figura entre los culpables del tráfico de drogas y armas en Haití, elementos que refuerzan hoy el incremento de la violencia y la inseguridad en el país caribeño.
arb/joe