Por Zeus Naya

Corresponsal jefe en Guatemala

El problema ya no es exclusivo del departamento capital; Quetzaltenango reporta un colapso similar debido a calles angostas y una carga vehicular que rebasa su infraestructura, explicó el especialista Antonio Quic en declaraciones a Prensa Latina.

La municipalidad de la urbe y siete comunas aledañas argumentaron que para resolver la situación existente se debe entender como un asunto de atención nacional.

El parque vehicular en el país cerró 2025 con un aumento del 8,81 por ciento, al llegar a más de 6,3 millones en todo este territorio centroamericano.

Estudios recientes publicados por el diario local Prensa Libre indicaron que el chapín pierde aproximadamente 54 días al año atrapado en el tráfico.

En los primeros dos meses de 2026, los accidentes subieron un 21 por ciento, con un promedio de siete muertes diarias por hechos en las carreteras, con las motocicletas como protagonistas en el 57 por ciento de los incidentes.

CONGRESO

Los jefes de bloque del Congreso tenían previsto recibir y escuchar a representantes de usuarios del transporte de pasajeros, con relación a una iniciativa que busca ampliar la vigencia de la aplicación del Sistema Limitador de Velocidad.

Sin embargo, el 16 de marzo descartaron esa posibilidad al considerar importante que se dé cumplimiento a la Ley (Decreto 45-2016, del Fortalecimiento de la Seguridad Vial) que busca evitar accidentes en las carreteras.

Además, señalaron que este es un tema que el Gobierno debe solucionar por medio de las diferentes instituciones a cargo de la regulación del transporte pesado en el país.

“Nosotros podemos escuchar a los transportistas pero para instalar una mesa para mejorar esta Ley”, afirmó el diputado José Inés Castillo, jefe del bloque legislativo del partido Unidad Nacional de la Esperanza.

“Si queremos hacer algo por el país, aprobar la prórroga no es la solución, sino entrar a discutir una iniciativa que sea responsable y regule el transporte extraurbano y pesado en el país”, expresó José Chic, subjefe de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad.

En ese sentido, el presidente del Parlamento, Luis Contreras, mencionó que se buscará el espacio para abordar el tema en la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, en la cual puedan ser recibidos y escuchados.

GOBIERNO

Desde el 2 de marzo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendas estableció la obligatoriedad del Sistema Limitador de Velocidad (SLV) para buses extraurbanos y transporte pesado.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la Ley entró en vigor y que el Ejecutivo cumple su tarea por medio de la cartera encargada, en coordinación con la Policía, que supervisan la instalación de los reductores en esos vehículos.

Hasta el 13 último 116 empresas cumplían con la certificación para implementar el SLV y 11 mil 789 unidades de transporte pesado ya contaban con el mecanismo, amplió el mandatario en conferencia de prensa.

De esa cifra, acotó el jefe de Estado, 453 corresponden a unidades de movilidad colectiva y 11 mil 336 a las de carga.

Aseveró que su Gobierno sigue adelante en la implementación de la Ley de reductores de velocidad y que desconoce qué decidirá el Congreso, que es soberano en la toma de sus decisiones.

OTROS FACTORES

Hay, según comentó Quic a esta agencia, un reclamo urgente al Ejecutivo para activar los fondos destinados al Metro y Metroriel, proyectos vistos como soluciones reales a largo plazo.

La administración de Arévalo analiza propuestas de movilidad presentadas por naciones como Corea del Sur para implementar sistemas de transporte inteligente, recordó.

El tráfico, describió, también se ve reiteradamente agravado por factores externos: eventos que llevan al cierre de vías o bloqueos en reclamo de algo, que a la postre provocan pérdidas económicas estimadas en millones de quetzales diarios.

Entrevistados sobre el tema en un diagnóstico de percepciones divulgado por la firma enfocada en análisis político Diestra, indicaron que las causas del problema superan cualquier gestión municipal, atañen al Estado.

Al preguntarles por los orígenes de tanto tráfico y, en consecuencia, de accidentes, coincidieron en que es el resultado de una mala planificación urbana y una ineficiente gestión del transporte público.

A ello añadieron el escaso desarrollo de infraestructura, la ausencia de una gobernanza metropolitana unificada y el incremento del parque vehicular.

Pidieron más opciones de movilidad para desincentivar el auto y evitar ciudades “carrocéntricas”. La narrativa ganadora es, por lo tanto, “mover personas y no autos”, subrayaron.

En pocas palabras, enfatizaron, transporte público eficiente, seguro, moderno e integrado, a la par de una mayor apuesta por banquetas peatonales y ciclovías que permitan movilidad sin necesidad de acudir al automóvil.

QUIÉN PAGA EL COSTO DE UN CAMBIO QUE NO LLEGA

De acuerdo con investigaciones, las familias pagan el costo por fallecidos y lesionados, y el sistema de salud, aparte de que existe un alza de enfermedades respiratorias y estrés crónico en la población activa por el tránsito diario.

Cada persona pierde hasta mil 300 quetzales mensuales (casi 170 dólares) en transporte y tiempo, evidenciaron distintos estudios.

Son los alcaldes en general quienes están en el centro del tablero de críticas, valoraron los líderes de opinión encuestados por Diestra.

Cualquier agenda de movilidad ganará o perderá capital político a esa escala, pues la gestión del tráfico será el principal tema en las próximas elecciones (en 2027), reflexionaron.

No obstante, a la gestión central exigieron planificación e inversión, especialmente en carreteras, anillos, libramientos o radiales que permitirían un mejor flujo vehicular, proyectos que por su magnitud salen de la capacidad de los alcaldes.

Llamaron a integrar una sola gobernanza nacional o metropolitana, lo que podría implicar la aprobación de una nueva legislación que la sustente.

La clave está, por lo tanto, en que los alcaldes sean capaces de unirse para echar a andar planes en conjunto, así como impulsar normativas en el Congreso.

Sin unidad multisectorial no habrá soluciones viales ni de largo plazo. En un país fragmentado, el tráfico puede ser, paradójicamente, la crisis que una a todos los guatemaltecos, remarcaron.

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