Por Mariela Pérez Valenzuela

Corresponsal jefa en República Dominicana

Abinader, 58 años, empresario de origen libanés, con una definida política de gobierno, realizó en días recientes un balance de su gestión, ocasión en la que destacó avances en salud, seguridad ciudadana, turismo y otras áreas.

Al respecto, indicó que la esperanza de vida subió de 73.5 a 75.1 años, la mortalidad infantil –todavía alta- descendió de 20.9 a 15.9 por cada mil nacidos vivos, los embarazos en adolescentes bajaron de 74.4 por ciento a 67.9 por ciento, y la cobertura de seguridad social sumó más de dos millones de nuevos afiliados.

Respecto a la seguridad ciudadana, una de las mayores preocupaciones de los dominicanos, puntualizó que la tasa de homicidios decreció de 23.4 por cada 100 mil habitantes a 8.3, y los actos delictivos disminuyeron un 10 por ciento desde 2019.

El modelo policial fue reforzado con más de cuatro mil nuevos agentes, aumento salarial y la construcción de 66 estaciones policiales, agregó.

Acerca de la construcción de viviendas y el acceso a servicios básicos, el mandatario señaló que el déficit habitacional bajó de 32.2 por ciento en 2018 a 27.6 por ciento en 2024, mientras el uso de agua potable pasó de 81.8 por ciento a 86.5 por ciento.

Argumentó que en cinco años el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) entregó 15 mil 518 viviendas y mejoró 51 mil 872, en tanto otorgó 130 mil 693 títulos de propiedad en beneficio de 522 mil personas, añadió.

De acuerdo con las cifras citadas por el gobernante, la inversión extranjera directa alcanzó un récord de cuatro mil 500 millones de dólares y las exportaciones totales superaron los 12 mil 900 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el turismo ascendió un 48 por ciento y las zonas francas –uno de los motores de crecimiento económico del país- generaron 197 mil 455 empleos directos, el 55 por ciento de ellos ocupados por mujeres.

Aseguró que entre 2021 y 2024 se crearon 154 mil empleos formales, con una tasa de ocupación femenina que subió de 47.78 por ciento a 49.45 por ciento.

Se refirió, además, a los adelantos en educación con la ampliación de la cobertura de atención integral a la primera infancia y la enseñanza técnica, así como la implementación del sistema nacional de transporte escolar, que hasta hoy favorece a 200 mil estudiantes.

Acerca de la energía, resaltó que la generación renovable pasó de 15.9 por ciento en 2020 a 23 por ciento en 2025, con aumentos significativos en producción solar y eólica.

AÚN FALTA MUCHO POR HACER

No obstante, organizaciones políticas y sociales coinciden en señalar que aún falta mucho por hacer para acabar con la delincuencia, los asesinatos, el desempleo, el alto costo de la vida, el trabajo informal, y la mortalidad materna e infantil, todavía elevadas.

Según plantean, el gobierno muestra resultados, es cierto, pero cada muerte por razones de género duele, cada deceso de un menor por agresión sexual lastima, cada defunción de una gestante enluta familias, y no son casos aislados.

Las cifras muestran que la tasa acumulada de asesinatos por cada 100 mil habitantes descendió de 13.79 en junio de 2023 a 8.29 en la actualidad, como resultado del trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, estos números –todavía preocupantes- justifican la incertidumbre, el temor a salir en horario nocturno y hasta la decisión de vivir rodeado de rejas, quien pueda pagarlas.

Si bien la tasa de mortalidad neonatal e infantil descendió a 13.08 y 15.9, respectivamente, por cada mil nacidos vivos en 2024, el país -con una de las economías más prósperas de la región-, tiene por delante el reto de bajarlas mucho más. Es una antigua deuda con el pueblo dominicano, anterior al gobierno del PRM.

En este empeño lo superan en la región países como Cuba, con una mortalidad infantil de 7,1 por cada mil nacidos vivos en 2024, Jamaica (10.48), Costa Rica (10.66), Honduras (12) y Panamá (12.31), por solo citar algunos ejemplos.

Respecto a la educación, desde hace más de una década el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se destina a la educación preuniversitaria, pero alrededor del 80 por ciento del total se ha usado en salarios y material gastable y un ocho por ciento a gasto de capital, según la Dirección General del Presupuesto.

El gasto de capital en educación son los recursos que se dirigen a la construcción y remozamiento de planteles, infraestructura tecnológica, equipamiento, y la capacitación docente, entre otros.

No obstante, los resultados de esta inversión del Estado son cuestionados, en especial porque el país no logra progresos significativos en la calidad de la educación.

Por ese motivo, en su alocución de gestión en 2024 aseveró que en estos próximos cuatro años el Gobierno “hará un especial esfuerzo en la formación de nuestros docentes, que son la base de un buen sistema educativo”.

UN AÑO DE REFORMAS

En su discurso de toma de posesión el 16 de agosto de 2024, el presidente dominicano anunció que sería un año de reformas, la primera de ellas a la Constitución con el principal propósito de que ningún gobernante (incluido él) pueda eternizarse en el poder más allá de los dos periodos, y también la independencia del Ministerio Público.

Adelantó, además, el impulso a las reformas laboral y fiscal, esta última para garantizar unas finanzas públicas sanas, reducir la deuda y asegurar los recursos para mejorar los servicios de salud y seguridad, según sus palabras.

El 27 de octubre último, la Asamblea Nacional proclamó la nueva Constitución, la cual incluyó cambios significativos, como la reducción de la cantidad de diputados y la unificación de las elecciones congresuales, municipales y presidenciales para el 2032.

En la ocasión, el dignatario subrayó el compromiso de la República Dominicana con la alternancia en el poder, la independencia del Ministerio Público, y la protección de los principios fundamentales de la Constitución.

No ocurrió así con el proyecto de ley de modernización de la reforma fiscal, que desde un primer momento originó malestar en múltiples sectores opuestos a la eliminación de incentivos y el aumento de impuestos.

El 19 de octubre pasado Abinader anunció el retiro de dicha iniciativa del Congreso al entender que no contaba con el consenso necesario para su aprobación, y a su vez advirtió que su decisión implicaba ajustar los planes de desarrollo planteados y construir alternativas aceptables.

Señalo que la iniciativa la presentó convencido de la necesidad de un cambio estructural que redujera la dependencia del endeudamiento externo y aumentara la capacidad de esta nación de solucionar sus problemas con financiamiento propio y eliminar distorsiones y privilegios.

Advirtió en ese momento que no será fácil resolver problemas como la seguridad ciudadana, el acceso al agua potable, electricidad, salud y transporte si República Dominicana sigue siendo uno de los países con menor recaudación de impuestos y con uno de los gastos públicos más bajos de América Latina.

La propuesta se basaba en cuatro ejes: protección social, programa de inversión pública y gastos prioritarios, persecución de evasión fiscal y modernización del sistema tributario.

Si bien algunos sectores coincidieron en que la reforma es necesaria, también discreparon de los mecanismos propuestos por la actual administración para lograr sus objetivos.

Pese a la oposición de organizaciones políticas y sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones de mujeres, el mandatario promulgó este agosto el nuevo Código Penal, que sustituye la legislación que rigió desde 1884.

Tras décadas de intentos fallidos, la pieza actualiza la antigua legislación de más de un siglo, con la tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, la violencia económica, la estafa piramidal, el terrorismo, el genocidio y el robo de identidad.

También eleva las penas de prisión hasta 40 años e incluso hasta 60 años en caso de infracciones graves, contempla sanciones a personas jurídicas, extiende los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables hasta los 30 años, entre otras novedades.

Ante las críticas, admitió que el Código Penal tiene “cosas por mejorar”, pero que aun así representa un avance en relación con el vigente.

Recordó que debido a las debilidades de la pieza legislativa -no ajustada a los tiempos actuales- hay ciudadanos que violaron la ley y se encuentran en las calles porque las penas son muy bajas y fueron puestos en libertad.

La ratificación por el jefe de Estado provocó críticas, ya que el Código no contiene las tres causas extremas para la interrupción del embarazo sin consecuencias penales: cuando peligre la vida de la madre, malformación congénita y violación o incesto.

Las organizaciones coincidieron en que uno de los aspectos más delicados del documento es que deja fuera de responsabilidad penal al Estado, los ayuntamientos y partidos, lo que “significa darle carta blanca a la corrupción y a los abusos desde el poder”.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, anunció en días recientes que la Cámara Alta tiene una agenda priorizada (y cargada) a partir del inicio de la nueva legislatura este 16 de agosto, con varios pendientes.

Hacía referencia a la aprobación de los proyectos de Ley de Reforma Laboral, a la Seguridad Social, y el Código Procesal Penal, entre muchos.

DESACELERACIÓN ECONÓMICA

Pese al buen desempeño económico en sectores estratégicos como el turismo, la inversión extranjera directa y la recepción de remesas, organismos internacionales indican que el país no ha logrado generar suficientes empleos de calidad, mientras persiste un deficiente sistema sanitario y la economía informal.

Aunque República Dominicana podría alcanzar una expansión económica de 4.5 por ciento en 2025, según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Abinader reconoció a finales de julio que la economía local experimenta una desaceleración en su ritmo de crecimiento.

El jefe de Estado admitió que la población ya lo percibe y lo atribuyó a circunstancias internacionales.

La realidad es que el país pasó de crecer un 5.0 por ciento a un 2.7 o 3.0 por ciento en los últimos meses.

El dignatario sigue teniendo, pese a mejoras, retos en el plano económico y social: persisten deudas sociales y manifiestas desigualdades, un defectuoso sistema sanitario, mientras la pobreza monetaria general se ubica en el 23.0 por ciento y la extrema en el tres por ciento.

El combate a la corrupción y la inseguridad, al alto costo de la vida y el desempleo están entre los temas que deberá seguir afrontando en los próximos tres años.

arb/mpv