Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal jefe en Brasil
En noviembre, la Policía Federal (PF) señaló a Bolsonaro como presunto responsable de orquestar y dirigir los actos ejecutorios del fallido plan golpista, que incluía intentos de asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
Según la fuerza del orden público, Braga Netto, exministro de la Casa Civil y Defensa del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), habría jugado un papel clave en estos hechos, motivo por el cual su detención se cumplió bajo la figura de prisión preventiva ante el riesgo de interferencia en las investigaciones.
La operación policial de su arresto el 14 de diciembre responde a órdenes emitidas por el STF, que justificó la medida con el argumento de que el jefe militar, candidato a la vicepresidencia en la fórmula electoral de Bolsonaro en 2022, obstaculizó la recopilación de pruebas y trató de alinear versiones entre los inquiridos.
Para la PF, el oficial de alto rango intentó manipular detalles proporcionados por el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro y colaborador en la investigación, incluso después de la liberación de este último en septiembre de 2023.
Confirmado está que Braga Netto habría facilitado recursos y coordinado acciones para ejecutar el esquema violento que incluía el asesinato de autoridades públicas.
Ante tales hechos, cuatro militares y un agente policial fueron detenidos por su presunta participación en los preparativos de un golpe que buscaba instalar una oficina de crisis desde el mando del Gobierno.
Esas acciones formaban parte de un entramado mayor en el que se indaga el papel de Bolsonaro y su círculo cercano en los intentos de subvertir el orden democrático.
La normativa brasileña establece que el político ultraderechista solo podría ser arrestado si el caso avanza y se presenta una denuncia formal que supere todas las instancias judiciales.
No obstante, la evolución de las averiguaciones parece estrechar el cerco en torno al expresidente, cuya implicación sigue bajo examen.
La columnista Andréia Sadi, del portal G1, asegura que la detención de Braga Netto aumentó la presión en los bastidores para que personajes centrales de la componenda golpista sigan el camino de Cid y digan lo que saben a los peritos policiales. Entre los uniformados, e incluso investigadores, no hay creencia de que el general se adhiera a una denuncia premiada porque es un castrense por “lealtad militar”, en palabras de una persona que acompaña la investigación.
Además de pensar que cuenta con apoyo político, como senadores, que ya salieron en su defensa en los últimos días. Braga Netto recibió, además un saludo público de Bolsonaro después de la detención, cuestionando la medida de De Moraes.
“Cómo alguien, hoy, puede ser arrestado por obstruir investigaciones ya concluidas?”, rasgueó Bolsonaro en redes sociales, sin citar al arrestado.
Para el entorno militar, esta publicación es un gesto a Braga Netto para que no delate.
En la visión de investigadores escuchados por Sadi, la confidencia del general es posible, pero difícil.
PREMONICIÓN JEFFERSON
A todo lo anterior se suma la reciente condena contra el exdiputado federal Roberto Jefferson a nueve años, un mes y cinco días de prisión por incitación al crimen, calumnias, homofobia y ataques contra instituciones democráticas, las cuales pueden tener implicaciones significativas para Bolsonaro.
Este caso, presidido por De Moraes, está conectado con los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2022.
Tales eventos forman parte de sondeos más amplios sobre intentos de desestabilizar el sistema democrático, que incluyen a Bolsonaro como figura central en otro proceso legal similar.
Como el ministro del Supremo también es el ponente del escudriñamiento al exgobernante y a otras 39 personas más por supuesta trama golpista, el veredicto en el caso de Jefferson fue interpretado, según la periodista Malu Gaspar, del periódico O Globo, como una vista previa de lo que puede ocurrir cuando el juicio del excapitán del Ejército sea llevado al pleno.
Bolsonaro debe responder por crímenes como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal.
Sumado a eso, las penas pueden llegar hasta 28 años de prisión, el triple de lo que se le impuso al excongresista.
La sentencia severa contra Jefferson podría anticipar un enfoque igualmente riguroso hacia el exparacaidista.
Aliados de Bolsonaro manifiestan preocupación, viendo esto como una señal de la postura del STF frente a figuras clave de la derecha vinculadas a ataques a las instituciones gubernamentales.
La escena refuerza la lucha del Supremo contra discursos de odio y actos antidemocráticos, marcando un precedente en la defensa del Estado de Derecho en el gigante sudamericano.
CASTIGO SEVERO A GOLPISTAS
En medio de ingresos hospitalarios y cirugías, Lula afirmó que lo que pasó con “el decreto de la prisión del general Braga, voy a demostrar a ustedes que tengo más paciencia y soy democrático. Creo que tiene todo el derecho a la presunción de inocencia”, señaló.
Manifestó que quería que los investigados tengan todo el derecho y todo el respeto para que la ley se cumpla.
Pero, aclaró, si hicieron lo que intentaron hacer, tendrán que ser castigados severamente.
El fundador del Partido de los Trabajadores insistió en no se puede aceptar la falta de respeto a la democracia y la Constitución.
“No podemos admitir que, en un país generoso como Brasil, tenemos gente de alto grado militar tramando la muerte de un presidente de la República, tramando la muerte de su vicepresidente y tramando la muerte de un juez (De Moraes) que era presidente de la Suprema Corte Electoral”, subrayó finalmente.
Finalmente, el 26 de noviembre, De Moraes envió a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) el informe de la investigación policial sobre la tentativa golpista.
En medio de expectativas, círculos judiciales indicaron que solo en febrero se conocerá la decisión de la PGR sobre si denunciar o no Bolsonaro y a los otros acusados por la inferida maquinación contra la democracia.
Si definitivamente se presenta la imputación de la Fiscalía, el Supremo deberá decidir si acepta los cargos y abre un juicio penal.
El sonado caso representa una prueba palpable para las instituciones democráticas y la capacidad de la justicia en Brasil para abordar delitos de alto perfil.
Ahora, las Fuerzas Armadas prevén la inclusión de más militares en la lista de objetivos de futuras operaciones de la PF por la conspiración que pretendía mantener a Bolsonaro en el poder tras las justas comiciales de 2022.
Después de la detención de Braga Netto, el columnista Valdo Cruz, del portal G1, presagia que el general Augusto Heleno, ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional en el mandato del expresidente, figura como el próximo alto oficial que sería apresado por la maquinación golpista.
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