Por Mariela Pérez Valenzuela
Corresponsal jefe en Repùblica Dominicana
El país se somete de nuevo a una reforma fiscal a solo dos meses de que el presidente Luis Abinader iniciara la segunda gestión de su mandato. Dominicana ya vivió esta experiencia en 1992; en 1996 bajo el Gobierno de Leonel Fernández, y en el 2000, con Hipólito Mejía.
Son numerosos los medios gremiales y empresariales que alzan su voz contra la iniciativa gubernamental, ahora en manos del Congreso Nacional.
La Asociación de Profesionales del Cine (Adocine) fue uno de los primeros organismos en expresar su desacuerdo con el documento, al estimar que la derogación de los incentivos establecidos en la Ley de Cine atenta contra el crecimiento de la joven industria cinematográfica.
Adocine sostuvo que la supresión de esos estímulos acarrearía la pérdida de más de 25 mil empleos y la quiebra de más de 375 empresas.
Además, dijo, generaría un profundo desconcierto entre los más de mil 200 estudiantes que en la actualidad cursan esa carrera en universidades del país.
Argumentó también que la industria cinematográfica no solo crea empleos directos, sino que fomenta el turismo, atrae inversión extranjera y promueve la diversidad cultural, en tanto dejó claro que llevará sus reclamos a los foros necesarios.
El proyecto del Ejecutivo plantea, entre otros puntos, la eliminación de los alicientes a importantes ramas económicas, como el turismo y las zonas francas, pues considera que son innecesarios.
Por otra parte, el Consejo de la Empresa Privada (Conep) consideró esencial un diálogo amplio sobre el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, con el que el gobierno busca suspender estímulos, aumentar impuestos y combatir la evasión fiscal para elevar los ingresos en una cantidad equivalente al 1,5 por ciento del PIB.
El Conep insistió en su llamamiento al Congreso Nacional para que continúe el proceso de plática iniciado por el Ministerio de Hacienda, en un escenario que permita a los sectores de la economía expresar sus inquietudes y propuestas.
Sobre esa reforma también se pronunció la Asociación de Hoteles y Turismo Asonahores que estimó clave los incentivos fiscales para el desarrollo de polos turísticos en diferentes regiones del país, los que, de otra manera, carecerían de viabilidad económica.
David Llibre, presidente de Asonahores, argumentó que los estímulos buscan fortalecer la economía mediante la generación de empleos, infraestructura y reducción de costos, de cara a las inversiones de capital.
Precisó que desde la creación del Consejo de Fomento Turístico, la oferta de establecimientos de alojamiento aumentó de 54 mil 34 en 1996 a 87 mil 723 en 2023, un alza del 62 por ciento.
SECTORES PIDEN DIALOGAR
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) manifestó que el plan del Ejecutivo no responde a los principios de integralidad, equidad y consenso con todos los sectores, que fueron planteados como base de la reforma.
Por esa razón, instó a los legisladores a escuchar las posturas de la sociedad y a que se tomen en consideración los argumentos técnicos y económicos planteados.
Si bien Anje destacó que esta iniciativa refleja “una intención loable” del Gobierno en generar un sistema tributario que le permita hacer frente a las inversiones sociales, indicó que la población no cuenta con los análisis de factibilidad económica realizados para las propuestas de derogación de leyes y modificación del Código Tributario.
AUMENTO DE IMPUESTOS ES IGUAL A SUBIDA DE PRECIOS
Para la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) el aumento de impuestos propuesto tendrá un impacto “devastador” sobre la bebida, ya que enfrentaría una carga tributaria de 52 por ciento y el segmento de bajo precio hasta 65 puntos porcentuales, muy por encima de otros líquidos, tanto importados como locales.
A fin de elevar la recaudación tributaria de esta industria, el gobierno nacional plantea un gravamen específico por grado de alcohol, lo que influiría también en los costos de las que tengan una concentración mayor.
PROTESTAS FRENTE AL CONGRESO
Decenas de dominicanos protestaron el jueves último frente al Congreso Nacional contra la ley de reforma fiscal, al considerar que es para “crucificar” al pueblo.
Los manifestantes portaban carteles en los que se podía leer “No a la reforma fiscal”, “Bajen el gasto”, “Bajen los impuestos”, y llamaron a los congresistas a retirarse primero sus privilegios para luego hablar del pago de impuestos.
Analistas coinciden en que reforma se traducirá en un incremento de los impuestos sobre las familias, principalmente de clase media, en el entendido que miles de ellas tendrán, por ejemplo, que pagar el gravamen a la propiedad inmobiliaria o por servicios digitales y compras por internet.
Para el economista Juan Ariel Jiménez la novedad costará a la población hasta 20 por ciento de sus entradas porque los hogares de clase media verán un aumento en sus gastos de entre 54,844 (914 dólares) y 103,865 pesos (mil 730 dólares) el próximo año solo por concepto de aumento de impuestos, según sus cálculos.
Para Jiménez “sería más sensato discutir mecanismos efectivos de contracción del gasto público improductivo y de disminución de la evasión”.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DEL GOBIERNO?
El Gobierno presentó el 7 de este mes su propuesta basada en cuatro ejes: protección social, programa de inversión pública y gastos prioritarios, persecución de evasión fiscal y modernización del sistema tributario.
Durante el encuentro LA Semanal con la Prensa, el Ministro de Hacienda, Jochi Vicente, sostuvo que crear un ambiente “seguro y moderno” para los dominicanos implica un aumento del gasto público, el cual, advirtió, no debe seguir siendo financiado con débitos.
Al presentar la idea del Poder Ejecutivo, Vicente explicó que la Ley de Responsabilidad Fiscal pone un tope al crecimiento anual del gasto público.
En ese sentido, recordó que el mes pasado el Gobierno planteó la fusión de tres ministerios y cuatro instituciones, y la eliminación de otras ocho, a fin de alcanzar mayor eficiencia y crear ahorros que puedan ser redimensionados a otros sectores, en beneficio de la ciudadanía.
Detalló que la reforma fiscal propone aumentar el alcance de los programas sociales para mitigar cualquier efecto sobre la población más vulnerable.
De tal manera que habrá un 21 por ciento de incremento a la asignación del Programa Aliméntate; una sugerencia de elevación del salario mínimo del sector privado; y se buscará subir en un 50 por ciento el sueldo mínimo de los empleados públicos, de 10 mil pesos (166 dólares) a 15 mil (250 dólares).
Pero la gente opina que esas cifras no bastan. Un chofer de la compañía de Taxi Apolo dijo a Prensa Latina que con la reforma también aumenta el impuesto a la circulación de vehículos.
“Yo, por ejemplo, tendría que pagar tres mil pesos (50 dólares) como costo del marbete en lugar de los mil 500 (25 dólares) que ingreso ahora porque este carro tiene más de cinco años, pero quienes posean automóviles más modernos deberán abonar seis mil pesos anuales (unos 100 dólares).
INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTOS PRIORITARIOS
Respecto al programa de inversión pública y gastos prioritarios, el titular de Hacienda mencionó su incremento en áreas clave como seguridad ciudadana, transporte, eléctrico, atención primaria en salud, gobiernos locales, entre otros, y descartó que se privilegie a algunos.
Manifestó también que las empresas deben competir en igualdad de condiciones, eliminando distorsiones y prerrogativas que crean inequidades entre los contribuyentes.
Asimismo, explicó que se reestructurará el pago del anticipo para que, en lo adelante, las personas naturales y microempresas no estén sujetas al mismo.
Acerca del impuesto general al consumo tipo valor agregado (ITBIS), que en lo adelante de denominará IVA, apuntó que se establece una única tasa de 18 por ciento, con ciertas excepciones como insumos de pecuaria, combustibles, medicamentos, abonos e insecticidas.
También para productos básicos, incluidos pan, arroz, pollo, leche y huevo, asì como la educaciòn, salud, energía eléctrica, agua potable y recogida de basura y transporte de pasajeros.
UN PAÍS ENDEUDADO
El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, consideró que la Ley de Modernización Fiscal es necesaria, pese al costo político que pudiera representar, una de las razones que, a su entender, impidieron en el pasado su anuncio y ejecución.
Sostuvo que el Gobierno tiene dos caminos: seguir tomado prestado hasta caer en el abismo o hacer esta reforma para conseguir recursos. Abinader apuesta por lo segundo.
Si la reforma fiscal se aprueba en la Cámara de Diputados, sería enviada al Senado para su estudio. El Gobierno aspira a que entre en vigor en enero de 2025.
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